De manera paralela, la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional empezará con el tratamiento de dos proyectos de ley urgentes en materia económica que envió el Ejecutivo la semana pasada.
La mesa legislativa, presidida por la asambleísta del oficialismo Valentina Centeno, Acción Democrática Nacional (ADN), sesionará la tarde de este martes, 3 de febrero de 2026, para avocar conocimiento del proyecto de Ley para el Fortalecimiento de los Sectores Estratégicos de Minería y Energía y del proyecto que busca reformar el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad) para la Sostenibilidad y Eficiencia del Gasto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD).
Ambas propuestas fueron admitidas a trámite por el Consejo de Administración Legislativa (CAL), que sesionó el 1 de febrero.
La iniciativa para el fortalecimiento de los sectores minero y energético busca “fortalecer el desempeño operativo de estos sectores mediante una regulación eficiente que permita la generación de ingresos fiscales y divisas y contribuya a la sostenibilidad fiscal y a la estabilidad macroeconómica del Estado”.
Entre otras cosas, el proyecto de ley propone sustituir el artículo 26 de la Ley de Minería con el fin de que se establezca que para ejecutar las actividades mineras se requieran, de manera obligatoria, actos administrativos, motivados y favorables, otorgados previamente por instituciones rectoras de Ambiente, Minería y Agua.
En tanto que el proyecto de ley que pretende reformar el Cootad plantea incorporar “reglas fiscales de sostenibilidad y racionalidad del gasto, orientadas a preservar la disponibilidad presupuestaria para inversión, mantenimiento, provisión de servicios públicos y cumplimiento de competencias”.
El texto sugiere que los GAD destinen al menos el 70 % del presupuesto e inversión a mantenimiento y reposición de infraestructura y servicios públicos.
Para la legisladora Ana Herrera, de la bancada de la Revolución Ciudadana (RC), detrás del proyecto para la eficiencia en los GAD existiría una intención de “licuar” la deuda que el Gobierno central tiene con los gobiernos locales.
“Nos preocupa que busquen quitarles su independencia administrativa y autonomía, convirtiéndolos en una especie de apéndice del Ejecutivo”, agregó.
Sobre la propuesta para que se destine el 70 % de los recursos a inversión y el 30 % al gasto corriente, la asambleísta del correísmo afirmó estar de acuerdo, pues aclaró que es algo que ya lo establece el Cootad. Sin embargo, añadió: “Rechazamos que si un GAD no cumple la norma, se sancione a la institución disminuyéndole el presupuesto”.
“Esto castiga a los ciudadanos; a quien debería sancionarse es al funcionario responsable de la mala ejecución”, sostuvo.
En cuanto al proyecto de ley sobre los sectores minero y energético, Ana Herrera expresó su preocupación, ya que la iniciativa pretendería eliminar la obligatoriedad de la licencia ambiental para proyectos y concesiones mineras, supliéndola por una simple “autorización ambiental” del ministerio.
“La licencia actual sirve como un ‘candado’ regulatorio; al depender solo del Ministerio de Ambiente, habría vía libre para proyectos mineros polémicos, como los de Olón o Quimsacocha, que han generado fuertes luchas sociales”, alertó.
La asambleísta expresó que este proyecto pone sobre la mesa mecanismos que podrían permitir la impunidad en casos como Progen y ATM, en los que todavía existen candados constitucionales.
Por su parte, Nathaly Farinango, de ADN, destacó la importancia de los dos proyectos de ley y puntualizó que la iniciativa sobre los GAD es fundamental, pues consideró que los gobiernos locales deben invertir en obra y servicios públicos y no solo en gasto corriente.
La oficialista anticipó que solicitará participar en el tratamiento de este proyecto de ley para presentar aportes y propuestas como las que hizo meses antes para que los gobiernos locales puedan invertir en seguridad ciudadana.
Sobre la iniciativa para la eficiencia de los sectores minero y energético, Farinango resaltó que este proyecto permitirá la delegación y las concesiones en los ámbitos minero y energético, mejorando las finanzas públicas del país.
“Es fundamental que haya responsabilidad y deberán comparecer expertos, por supuesto. Tengo la certeza de que la Comisión de Desarrollo Económico tendrá la cultura democrática para recibirlos y mejorar las propuestas”, expuso.
De su lado, Mariana Yumbay, asambleísta de Pachakutik, observó que el proyecto sobre la minería y la energía buscaría debilitar estos sectores y abrir la puerta a su privatización.
“No crea una nueva política pública, sino que reforma leyes existentes para favorecer al capital privado. Debo señalar que desde el título hay un error grave de técnica legislativa y engaño político. El proyecto no garantiza el derecho a la consulta previa, libre e informada; al contrario, la vacía”, declaró.
La legisladora de la provincia de Bolívar examinó que esta propuesta “pretende reformar normas claves para autorizar la minería, ocupar territorios y facilitar infraestructura, sin asegurar que las comunidades puedan decidir realmente”.
Asimismo, alertó de que este proyecto de ley propone la militarización de los territorios, lo cual, señaló, es de lo más grave, pues se buscaría legalizar la militarización de los territorios para “imponer la minería a sangre y fuego”. Mientras que para el sector energético, la asambleísta apuntó que el artículo 25.1 de la propuesta del Ejecutivo permite delegar el servicio público al sector privado mediante concesiones de hasta 30 años.
“Eso es privatización encubierta de un sector estratégico y va contra la Constitución y el mandato del pueblo dado el 16 de noviembre de 2025″, subrayó.
En cuanto a las reformas al Cootad, Mariana Yumbay recalcó que si bien lo fundamental es que se está estableciendo que el 70 % del presupuesto de los GAD debe destinarse a inversiones como infraestructura, etc., en primer lugar, el Gobierno debería igualarse en la deuda con los GAD y reforzar esta normativa con una reforma para que los recursos lleguen directamente a ellos.
La legisladora de Pachakutik anticipó que extenderá estas observaciones a la Comisión de Desarrollo Económico.
Al ser proyectos enviados con urgencia en materia económica, la Asamblea Nacional tiene 30 días para aprobar, modificar o negar ambas propuestas del Gobierno. (I)
