La 97ª edición de Los Oscar se caracteriza por la controversia en torno a Karla Sofía Gascón, la primera mujer trans que fue nominada a la mejor actriz que estuvo involucrada en una controversia debido a las viejas publicaciones ofensivas en las redes sociales. Este escándalo también inyectado Emilia PérezPresente La película que se reproduce y se esfuerza por trece estatuillasHasta el punto en que Netflix decidió separarla del doctorado. Aunque el tráfico de drogas de los críticos fue elogiado, la presión de los medios podría influir negativamente en su recolección. En este contexto, un debate sobre si los estudios pueden incluir cláusulas contractuales para protegerse de las crisis de reputación y en qué medida pueden examinar la historia pública de sus actores.
Las cláusulas que caen son una práctica común en la industria audiovisual, enfatizan los expertos. Diez, Mint Legal, explica que «el trabajador puede ser forzado No hay opiniones contra la reputación del productor Y del producto en el que participa mientras su relación laboral dura. «Estas restricciones no solo cubren películas, sino también el AB Publicidad y marketing de la película. Por supuesto, el abogado enfatiza que la libertad de expresión solo debe recibir instrucciones de proteger a la empresa y su producto.
Además, hay cláusulas de confidencialidad que intentan evitar la distribución de información confidencial del proyecto, agrega Inés de Casas, que está conectado a Elzaburu. Como explica, la plataforma puede incluso «contener un código de conducta que el artista tiene que cumplir con la duración del contrato».
Elena Ordúñez, Ley audiovisual y propiedad intelectual de ECIJ Marjorsasí como en las plataformas de Transmisión«Sin embargo, estas cláusulas siguen siendo inusuales en Europa. Como explica el abogado, generalmente afectan las posiciones clave, como «el director y los principales actores», y permiten al productor resolver el contrato si cree que se ha cometido una violación grave.
Ya hay precedentes. Gina Carano, famosa por su papel en El mandaloriano, Demandó a Disney tres años después de su despido por los comentarios sobre las redes sociales en las que comparó a los republicanos con los judíos en la Alemania nazi y las manifestaciones que se interpretaron injustamente, según la actriz.
Estos encuentros muestran la complejidad de los esfuerzos disciplinarios de los calentamientos en las redes sociales en el área audiovisual. En España, la ley de los trabajadores considera las causas de desestimar el excedente de un buen contrato o delitos al empleador. Como diez explica, el desafío es determinar cuándo las opiniones de empleados como Carano realmente influyen en la reputación del productor o la taquilla del proyecto. Inés de Casas es agudo: «La descarga debe basarse en criterios objetivos, a menos que las opiniones del discurso de odio, el aumento de la violencia o la contradicción con la ética empresarial o el código de conducta contengan».
Jorge Sarazá, socio del trabajo de los abogados de Magán, argumenta que «generalmente es muy cuestionable imponer una cláusula que limite la libertad de expresión de las personas». Sin embargo, señala que los empleados en ciertos contextos comerciales, como en las empresas, podrían preguntarse con ciertos valores que no gasten ninguna opinión en contra de su esencia. Sarazá señala que, por ejemplo, sería «contradictoria» que una compañía que defiende la abolición de las peleas de toros promueve a los empleados para estos eventos.
La controversia sobre Karla Sofía Gascón plantea un problema algo diferente: ¿las opiniones pasadas deberían tener la misma influencia? Según Ten, desde un punto de vista legal, los comentarios antes de la contratación no justificarían un despido disciplinario porque enfrentan su relación con el proyecto.
Aunque estos comentarios no pueden ser una razón para el despido, ¿podría influir en la decisión de contratar a alguien? Si bien es un problema sensible, diez señala que «no todos los criterios son estrictamente objetivos en el proceso de selección». Además de la evaluación de los talentos, las empresas también tienen en cuenta los principios y valores que coinciden con su código ético, que es «accesible para todos». La verificación de antecedentes o Exámenes de antecedentes Es una práctica «completamente legítima», dice el abogado, ya que «el talento seleccionado será la imagen del productor y, de cierta manera, embajador del proyecto durante toda su publicidad».
David Gómez, director de Baylos, coincide con la importancia de este análisis y señala que los fabricantes tienen que «conocer la información publicada» y tienen que evaluar un posible riesgo, siempre dentro de los límites legales de protección de datos y protección de datos.
La línea roja de esta investigación es clara: un artista para su raza, orientación sexual, religión, creencias u otra enfermedad personal constituiría una discriminación legalmente prohibida. «Las decisiones basadas en el resultado, que se conservó de manera discriminatoria o sin criterios objetivos, pueden incluir consecuencias legales», advierte Inés de Casas.
La verdad es que el caso de Karla Sofía Gascón ha hecho que la industria sea consciente de la industria. Araceli Pérez-Rastrilla, productor de Life SL, advierte que la frontera entre la vida personal y profesional es cada vez más difusa, especialmente con la lucha contra las redes sociales. En su opinión, el pasado no se puede examinar todos los contratados sin caer en una vigilancia «distópica». Aunque reconoce que «nosotros como productores siempre tratamos de hacer de nuestro proyecto la controversia más baja posible».
Maldita biblioteca de periódicos
La controversia alrededor Emilia Pérez Y su protagonista abre un debate sobre si las personas deberían ser castigadas por el pasado que ya no pueden apoyar. En este contexto, David Gómez, director de Baylos, indica que «el derecho a olvidar permite a las personas evitar la propagación de información anticuada o irrelevante en Internet». Sin embargo, la dificultad es definir cuándo esta información perderá el «interés público» porque puede «tener valor para fines históricos, científicos o estadísticos». Gómez deja en claro que cada caso debe evaluarse individualmente.
