Una vez se conocieron de las amenazas y amedrentamientos contra el juez anticorrupción Carlos Serrano, la Fiscalía General informa que abrió una investigación previa y desde el Consejo de la Judicatura (CJ) se asegura que el titular del organismo remitió a la Fiscalía la respectiva noticia criminis.
Debido a riesgos y amenazas a su integridad generados en la tramitación de una causa denominada Euro 2024 en la que se proceso un esquema lavado de activos relacionado al narcotráfico y entre los sentenciados estuvo el ciudadano serbio Yezdimir Serdán, quien fue identificado como la cabeza de una estructura destinada a ocultar y legitimar capitales provenientes del tráfico de drogas, el juez Serrano ,el 17 de diciembre pasado, decidió dejar de laborar.
En un escrito remitido a Henry Gaibor, director provincial del CJ, el juez Serrano le hace recuerdo que el 3 de diciembre pasado informó que le retiraron el equipo de seguridad, a pesar de los inminentes eventos que han amenazado su vida e integridad. Luego, le dice que “frente a aquel desamparo”, el 4 de diciembre siguiente, presentó su renuncia voluntaria irrevocable al cargo de juez del Tribunal de Garantías Penales Especializado para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado, proceso del cual hasta la fecha del escrito no habría tenido ninguna respuesta desde el CJ.
“Por una parte, se está vulnerando mi derecho constitucional al trabajo libremente escogido y aceptado, así como a no ser obligado a realizar un trabajo forzoso, limitado y libre de desarrollo de la personalidad, y, por otra parte, se está poniendo en peligro mi vida e integridad al obligarme a continuar con las labores jurisdiccionales, fuente de mi situación de peligro sin ningún tipo de resguardo personal. Por lo expuesto, con el fin de que se tomen las medidas administrativas que correspondan para precautelar el correcto desarrollo de las causas, informo que, ejerciendo el derecho a un trabajo libre, escogido y no obligado, protegiendo mi vida e integridad, no laboraré desde hoy, 17 de diciembre de 2025″, refirió Serrano.
El origen de las amenazas contra el juez Serrano sería la sentencia que emitió siendo parte del Tribunal de Juzgamiento del caso Euro 2024 contra el serbio Serdán y otras tres personas ubicadas como autores directos a quienes se les impuso una pena de diez años de cárcel.Todos ellos, además de tres personas jurídicas habrían intervenido en la trama criminal en la que se usa para ocultar capitales ilícitos a empresas, transferencias internacionales, adquisición de bienes y maniobras societarias irregulares.
Días antes al 21 de noviembre pasado que se sentenció al serbio, un supuesto alto funcionario del Consejo de la Judicatura habría citado a Serrano fuera del Complejo Judicial, en Quito, para hablar con otras personas. El juez anticorrupción se habría negado a esa cita, pero luego lo contactaron en su despacho para decirle que debe declarar inocente a Serdán. Por su seguridad, el juez Serrano habría grabado toda la conversación.
El día de la sentencia del serbio, habría quedado grabada la audiencia vía telemática en la que el líder de este entramado criminal pasó su dedo índice por su cuello como en signo de amenaza de muerte. De ese hecho existiría un parte policial.
Solo días después se reportó la existencia de un coche bomba en la parte trasera del Complejo Judicial, a la altura de las oficinas de los jueces anticorrupción
Once días después de esos hechos, el juez Serrano fue informado de que se le retiraban los “dos servidores policiales, técnico, operativos, que se encuentran como seguridad inmediata”. La decisión de la Policía se habría tomado con base en informes de varias unidades, así consta en el documento que le fue presentado a Serrano.
Ante el retiro, el juez Serrano solicitó a sus superiores en el CJ que, para proteger su integridad, se disponga de manera urgente se realicen las gestiones necesarias con el Ministerio del interior y el jefe de la Unidad Nacional de Protección para que le restituya de manera inmediata la protección con la que contaba anteriormente. Además, pidió que se le autorice de manera inmediata la modalidad de teletrabajo hasta que se restablezca su seguridad. “La garantía de mi integridad depende de las decisiones administrativas que se tomen”, decía.
El 4 de diciembre siguiente Serrano decidió renunciar voluntariamente y de forma irrevocable al cargo de juez anticorrupción y entendiendo que se estaría poniendo en peligro su vida e integridad al ‘obligarlo’ a continuar con las labores jurisdiccionales y sin ningún tipo de resguardo personal, el miércoles,17 de diciembre último, informó a sus superiores en la Judicatura que dejaba de laborar.
Con todas esos antecedentes, los cuales fueron evidenciados en un artículo de opinión del portal Primicias, desde el CJ se informó que su presidente, Mario Godoy, remitió, el miércoles, 17 de diciembre, a la Fiscalía una “noticia criminis” para que se inicien las investigaciones que correspondan. También se indicó que, debido a la mediatización de los datos personales del juez y su rostro, se ha pedido al Ministerio del Interior que se realice el respectivo análisis de riesgo del funcionario y su familia.
Además, al interior del CJ se habría dispuesto que la Dirección de Transparencia realice los trámites debidos como parte de la “lucha contra la corrupción”. En el comuinicado no se habla nada del retiro de la seguridad del juez, ni de la renuncia colocada a inicios de diciembre.
En cambio, desde la Fiscalía se informó que se ha abierto una investigación previa por el delito de tráfico de influencias. Se aclara que la indagación llega luego de que se conocieran sobre supuestas amenazas y amedrentamientos del que habría sido víctima el juez anticorrupción para modificar su decisión judicial en torno a una causa que conoció.
Carlos Serrano junto a los jueces anticorrupción Gabriela Cossette Lara y Jorge Sánchez (ponente) integran el Tribunal de Juzgamiento del caso Triple A, en el que existirá el próximo 24 de diciembre una audiencia de juicio contra 22 personas naturales y jurídicas acusadas como autoras y cómplices del delito de almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de productos derivados de petróleo. Entre los procesados en esa causa está el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez.
La etapa de juicio en el caso Triple A debía arrancar el 21 de enero próximo, pero se adelantó la fecha, argumentando la aplicación del principio de celeridad y una vez se habría revisado la disponibilidad de la agenda del Tribunal de Juzgamiento. Teniendo en cuenta el primer señalamiento, Carlos Serrano tenía vacaciones preaprobadas desde el 20 de diciembre próximo hasta el 3 de enero siguiente, pero las mismas le fueron revocadas. (I)
