La Comisión de Relaciones Internacionales aprobó con seis votos un informe de fiscalización que recomienda a Contraloría y a la Fiscalía General del Estado ampliar la investigación sobre la compra de 60 trolebuses que fueron adquiridos por el municipio de Quito a través de un acuerdo suscrito con la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS).
La comisión determinó que la contratación se dio de manera irregular, que no se cumplieron los plazos ni con los procedimientos establecidos en la Ley de Contratación Pública, sobre todo porque no podía darse una adjudicación directa, cuando existían otras ofertas que podían ser más económicas y mucho más cómodas para el municipio.
La Comisión concluyó que la Empresa Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito habría firmado el Memorando de Acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) sin contar con la autorización previa de su Directorio.
Según el informe, el acuerdo no funcionó únicamente como un mecanismo de cooperación técnica, sino como una estructura de ejecución con obligaciones, costos y mecanismos administrativos propios. Esto permitió delegar a un tercero funciones relacionadas con la compra de 60 trolebuses eléctricos, pese a que el Reglamento Interno del Directorio exige la aprobación de ese organismo para inversiones superiores a unos $540.000.
La Comisión sostiene que en esta operación se comprometieron más de $32 millones de recursos de la Empresa de Pasajeros y que, de acuerdo con la versión del gerente general, quien además actuaba como secretario del Directorio, el organismo nunca conoció ni aprobó la transacción. Para los legisladores, esta omisión constituye una irregularidad que se suma a otras observaciones detectadas durante la investigación.
El informe también señala que el Directorio que no autorizó la operación estaba presidido por el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, quien además firmó el Memorando de Entendimiento con UNOPS que sirvió como base para el posterior acuerdo. La Comisión dejó constancia de estos hechos para que sean evaluados por las autoridades competentes.
En sus conclusiones, la mesa legislativa afirmó que el esquema aplicado no fue económicamente neutro para la empresa municipal. Asegura que la compra no solo incluyó el valor de los trolebuses, sino también costos de implementación, gastos indirectos y otras cargas derivadas del mecanismo utilizado.
Asimismo, advirtió que la transferencia anticipada de todos los recursos comprometidos habría incrementado el costo total de la operación, reducido la trazabilidad del gasto y limitado la capacidad de control sobre el uso de los fondos públicos. La documentación revisada también evidenciaría posibles sobrecostos o, al menos, un encarecimiento significativo de la contratación, especialmente por la intermediación dentro de la estructura contractual y por diferencias económicas que, según el informe, no han sido justificadas de forma suficiente.
Por ello, la Comisión recomendó que el Concejo Metropolitano de Quito fiscalice el proceso de adquisición de los 60 trolebuses eléctricos, con énfasis en el mecanismo utilizado. También pidió que comparezcan el alcalde, el gerente de la Empresa de Pasajeros y otros funcionarios involucrados para explicar las decisiones adoptadas.
Actualmente, Pabel Muñoz es investigado por este caso. El alcalde ha defendido la legalidad del contrato y sostiene que la licitación se desarrolló bajo protocolos internacionales que permiten una negociación directa entre el Municipio y la oficina de Naciones Unidas.
Tras la aprobación del informe, la bancada de Revolución Ciudadana cuestionó el alcance de la fiscalización y aseguró que la Asamblea Nacional no tiene competencias para controlar al Municipio de Quito, atribución que corresponde exclusivamente al Concejo Metropolitano, dijo. (I)
