El Partido Popular ha registrado una iniciativa parlamentaria de urgencia para obligar al Gobierno de Pedro Sánchez a rendir cuentas sobre la ejecución del gasto público el próximo 21 de mayo. La formación que lidera Alberto Núñez Feijóo analiza el cierre del ciclo presupuestario de 2024 y denuncia la mala gestión de una parte de los fondos. El PP habla de “chapuza” contable y carga contra el uso de recursos de la Unión Europea para cubrir el déficit estructural del sistema de pensiones en ausencia de unos Presupuestos, que llevan prorrogados desde 2023 ante la incapacidad de aprobar en las Cortes unas nuevas cuentas.
El núcleo de la ofensiva se centra en el informe del Tribunal de Cuentas sobre la Cuenta General del Estado 2024, aprobado el 5 de mayo, que incide en que el Ministerio de Hacienda utilizó 2.389,4 millones de euros procedentes de créditos sobrantes de los fondos europeos para pagar pensiones de clases pasivas y complementos a mínimos.
En detalle, el organismo supervisor explica que se destinaron 1.722,1 millones de euros a las pensiones de clases pasivas y 667,3 millones a los complementos para pensiones mínimas, financiando ambas operaciones con créditos sobrantes del servicio 50, el apartado reservado exclusivamente para los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
La formación conservadora ha descrito estas operaciones como una “mala praxis” y una “chapuza” técnica que aumenta a medida que el Ejecutivo se ve obligado a gestionar la economía mediante prórrogas presupuestarias sistemáticas.
No obstante, el supuesto uso incorrecto de las partidas ha generado división incluso en el Tribunal, pues hay vocales que discrepan sobre la interpretación del artículo 37.1 del Real Decreto-ley 36/2020, que es el que detalla la finalidad de los fondos. Y el vicepresidente de la Comisión Europea, Raffaele Fitto, también se pronunció este miércoles al respecto dando cobertura a la decisión del Ejecutivo. “Aunque el pago de pensiones y otras formas de gasto corriente no son elegibles para fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, sería posible para los Estados miembros usar temporalmente algo de la liquidez de los desembolsos para cubrir otros gastos presupuestarios”, dijo el responsable comunitario de Cohesión y Reformas.
El Gobierno ha justificado el uso de estos recursos alegando que, tras un reajuste de los proyectos del Plan de Recuperación, se identificaron créditos excedentes que no iban a ser necesarios durante el ejercicio 2024 y que no comprometían el cumplimiento de los hitos y objetivos acordados con la Unión Europea. Además, el Ejecutivo ha insistido en que los cambios presupuestarios son herramientas legales necesarias, especialmente en un contexto de prórroga presupuestaria.
Pero para la oposición, la situación está directamente vinculada con la “anomalía democrática” de gobernar sin un Presupuesto aprobado por el actual Parlamento, surgido de las elecciones de julio de 2023. Al operar con las cuentas prorrogadas, el Gobierno habría hecho un uso indebido de las flexibilidades normativas diseñadas originalmente para la emergencia de la pandemia. Según el escrito de solicitud presentado este jueves por el PP, el Ejecutivo aprobó modificaciones presupuestarias por valor de 52.341 millones en 2024 —un 12% del gasto total— al margen del control de las Cortes Generales, lo que el partido encabezado por Alberto Núñez Feijóo considera una “vulneración de la Constitución”.
Por su parte, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) ha incidido este jueves en que presentar los Presupuestos habría “reducido el nivel de debate” sobre el destino de los créditos procedentes de los fondos europeos y su utilización, si bien no ha dado una valoración clara sobre el informe del Tribunal, informa Pablo Sempere.
La denuncia del PP también pone el foco en los bajos niveles de ejecución de los fondos europeos. A pesar de haber recibido casi el 70% del dinero asignado tras renunciar a los 60.000 millones en préstamos, España solo ha gastado efectivamente el 44% de los recursos transferidos. Si se calcula sobre el plan inicial de 163.000 millones de euros, la ejecución cae al 27%, según ha denunciado este jueves la formación conservadora. Es una de las tasas más bajas del bloque, lejos de los niveles de Francia o Alemania. El Gobierno sigue defendiendo que hay limitaciones en los métodos de medición que generan desfases temporales y problemas de registro que redundan en una subestimación de la ejecución real. Y calcula en más de 90.000 millones los proyectos puestos en marcha, por encima de la asignación teórica de subvenciones que concedió Europa, aunque de estos solo se hayan adjudicado de momento unos 63.000 millones.
El mecanismo elegido por la oposición para fiscalizar la gestión de los fondos es la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas. El Partido Popular ha solicitado formalmente a la mesa de este órgano —donde cuenta con una mayoría de tres de los cinco miembros— que modifique de urgencia el orden del día del 21 de mayo para incluir la comparecencia de la presidenta del Tribunal de Cuentas. El objetivo, según los populares, es que “el Parlamento recupere su función fiscalizadora y que todos los grupos se pronuncien sobre un gasto que se está gestionando con total opacidad”.
