El registro de más “despachos” de combustible de lo que permitirían los tanques de almacenamiento es parte de las pruebas que presentó la Fiscalía General en el noveno día de audiencia de juzgamiento en el denominado caso Triple A, en el que está involucrado el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez Henriques.
Este fin de semana, el Tribunal de Garantías Penales Especializado para el Juzgamiento de Delitos relacionados con corrupción y crimen organizado continuó con la diligencia en la que son procesadas 16 personas naturales y jurídicas, como parte de una investigación por la sospecha del del delito de almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de productos derivados de hidrocarburos, gas licuado de petróleo o biocombustible.
Este sábado, 13 de junio de 2026, la Fiscalía presentó a un perito de profesión ingeniero que analizó la infraestructura de las estaciones de distribución de combustibles y cuánto podían almacenar y, aparentemente, superaban la capacidad de almacenamiento.
El informe contempló análisis a las estaciones Zambrano, 8 de septiembre, Araujo, Buena Vista, Indudiesel, Ternape, Espíndola.
Para graficar el cometimiento del posible delito, se explicó que en el caso de la Estación Buena Vista, de la gasolina extra hubo “129 despachos” (suministro de gasolina), que correspondían a 1.427 galones, es decir 329 despachos más de lo permitido lo que sobrepasaba la capacidad de almacenamiento en los tanques.
El Tribunal de juzgamiento está compuesto por los jueces Clara Soria Carpio, Víctor Barahona Cunalata y Jorge Sánchez Pico (ponente), quien llamó la atención a las partes procesales porque repetían las preguntas al perito.
De esa manera, en el momento del interrogatorio, la agente fiscal a cargo, Ruth Amoroso, pedía al perito que detalle determinados aspectos de la pericia, pero él no los recordaba y tenía que volver a leer su informe.
Hasta que el juez la observó porque se hacían preguntas repetitivas.
También hubo otro llamado de atención para uno de los abogados defensores que hacía preguntas repetitivas, ambiguas y “capciosas”.
Pasadas las 14:30 la audiencia se reinstaló para el contrainterrogatorio y se espera la comparecencia de otros dos peritos llamados por la Fiscalía, especializados en el área económica.
Se prevé que este domingo se retome la audiencia desde las 08:30 hasta pasado el mediodía.
En este caso están procesadas 16 personas naturales y jurídicas (empresas); entre estos, está el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, sus hermanos Xavier y Antonio Alvarez, así como su primo Fernando Viteri, quien se encuentra prófugo de la justicia con una orden de prisión preventiva.
El alcalde Alvarez participa de la diligencia desde la cárcel de El Encuentro, ubicada en Santa Elena, en donde guarda prisión preventiva por otro caso en investigación en el que se presume delincuencia organizada, al que la Fiscalía lo bautizó como Goleada.
El caso surgió —de acuerdo con la narración de hechos de la Fiscalía— tras una denuncia que presentó Nicole Dixiana Bermúdez Peña, funcionaria de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífera (ARCH), entidad que es acusadora particular.
Bermúdez informó de eventos sospechosos como la existencia de “diferencias entre el volumen de combustible” que despachaba la empresa pública Petroecuador y el volumen que facturaban varias estaciones de servicio. (I)
