El pedido de juicio político contra la exministra de Inés Manzano Díaz, impulsado por los asambleístas Lenin Barreto y Blasco Luna, de la bancada Revolución Ciudadana (RC), se centra en una presunta responsabilidad política e incumplimiento de funciones relacionados con la contratación de los proyectos de generación eléctrica Salitral y Quevedo.
El proceso, presentado el 27 de mayo de 2026, se encuentra en la etapa de revisión de requisitos en la Unidad Técnica Legislativa (UTL), antes de la resolución del Consejo de Administración Legislativa (CAL), que determinará si se califica o no el pedido.
El expediente, contenido en 52 páginas, comienza narrando los hechos que parten de la suscripción del Acuerdo Ministerial del 16 de abril de 2024, por el exministro de Energía encargado Roberto Luque, declarando la emergencia del sector eléctrico nacional y dispone a la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec EP) ejecute las acciones para la “adquisición, el suministro, construcción y la puesta en servicio de los sistemas de interconexión para la incorporación de la generación adicional emergente de energía eléctrica, sean estas conectadas al sistema nacional de transmisión y/o a los sistemas de subtransmisión de las empresas distribuidoras”, por 60 días plazo de duración de la emergencia.
En agosto de 2024, señala el documento, por delegación otorgada por el Ministerio de Energía a Celec EP, se suscribió dos contratos con la empresa estadounidense Progen Industries LLC por $ 149,1 millones: “Contratación Emergente de Generación Terrestre en Salitral” y “Contratación Emergente de Generación Terrestre en Quevedo” para la compra de motores capaces de generar, entre ambos, 150 megavatios de energía. La firma de estos dos contratos era parte de las estrategias para enfrentar la grave crisis energética que atravesó Ecuador en 2024.
El 30 de agosto de 2024, la exministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, asume el cargo.
El expediente sostiene que la conducta atribuida a la exministra configura un incumplimiento de funciones previsto en los artículos 141, 154, 226, 233, 314 y 315 de la Constitución, relacionados con la rectoría de las políticas públicas, la administración responsable de los recursos públicos y el control de los servicios estratégicos bajo criterios de eficiencia, legalidad, transparencia y responsabilidad.
Según el documento, Manzano tenía la obligación constitucional y legal de ejercer vigilancia, dirección y supervisión sobre las actuaciones de las entidades adscritas al ministerio y sobre los contratos ejecutados durante la emergencia eléctrica nacional.
Los acusadores sostienen que esa responsabilidad no se limitaba a emitir directrices generales, sino que incluía el deber de impedir que recursos públicos fueran desembolsados cuando existían indicios suficientes de posibles perjuicios para el Estado.
El expediente, además, señala que la responsabilidad política de una ministra no desaparece por la existencia de delegaciones administrativas o por la intervención de funcionarios técnicos subordinados. Por el contrario, sostiene que la dimensión política del cargo recae en la conducción, diligencia y responsabilidad con la que se ejerce la función pública.
Responsabilidad política
Según los acusadores, la responsabilidad política de Manzano se configura por haber autorizado y viabilizado, el 28 de marzo de 2025, el desembolso de aproximadamente $ 14 millones en recursos públicos a favor de la empresa Progen Industries LLC, pese a que para esa fecha ya existían denuncias públicas, observaciones técnicas e inconsistencias documentales relacionadas con el proceso contractual.
Añaden que ya constaban cuestionamientos sobre la capacidad técnica y económica de la contratista, así como serios indicios respecto de la obsolescencia, deterioro e incompatibilidad de los equipos ofertados y entregados para los proyectos de generación eléctrica emergente de Salitral y Quevedo.
Los acusadores señalan además que el desembolso de recursos públicos se concretó mediante autorización de Manzano, cuando ya tenía pleno conocimiento de las irregularidades advertidas públicamente a nivel nacional e internacional durante las fases precontractual, contractual y de ejecución del proceso.
Para entonces, aseguran, existían alertas y observaciones sobre la falta de verificación de la idoneidad técnica y financiera del proveedor; inconsistencias en las especificaciones técnicas presentadas; ausencia de suficiente trazabilidad documental; utilización de motores descontinuados y presuntamente obsoletos; incumplimiento de los estándares técnicos exigidos para su integración al sistema eléctrico ecuatoriano; y serios cuestionamientos sobre el estado real, funcionalidad y operatividad de los equipos contratados.
Además, sostienen que la exministra reconoció públicamente, en diciembre de 2024, que esa cartera de Estado no tenía certeza sobre la ubicación ni el estado de las máquinas generadoras contratadas. Para los acusadores, esa declaración constituye un reconocimiento expreso de la falta de control institucional, seguimiento técnico y supervisión efectiva sobre contratos.
En ese contexto, afirman que el desembolso autorizado en marzo de 2025 no puede interpretarse como un acto administrativo aislado, sino que se trató de una decisión política y administrativa determinante, que permitió la continuidad y consolidación de un esquema contractual presuntamente irregular.
Examen de la Contraloría
Los asambleístas también incorporaron en el expediente el examen especial realizado por la Contraloría General del Estado a los procesos de contratación emergente de generación térmica terrestre en Salitral y Quevedo. En ese informe, el organismo de control evidenció “deficiencias que impidieron verificar la trazabilidad de la documentación generada, así como del análisis previo de la idoneidad de los proveedores y de su capacidad técnica y económica frente a los requerimientos establecidos para enfrentar la situación declarada como emergencia”.
En el expediente, los legisladores también recogen declaraciones públicas del contralor general del Estado, Mauricio Torres, quien en entrevistas sobre este examen habría advertido una presunta complicidad de funcionarios de alto rango. Según los asambleístas, Torres sostuvo que “las especificaciones técnicas solicitadas al proveedor estaban mal realizadas”, razón por la cual las máquinas generadoras no pudieron ser utilizadas. Además, señaló que los equipos “prácticamente no son nuevos” y que tampoco habrían sido adquiridos directamente al fabricante, una situación que califican como grave y que, según el expediente, debía haber sido advertida por las máximas autoridades del sector.
El documento sostiene que el perjuicio económico al Estado se produjo debido a que los ministros involucrados no ejecutaron las acciones técnicas y de control necesarias durante las distintas etapas de los contratos suscritos con la empresa Progen Industries LLC.
En ese contexto, el expediente identifica responsabilidades diferenciadas en cada fase del proceso: la delegación para la firma de los contratos, atribuida a Roberto Luque; la suscripción de los contratos, a Antonio Goncalves; y el incumplimiento contractual y el perjuicio al Estado, a Inés Manzano. Sobre esa base, los legisladores consideran que corresponde determinar posibles responsabilidades políticas.
El expediente también señala que el 28 de julio de 2025 se ejecutaron 17 allanamientos dentro de una investigación previa abierta por la Fiscalía por el presunto delito de peculado, relacionada con supuestas irregularidades en la contratación de generación térmica entre Celec EP y Progen Industries LLC. Para los acusadores, este hecho evidencia que ya existirían responsabilidades civiles, administrativas e indicios de responsabilidad penal.
Asimismo, cuestionan que durante la gestión de la exministra Inés Manzano se haya esperado diez meses para desvincular del cargo de viceministro de Electricidad al exgerente de Celec, Fernando Calero, pese a que desde meses atrás ya existían denuncias y críticas relacionadas con los contratos suscritos con Progen.
Finalmente, el expediente sostiene que, de acuerdo con los informes de la Contraloría y el informe de minoría sobre el proceso de fiscalización a los contratos firmados por Celec con las empresas Progen y ATM, la entonces ministra de Energía y Minas, Inés Manzano, no ejerció controles efectivos antes, durante ni después de la ejecución contractual para evitar el perjuicio económico ocasionado al Estado, estimado en $ 100 millones.
Los legisladores afirman que carece de sustento jurídico atribuir las responsabilidades únicamente a los administradores del contrato con Progen o al personal técnico que, por disposición ministerial, realizó labores de verificación y revisión de los generadores en Estados Unidos, omitiendo la eventual responsabilidad política de la entonces ministra de Energía y Minas.
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