Desde abril de 2025, los hogares españoles abonan a sus ayuntamientos una nueva tasa anual por la recogida y la gestión de la basura que, en conjunto, ingresará unos 3.500 millones de euros. La medida emana de una ley estatal que impone dos grandes obligaciones a los consistorios. Por un lado, debe pagar quien contamina; por otro, el impuesto tiene que costear la totalidad del servicio. El resto de detalles queda al albur de los municipios. El resultado de esas dos exiguas indicaciones es un cóctel de modelos, criterios y tarifas que varía de ciudad en ciudad, y que ha abierto vías interpretativas muy dispares en uno de los asuntos más calientes del debate urbano actual: el tratamiento fiscal de los pisos turísticos, también en lo que respecta a sus residuos.
Más de la mitad de las grandes ciudades españolas ―aquellas que superan el medio millón de habitantes― han obviado en sus ordenanzas municipales las viviendas vacacionales, uno de los puntos que más distorsionan la nueva tasa. Ni Madrid, ni Valencia, ni Zaragoza, ni Málaga han creado hasta la fecha una categoría específica para estos alojamientos, que continúan tributando como viviendas corrientes pese a su proliferación y a una intensidad de uso que, según explican los expertos, dispara la generación de residuos notablemente por encima de la de un hogar habitual.
Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), correspondientes a mayo de 2025, en la ciudad de Madrid hay alrededor de 15.200 pisos turísticos, en Valencia suman 6.500, en Zaragoza, casi 900, y en Málaga, unos 8.500. Del resto de municipios que superan los 500.000 vecinos, solo Sevilla (7.000 pisos turísticos) ha tenido en cuenta esta categoría de viviendas. Por su parte, Barcelona, con unos 9.500 inmuebles de este tipo, se encuentra a medio camino. Durante el primer año de la tasa, el consistorio pasó de puntillas sobre el fenómeno de la vivienda vacacional, pero para 2026 se han aprobado cambios de calado que obligarán a los propietarios a pagar más.
Analizar los esquemas y los efectos del gravamen de basuras es complicado. Como los ayuntamientos tiene potestad para fijar los criterios que consideren oportunos, es difícil observar patrones comunes y tipos de modelos. La Fundación ENT es una de las pocas organizaciones que se han atrevido a ello. Ignasi Puig, doctor en Ciencias Ambientales y coordinador de las áreas de Economía y Medio Ambiente y Residuos en la fundación, asegura que, “aunque haya excepciones, la mayoría de los municipios no le están dando un trato específico a los pisos turísticos”. Y es algo que, sugiere el experto, deberían reconsiderar.
Allí donde hay una población flotante importante, prosigue Puig, el servicio de la recogida y gestión de basura tiende a estar sobredimensionado. Es algo muy visible en Baleares, Canarias o los barrios más turísticos de las grandes ciudades, donde se encarecen los costes. “Si no se prevé nada adicional, esos sobrecostes recaen sobre la población empadronada”, explica Puig, por lo que “tendría sentido” traspasar parte de esos gastos a las viviendas turísticas, de la misma manera que se hace con los hoteles, restaurantes y otros comercios que se benefician con esta actividad.
También hay que tener en cuenta, prosigue Puig, que es difícil que los usuarios de las viviendas turísticas participen bien en la estructura de recogida de residuos, “ya que no suelen ser conocedores del sistema de gestión”. Un inspector de la Hacienda local consultado dice lo mismo de otra manera: un grupo de turistas que va a pasar solo unos días en la ciudad y se aloja en un piso vacacional no va a reciclar los residuos al mismo nivel que una familia que reside habitualmente, de la misma manera que es de esperar que genere más cantidad de basura y que consuma más agua.
El inspector, por ello, anima a desarrollar todas las fórmulas a disposición de los consistorios para implementar un trato diferencial a esta categoría de inmuebles. Recuerda que la tasa de residuos permite gravar más intensamente una actividad económica que el uso residencial, siempre que esté justificado en los informes económico-financieros. “Si un ayuntamiento hace seguimiento de una muestra de pisos turísticos y confirma que generan más residuos, lo que parece fácil de lograr, se puede hacer que tributen más intensamente”, explica.
Diferentes fórmulas
Un ejemplo es Sevilla. La capital andaluza ha fijado que sus apartamentos turísticos paguen la cuota correspondiente al uso residencial como vivienda, a la que se le suma un suplemento que varía en función de la ubicación del inmueble y del número de plazas ofertadas. Por ejemplo, un piso situado en una calle de primera categoría ―una clasificación que elabora el consistorio a efectos fiscales― pagará cinco euros más por plaza al trimestre, mientras que uno que esté en una calle de cuarta categoría o inferior tendrá un extra de dos euros.
Otro ejemplo es Barcelona. Allí, las viviendas tributan en función del consumo de agua y los pisos turísticos no han tenido ningún trato particular en 2025. Sin embargo, el Área Metropolitana de Barcelona, un ente supramunicipal que tiene algunas competencias sobre 36 municipios, entre ellos la capital catalana, ha aprobado recientemente un cambio en la ordenanza fiscal de cara a 2026. Ha recalificado 11.664 viviendas de uso turístico que tributaban como viviendas particulares y que empezarán a hacerlo como negocios, lo que implicará ingresar 3,3 millones de euros más solo con el cambio, informa Josep Catà.
En el resto de grandes municipios, por lo general, no hay menciones a los pisos vacacionales. Solo Málaga, que también cobra la tasa en función del consumo de agua, explica que estas viviendas se consideran residenciales y están sometidas a sus mismas obligaciones. En Madrid, la tasa varía para todos los propietarios en función del valor catastral de la vivienda y de dos indicadores del barrio: el volumen de basura generada y el grado de reciclaje. Eso, sugiere el inspector, penaliza a los vecinos habituales y beneficia a los pisos vacacionales, ya que el grado de reciclaje suele ser menor en los barrios turísticos. Organizaciones como la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid han pedido, por ello, un trato diferenciado para este tipo de negocios.
Fuera del grupo de grandes localidades hay casuísticas de todo tipo. En Las Palmas de Gran Canaria, por ejemplo, se regula de forma específica la tasa de residuos para las viviendas vacacionales, con categorías propias según su capacidad —por ejemplo, una vivienda turística de una o dos plazas paga 131,69 euros al año, mientras que una de cinco a diez abona 206,14 euros—. Palma de Mallorca, otra ciudad con un peso notable de esta actividad, no establece una categoría diferenciada para los pisos turísticos, sino que les impone la tarifa hotelera. Esta supone 47,35 euros por plaza al año si ofrece comedor o 29,07 euros si no lo hace.
