El Gobierno avanza la ley con la que espera atenuar la siniestralidad laboral que sufre España | Economía

En España murieron 584 personas durante su jornada de trabajo el año pasado. Si se cuenta a los 151 que fallecieron de camino o de vuelta de su puesto, la cifra asciende a 735. En los dos primeros meses del año ya son 104, seis más que en el mismo periodo del pasado ejercicio. El Gobierno quiere reducir este número todo lo posible. Con ese objetivo, el Consejo de Ministros ha aprobado en primera lectura este martes (coincidiendo con el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo) el anteproyecto de ley que busca reforzar la prevención de riesgos laborales. Es una norma avalada por los sindicatos y que rechaza la patronal. Precisamente esa oposición empresarial dificulta el éxito de la medida en el Parlamento, en el que la mayoría de derechas viene tumbando las medidas que Trabajo acuerda solo con los representantes de los trabajadores.

“No se está haciendo una prevención de riesgos analizando cuáles son nuestras condiciones de vida. Esto tiene que ser examinado en las empresas. Esta ley va de que nadie muera en su puesto de trabajo”, ha dicho la ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Ha criticado “que se hable tanto de absentismo” sin abordar que “hay trabajos que nos están enfermando” y ha pedido poner mucha más atención a la salud mental de la clase trabajadora.

El proyecto plantea crear una nueva figura, la del “agente territorial de prevención”, una persona designada por sindicatos y empresarios que vigilaría los riesgos laborales en los centros de trabajo con menos de diez trabajadores. En esas empresas pequeñas, según las centrales, es donde más accidentes laborales se concentran. El acuerdo también propone poner más ojos en las empresas que encargan este servicio a otras compañías, en los conocidos como servicios de prevención ajenos.

Asimismo, el proyecto establece que el empresario deberá constituir un servicio de prevención propio cuando la empresa cuente con más de 300 trabajadores (frente a los 500 actuales) e incluye a la construcción en el grupo con una exigencia aún mayor a este respecto, al que se reclama a partir de 150 (antes 250). También se refuerza el seguimiento de las actuaciones preventivas entre los empleados autónomos. Otras modificaciones planteadas por Trabajo se centran en la atención a la crisis climática, los riesgos psicosociales, la perspectiva de género y la de edad. También subraya el derecho a la desconexión digital y que el empresario solo podrá asumir la prevención en primera persona con plantillas de diez empleados o menos, en vez de los 25 actuales.

Después de esta primera aprobación del Consejo de Ministros, el proyecto se enfrentará a los informes preceptivos, como el del Consejo Económico y Social. Luego volverá al Gabinete para una segunda lectura, antes de ser enviado al Congreso.

Tras la última reunión de la mesa de diálogo de prevención, en noviembre del año pasado, CEOE y Cepyme criticaron al Gobierno por este proyecto. “La propia vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo ha llegado, incluso, a usar el fallecimiento de trabajadores para acusar a las empresas de ponerles en riesgo, todo con fines electorales”, dijeron en un comunicado conjunto.

Según se desprende de las últimas cifras de Eurostat, España notifica una incidencia de la siniestralidad laboral (cociente entre el número de decesos en el trabajo por cada 100.000 empleados) de 1,71. Esa tasa está ligeramente por encima de la media comunitaria (1,63) pero es muy superior al dato que notifican los países más seguros del continente. Es el caso de Países Bajos (0,38), Alemania (0,71) o Polonia (1,18).

Cambios reglamentarios

Más allá del anteproyecto de ley, Trabajo se comprometió con los sindicatos a aprobar varias modificaciones reglamentarias. Es decir, que lo que pudiera salir adelante por decreto y no ser tumbado en el Parlamento, saldrá por esta vía. El ministerio especifica que esos reglamentos no se aprobarán hasta conocer el destino del anteproyecto y que así se acordó con los sindicatos, posicionamiento que ha generado malestar en CC OO.

La central que lidera Unai Sordo considera que Trabajo se había comprometido a aprobar los decretos de forma paralela al curso del anteproyecto y ve el plan del ministerio como un “incumplimiento” del pacto. Preguntada por este descontento de CC OO en rueda de prensa, Díaz ha defendido que el acuerdo suscrito no establece plazos, que aprobarán los reglamentos antes de que acabe la legislatura y ha dicho: “A esa afirmación que se ha hecho no por los sindicatos, sino por una persona de un sindicato, le digo que miente”, en referencia al jefe de Salud Laboral de CC OO, Mariano Sanz, negociador de la norma.