En comunicados públicos, difundidos en sus cuentas de la red social X este sábado, 30 de mayo de 2026, la Corte Nacional de Justicia y la Fiscalía General del Estado manifestaron su respaldo al juez del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), Joaquín Viteri, quien denunció haber recibido amenazas de muerte contra él y sus familiares.
La Asamblea Nacional, el Consejo de la Judicatura y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), también rechazaron las amenazas hechas al juez electoral y además expresaron su solidaridad.
La Corte Nacional consideró toda forma de amenaza, intimidación o presión contra quienes ejercen funciones jurisdiccionales resulta incompatible con los principios de independencia judicial y Estado de Derecho que sustentan el sistema de justicia.
En este marco, expresó su solidaridad con el juez y su familia por las amenazas e intimidaciones que habría recibido en las últimas horas, atribuidas a un grupo de delincuencia organizada, tras actuaciones jurisdiccionales relacionadas con el ámbito electoral.
“Este Alto Tribunal rechaza cualquier acto que pretenda afectar o condicionar el ejercicio independiente de la función jurisdiccional y reafirma la importancia de garantizar las condiciones necesarias para que las autoridades competentes desempeñen sus funciones con apego a la Constitución y la ley”, concluyó el boletín.
En tanto que la Fiscalía General informó que se ha dispuesto el inicio de las investigaciones de la denuncia, con el objetivo de esclarecer los hechos e identificar a los presuntos responsables,
“Esta institución ratifica que ningún delito quedará en la impunidad y reafirma su compromiso de combatir a las estructuras delictivas que pretendan amedrentar, atacar o interferir en la labor de quienes forman parte del sistema de justicia del país”, se menciona en el texto.
Las amenazas contra Viteri habrían salido de la banda criminal Los Lobos, según conoció este Diario.
Las amenazas se dieron unas pocas horas después de que el juez Viteri sancionara al alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, con la suspensión de sus derechos políticos y una multa por haber incurrido en violencia política de género en contra de la concejala Diana González; y que niegue un pedido del movimiento Revolución Ciudadana (RC5) para exigir a la Asamblea Nacional que disponga levantar la reserva de información de la indagación previa relacionada con el caso Caja Chica, en el cual la Fiscalía General investiga el manejo presuntamente irregular de los dineros que entraron en la campaña electoral de la excandidata presidencial Luisa González, en las elecciones anticipadas de 2023.
Solidaridad
La Asamblea Nacional en un comunicado señaló que ningún juez puede ser objeto de amenazas, hostigamientos o acciones destinadas a interferir en sus decisiones.
La institución expresó su rechazo a las amenazas, los actos de intimidación y cualquier forma de presión ejercida contra jueces en el ejercicio de sus funciones jurisdiccinales. Que los hechos no solo atentan contra la integridad de un servidor público, sino que constituyen una amenaza directa a la independencia judicial, al estado de derecho y a la confianza de los ciudadanos en las instituciones.
El Consejo de la Judicatura, este 30 de mayo de 2026, expresó su solidaridad con el juez Viteri Llanga, y su familia, frente a las amenazas e intimidaciones que ha recibido en las últimas horas.
En un comunicado oficial, la Judicatura sostiene que las amenazas e intimidaciones provenientes de grupos delictivos constituyen una grave afectación al ejercicio independiete de la función jurisdiccional y representan un riesgo para la institucionalidad y el estado de derecho.
La Judicatura rechaza cualquier acto que pretenda interferir o condicionar el ejercicio de las funciones que la Constitución y la ley confieren a las autoridades competentes.
También Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), expresó su solidaridad con el juez electoral y rechazó cualquier forma de amenaza, intimidación o presión contra autoridades en el ejercicio de sus funciones.
Que el CPCCS rechaza cualquier acción que busque interferir, condicionar o afectar el ejercicio legítimo de las funciones públicas y exhortó a las autoridades competentes a investigar estos hechos y garantizar la protección de quienes cumplen responsabilidades al servicio del país.
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