Prohibición de salida del país, presentación periódica y prisión preventiva, así como sanciones de tipo societario, están entre las medidas cautelares resueltas la madrugada de este sábado, 30 de mayo, por el juez Jairo García, en el caso Goleada, para cinco personas naturales y otras nueve jurídicas.
En este caso, en el cual el principal sospechoso es el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez Henriques, se investiga una presunta estructura empresarial relacionada con operaciones financieras y comerciales derivadas de la comercialización irregular de combustibles que, según la teoría de la Fiscalía, habría servido para lavar dinero.
En la audiencia de vinculación, que se instaló el pasado 29 de mayo, el juez dio paso al pedido de la Fiscalía y dictó medidas cautelares para las siguientes personas naturales: presentación periódica en el consulado de Miami, en Estados Unidos, para la madre del alcalde, Geoconda Henriques; prohibición de salida del país y presentación periódica para su esposa, Fiorella Icaza, y su excontadora Éricka Vélez; y prisión preventiva para Fernando y Andrés Viteri Henriques, primos de Alvarez.
El juez vinculó a las siguientes empresas jurídicas: Grupo Alva3 S. A.; Terminal Naviero Petrolero Ternape Petroleum S. A.; Comercializadora de Combustibles Corpalubri S. A.; Inmobiliaria Fiorema S. A.; Inmobiliaria Alvarez Hache S. A.; Indudiesel S. A.; y Compañía del Petróleo y sus Derivados Copedesa S. A., en todas ellas su representante legal es Fernando Viteri Henriques; además de la Operadora Portuaria Petrolera Operoil S. A., representada por José Ruiz Castillo; y CHN S. A., cuyo representante legal es Gabriel Chávez Núñez del Arco.
Para estas firmas, el juez determinó la suspensión temporal de actividades respecto de las empresas vinculadas.
La Fiscalía consideró que la esposa, la madre, los primos y la contadora de Alvarez fueron parte del entramado societario que permitió la compraventa de bienes con el fin de lavar el dinero obtenido de la comercialización ilegal de hidrocarburos.
En el caso de Icaza, se presume que fue beneficiaria final de los fondos y de los bienes por el presunto delito que se investiga, ya que fue accionista y ocupó cargos ejecutivos en las compañías familiares. Sobre Henriques, se mencionó que hubo transferencias de acciones que respondieron a actos de ocultamiento.
El juez extendió la instrucción fiscal por 30 días desde el pasado 29 de mayo para garantizar el derecho a la defensa de los nuevos procesados, en atención a lo que dice el artículo 593 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).
El artículo 592 del COIP también fija como regla que en ningún caso la instrucción fiscal podrá durar más de 120 días.
En total, actualmente hay 26 procesados en este caso.
A los catorce ya mencionados se suman once que fueron acusados inicialmente, entre ellos el alcalde de Guayaquil y sus hermanos, Xavier y Antonio; y otro más que se vinculó unos meses después: el legislador de la alianza RC-RETO Raúl Chávez Núñez del Arco, de quien actualmente se desconoce su paradero.
Por ahora, el alcalde permanece en la Cárcel del Encuentro por órdenes de prisión preventiva por los casos Triple A y Grillete, mientras que en Goleada recibió medidas alternativas. (I)
