Se mire por donde se mire, los números no cuadran. Al menos si se mantienen las variables constantes: una población que envejece más rápido de lo que se renueva y unas prestaciones por jubilación que se están estirando cada vez más en el tiempo por la mayor esperanza de vida. Con estos mimbres, el saldo negativo entre lo que un individuo aporta a las cajas del Estado y lo que recibe en prestaciones y servicios podría llegar casi a triplicarse en 2050, pasando del 1,9% del PIB de 2024 al 8,5% en el peor escenario, según el informe que publica este jueves Esade EcPol.

El estudio —titulado Las transferencias intergeneracionales y el reto demográfico y firmado por los economistas Miguel Almunia y Pablo García-Guzmán— calcula el saldo fiscal de un ciudadano a lo largo de su vida (la diferencia entre lo que paga en impuestos y las prestaciones y servicios públicos que recibe) con la construcción de un perfil tipo. El saldo neto de un individuo representativo nacido en 2024 sería negativo en torno a 140.000 euros, considerando que la aportación varía a lo largo del ciclo según la edad, pues es negativa en la infancia y sobre todo en la vejez, y positiva durante la vida laboral, alcanzando su máximo hacia los 50 años con una aportación neta de 11.000 euros al año.

Al trasladar estos perfiles a magnitudes agregadas, en línea con la composición por edades del país actual y la proyectada, se puede perfilar la “huella demográfica” del sistema. Hoy en día, los baby boomers, que tienen entre 48 y 67 años, suponen un amplio segmento de la población y siguen en activo, amplificando el saldo fiscal positivo arrojado a esas edades. Pero la fecha en la que se jubilarán está cada vez más cerca.

“El saldo agregado empeorará porque en 2050 la población estará más envejecida”, resume el autor del estudio Miguel Almunia, profesor de Economía en Cunef e investigador sénior de EsadeEcPol. Con la estructura poblacional del año 2024, el déficit en términos agregados es negativo en 30.213 millones de euros, equivalentes a un 1,9 % del PIB. Con las proyecciones demográficas estimadas para 2050, cuando la población será mayor tanto en tamaño como en edad —y asumiendo que el saldo por edades se mantenga inalterado—, el desfase se elevará inevitablemente.

En el peor de los escenarios, que contempla un saldo migratorio nulo, la población bajará en 2050 a 44,1 millones y el déficit agregado saltaría al 8,5% del PIB –se considera la cifra nominal de 2024 para aislar el efecto del cambio demográfico–. Con unos flujos moderados (330.000 personas al año, que es la media observada entre 2000 y 2024), los habitantes de España crecerían hasta los 54,6 millones y reducirían el desfase de manera considerable, en 1,7 puntos (6,8%). Si los flujos subieran a 550.000 individuos por año, que es la media registrada entre 2021 y 2024, el desajuste solo mejoraría en siete décimas, debido a que se considera que los nuevos inmigrantes tendrán el mismo perfil educativo que los actuales, con una predominancia de estudios no superiores, y por ende menor capacidad contributiva. “La ventaja demográfica de la inmigración es transitoria”, resume el documento.

Aplicando supuestos alternativos sobre la evolución relativa de pensiones, sanidad e IRPF, el desfase se reduciría, por ejemplo gracias al crecimiento más sostenido de los salarios por la mejora estimada de la productividad. En el escenario central, el saldo fiscal pasaría, en estas circunstancias, de un déficit del 6,8% a uno del 3,2% del PIB.

“De este ejercicio puede extraerse una conclusión central. Un sistema de transferencias públicas puede mantener un saldo fiscal agregado cercano al equilibrio incluso con perfiles fiscales que generan un déficit neto a lo largo del ciclo vital, siempre que la estructura demográfica sea suficientemente favorable”, profundiza el documento del centro de análisis. Es decir, siempre y cuando las personas en edad de trabajar, que son contribuyentes netos, supongan un número elevado en comparación con menores y ancianos. “Cuando la estructura demográfica se vuelve menos favorable fiscalmente, los mismos perfiles fiscales per cápita generan un saldo agregado progresivamente más deficitario”, concluye.

Propuestas

Los cambios demográficos futuros tensarán aún más las cuerdas del sistema de pensiones contributivo, ya deficitario, y a este respecto el estudio avanza una serie de propuestas para limar el desfase. Una de ellas es buscar fórmulas, principalmente analizando los incentivos generados por el sistema de pensiones y la protección por desempleo, para elevar la participación laboral en edades avanzadas —cuando el saldo fiscal neto alcanza cifras elevadas—, puesto que la tasa de empleo de los trabajadores de 55 a 64 años en España es inferior a la media europea, del 61,1% en 2024 frente al 65,2%.

La segunda propuesta es ajustar la edad de jubilación al aumento de la esperanza de vida, con el matiz de que no se puede aplicar el mismo cálculo para todos los grupos socioeconómicos. En tercer lugar, el documento sugiere “transitar gradualmente” hacia un sistema público de cuentas nocionales de contribución, en el cual cada trabajador tiene una cuenta individual virtual donde cotiza, que gana rentabilidad según una regla fijada (el crecimiento salarial, del PIB, etcétera). De esta forma, se alinearía “la rentabilidad implícita del sistema con la capacidad real de financiación de la economía”.

Solo el 41% de la población es aportador neto al sistema

Con la actual estructura demográfica, solo un 41% de la población es aportadora neta al sistema, mientras que el restante 59% es deficitario, en el sentido de que recibe en prestaciones y servicios públicos más de lo que aporta. Esta imagen, sin embargo, no es estática, varía en función de la edad: casi el 70% de los adultos en edad de trabajar contribuye más de lo que recibe, frente a menos del 10% entre los menores de 25 o los mayores de 65.

En la proyección a 2050, ese porcentaje no se reduciría mucho: se quedaría en torno al 39%, explica Miguel Almunia, autor del estudio, debido a que, aunque aumenten los mayores de 65, se reducirál mismo tiempo la población infantil que también tiene un saldo fiscal negativo. «Sí que hay un efecto que reduce el porcentaje de contribuyentes netos, y es que la población en edad de trabajar se hace más pequeña», matiza el economista. «Pero, al mismo tiempo, esas generaciones que estarán en edad de trabajar en 2050 tendrán un nivel educativo más alto que las de ahora, y cuanto mayor es el nivel educativo, mayor es la probabilidad de aportar más de lo que se recibe. Esa mejora educativa compensa parte del efecto del envejecimiento».



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