La Contraloría General del Estado confirmó una glosa de $ 11,6 millones contra 68 funcionarios vinculados a hospitales del Ministerio de Salud Pública, luego de concluir un proceso administrativo derivado de auditorías a compras de medicamentos y dispositivos médicos para pacientes con enfermedades catastróficas, raras y huérfanas.
La decisión quedó establecida en una resolución emitida el 21 de mayo de 2026, relacionada con un examen especial aprobado a finales de 2023. La investigación revisó operaciones ejecutadas entre julio de 2018 y diciembre de 2022, periodo que corresponde a las administraciones de Lenín Moreno y Guillermo Lasso.
De acuerdo con el informe de auditoría, los equipos de control identificaron inconsistencias entre los registros de medicamentos almacenados y los productos efectivamente entregados a pacientes en hospitales de la red pública. La entidad concluyó que no existieron mecanismos suficientes para verificar el movimiento y destino final de insumos médicos valorados en más de $ 11 millones.
Las responsabilidades civiles alcanzan a servidores de trece hospitales, entre ellos el Eugenio Espejo, Baca Ortiz, Pediátrico Francisco de Ycaza Bustamante, Vicente Corral Moscoso y el Hospital General Docente de Ambato.
Entre los hallazgos expuestos por la Contraloría consta la adquisición de 100 unidades de rituximab mediante un procedimiento de emergencia que, según el informe, no cumplía las condiciones legales para esa modalidad de contratación. También se observaron retrasos en la entrega de trastuzumab, medicamento utilizado en tratamientos oncológicos para pacientes con cáncer de mama.
El examen especial además estableció que varios productos médicos ingresaron a bodegas hospitalarias sin una validación completa de especificaciones técnicas. Según la auditoría, esta situación derivó en la imposibilidad de aplicar sanciones económicas a proveedores y permitió que existieran dispositivos caducados o presuntamente adulterados dentro del sistema de almacenamiento.
La Contraloría señaló que estas deficiencias tuvieron efectos en la atención de pacientes con VIH, particularmente por problemas relacionados con pruebas de hepatitis B, y provocaron faltantes de medicamentos destinados a tratamientos de hemofilia.
Otro de los puntos observados fue el manejo administrativo posterior a la terminación unilateral de uno de los contratos revisados. El organismo indicó que el proveedor no fue reportado como incumplido ante el Servicio Nacional de Contratación Pública y que tampoco se ejecutaron garantías contractuales ni se presentaron denuncias penales relacionadas con la presunta adulteración de medicamentos.
La resolución ratificó las responsabilidades civiles luego de que concluyeran las etapas de juzgamiento dentro del organismo de control. (I)
