La Comisión Europea destaca que España es el país de la UE que más echa mano de las exenciones en el IVA. Es una de las principales observaciones del análisis semestral que ofrece la institución sobre la sostenibilidad de las cuentas públicas de todos los países de la UE, presentado este miércoles en Bruselas. En otro plano, el Ejecutivo comunitario también subraya que la pobreza infantil es “un reto importante, en un contexto de altos niveles de desigualdades”. Por eso, en sus recomendaciones fiscales para los próximos Presupuestos −si finalmente los hubiera−, pide al Gobierno limitar los incentivos y las exenciones tributarias vigentes para “fortalecer la sostenibilidad financiera”. Al tiempo, reclama abordar ese “reto” de la pobreza infantil, “reequilibrando el gasto social entre generaciones”.
Bruselas ha aceptado que España gane margen presupuestario para gastar más dinero público en seguridad y defensa y en medidas para aliviar la crisis energética. Tras la insistencia de estas últimas semanas, ha dado su visto bueno a la suspensión parcial de las reglas fiscales. Pero eso no resuelve todos los problemas de sostenibilidad de las cuentas públicas que debe encarar el Gobierno. Por eso, en el análisis previo de las recomendaciones presentadas este miércoles, la Comisión pone el foco sobre varios temas tributarios. Uno de ellos es el IVA. La Comisión enfatiza que España es el país de la UE que más recurre a los tipos reducidos de este tributo para desplegar sus políticas nacionales. Porque, según aclaran fuentes comunitarias, el 60% de las exenciones fiscales que permite la Agencia Tributaria obedecen a ese tratamiento preferencial del impuesto sobre el valor añadido.
Ponen un ejemplo: “Entre las categorías a las que se aplican tipos preferenciales del IVA, los servicios de restauración y alojamiento destacan por su gran impacto presupuestario, a pesar de su efecto redistributivo muy limitado”. La lógica que hay detrás de esta afirmación es que las rentas altas son las que más gastan en este sector y, por tanto, serían las que más soportarían este incremento impositivo de forma indirecta. Las evaluaciones más recientes de la Autoridad Fiscal española, la Airef, cifran en 7.000 millones lo que Hacienda deja de recaudar cada año por tener el tipo impositivo de este tributo en el 10%, la modalidad reducida, y no en el 21%, la general.
Que España aplique un tipo reducido sobre el IVA en la hostelería responde a una política destinada a impulsar el turismo. Sin embargo, no es el único motivo por el que los diferentes Gobiernos españoles suelen recurrir a rebajar el impuesto como respuesta política a situaciones coyunturales o sus propias prioridades. Un ejemplo claro se ha visto en las medidas aprobadas para amortiguar el impacto de la crisis energética, en las que se ha reducido este impuesto a los carburantes hasta el próximo 30 junio. Este medida, en concreto, ya provocó una reacción contraria de Bruselas, que envió una carta al Gobierno recordándole que la rebaja no está contemplada en las normas europeas.
Frente a lo que sucede con el IVA, la Comisión subraya que en los primeros años de esta década ha aumentado la carga fiscal que suponen los impuestos a las rentas del trabajo por no descontar en el IRPF el efecto de la inflación. Esta afirmación se asienta en que en la segunda mitad de la pasada década los impuestos al trabajo suponían el 48,7% de todos los ingresos tributarios en España y que en la primera parte de esta el peso es del 51,8%, un porcentaje que supera por cuatro décimas la media de la UE.
Además de esa petición de “fortalecer la sostenibilidad fiscal limitando las exenciones e incentivos fiscales”, la Comisión también da otras recomendaciones a España, como aumentar el parque de viviendas, continuar implementando las reformas del plan de recuperación europeo, reducir la carga administrativa y afrontar el reto de la pobreza infantil.
Para este último desafío, el Ejecutivo de la UE plantea que España “reequilibre el gasto social entre generaciones”. No hay mención alguna a rebajar el desembolso en otros capítulos, como pudieran ser las pensiones o los abonos transportes destinados a jubilados. Sin embargo, una reasignación entre unas partidas y otras implica que unas ganen y otras pierdan.
Del examen total que han hecho los técnicos de la Comisión de la situación de las cuentas públicas y de cómo está cumpliendo con la senda de ajustes pactada entre ambas partes, resulta que España cumple por la excepción parcial a las reglas fiscales para aumentar la partida de defensa, a la que el propio Ejecutivo de la UE dio su visto bueno la semana pasada. Si no hubiera sido así, y dado el incremento del desembolso en armamento y seguridad, España habría incumplido las reglas en 2025 al aumentar el gasto público neto más de lo acordado en una cantidad equivalente a una décima del PIB, es decir, unos 1.600 millones de euros.
Para este año, Bruselas, como ya dijo en noviembre pasado, observa que España podría incumplir de nuevo esa senda de ajustes pese a que bajen la deuda y el déficit. En las nuevas reglas fiscales, la referencia es el gasto público neto, un concepto que no incluye partidas como las prestaciones por desempleo o el dinero que se gasta para afrontar reparaciones de catástrofes como la dana en Valencia. No obstante, es muy posible que en los próximos meses el margen fiscal de los Estados miembros para gastar se amplíe por la mayor flexibilidad fiscal que la Comisión ha anunciado para que en los próximos tres años se pueda invertir una cantidad equivalente al 0,6% del PIB de forma acumulada en medidas que aceleren la desconexión de los combustibles fósiles.
