
El Gobierno llevaba cerca de dos meses haciendo saber que ya no apoyaba la fusión prevista entre Indra, que preside Ángel Escribano, con Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), compañía de su presidente y su hermano Javier. Pero no fue hasta la noche del miércoles cuando la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) se pronunció mediante un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La nota enseñaba la puerta de salida al presidente de Indra al señalar su “preocupación por la influencia que el conflicto de interés está teniendo en el análisis de dicha operación, a pesar de las medidas de mitigación puestas en marcha“. Y exigía “despejar” ese conflicto “antes de acometer el análisis de la operación”. Se ha despejado pero no como esperaban, con el cese de Escribano, sino que los hermanos comunicaron al consejo que renuncian a fusionar su empresa con Indra.
La declaración de la SEPI es muy sorprendente. Porque la sociedad estatal fue la que impulsó a Ángel Escribano, un empresario bien conocido en la industria militar, a la presidencia de Indra en enero de 2025, y también impulsó la fusión con EM&E porque era la vía más lógica para formar el “campeón nacional” de la defensa. Los consejeros de la SEPI votaron a favor de la operación, como todos los demás, en los consejos de julio y diciembre del año pasado. Ahora el organismo estatal da un giro en su posición, pero no explica los motivos, ni tampoco la CNMV se lo ha reclamado. Todo apunta a que la SEPI se pronuncia en un comunicado porque no había una mayoría del órgano de gobierno favorable a cancelar la fusión o destituir a Escribano. Dado que es incierto qué decidirían el consejo o la junta de accionistas si se plantea la destitución, el objetivo del comunicado parece ser forzar una salida voluntaria de Ángel Escribano. Pero este no ha dado señales de estar dispuesto a renunciar.
El giro del Gobierno es una desautorización en toda regla al consejo de administración, que lleva nueve meses trabajando en la integración de EM&E. Para evitar el conflicto de interés, los Escribano se habían apartado de las deliberaciones y se había constituido una comisión ad hoc de independientes, que también queda desautorizada por el Gobierno.
La SEPI, al final, también se enmienda a sí misma, pues en todos los debates internos apoyó la constitución de un grupo de defensa robusto, capaz de cumplir con las adjudicaciones hechas por el propio Ejecutivo en el contexto del rearme europeo. De esta forma, se ha reventado una de las operaciones más relevantes para la industria militar, para la seguridad nacional y para la autonomía estratégica europea.






























