El asambleísta de la bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN), Xavier Ordóñez, rindió su versión libre y voluntaria en la Fiscalía General del Estado (FGE), como parte del acto urgente que presentó para que se investigue la adquisición de 60 trolebuses eléctricos para Quito.
La mañana de este viernes, 10 de julio, el legislador acudió al edificio matriz de la Fiscalía, en la capital, para dar su declaración sobre la indagación previa de este caso.
“Nuestra investigación determinó que se entregaron los fondos públicos del Municipio de Quito sin pedir garantías, que ese dinero no se sabe hasta ahora qué intereses produjo, y no se sabe quién se quedó con esos intereses”, dijo Ordóñez en los exteriores de la Fiscalía y resaltó que eso dirá en su versión en la que también ratificará lo que concluyó el informe de fiscalización que hizo la Comisión de Relaciones Internacionales y que se aprobó en el pleno de la Asamblea Nacional.
Para escuchar la declaración del legislador del oficialismo, a la Fiscalía también acudió Jorge Acosta, defensa de la Empresa de Pasajeros de Quito.
Xavier Ordóñez afirmó que con esta declaración termina su proceso de fiscalización que realizó en el Parlamento y que ahora la Fiscalía debe continuar con la investigación.
“El tema trolebús espero que quede terminado, no va más allá. Fiscalía tendrá que saber y tomar las decisiones necesarias. Eso no quiere decir que vamos a dejar de lado los otros procesos de fiscalización que tenemos siempre”, agregó.
El pasado 23 de junio, con 83 votos a favor, el pleno aprobó el informe de fiscalización sobre los procesos de contratación pública del Municipio de Quito, a través de un acuerdo suscrito con la UNOPS, para la adquisición de 60 trolebuses eléctricos.
El texto, elaborado por la Comisión de Relaciones Internacionales, concluye que el proceso entre el Municipio y la UNOPS “no operó como un instrumento de mera cooperación técnica o acompañamiento institucional, sino como una estructura de ejecución con obligaciones definidas, costos propios, mecanismos de administración específicos y una lógica operativa que permitió trasladar a un tercero funciones sustantivas vinculadas a la adquisición de los trolebuses”.
La comisión determinó que la estructura adoptada produjo el desplazamiento del régimen ordinario de contratación pública, afectando garantías y principios propios del sistema nacional de contratación pública, particularmente en materia de concurrencia, transparencia, trazabilidad y control sobre el uso de recursos públicos. (I)
