En la Comisión de Seguridad Integral de la Asamblea Nacional se fiscaliza el presunto funcionamiento de una ‘sala espejo’ que se habría instalado en 2024 en las oficinas del Municipio de Guayaquil con acceso a los sistemas de videovigilancia de la empresa municipal Segura EP. La presidenta de la mesa legislativa, la asambleísta Inés Alarcón (ADN), brinda más detalles del avance de esta fiscalización, los tiempos que maneja la comisión y las responsabilidades que podría acarrear este caso y que constarán en el informe que pasará al Pleno del Parlamento.
¿Cómo avanza el proceso de fiscalización de la sala espejo en Segura EP y qué nuevos hallazgos se han encontrado sobre este caso?
Este caso se centra en la existencia de una presunta sala espejo o punto paralelo de monitoreo ubicado fuera del centro natural de control, desde donde se habría obtenido información y acceso a las cámaras de la ciudad de Guayaquil. Buscamos determinar quién tenía acceso a las cámaras, con qué autorización, desde dónde, con qué controles y para qué finalidad. Para eso hemos llamado a comparecer a diferentes autoridades y actores que se encuentran dentro de este proceso de fiscalización. Ha comparecido ya el ministro del Interior, John Reimberg, y nos ha dado puntos claves, como la existencia de esta presunta estructura paralela denominada sala espejo; también indicó que tenían acceso para manipular cámaras, extraer información sensible y vulnerar la cadena de custodia. Además, informó que esta sala espejo ya fue desmantelada. También compareció Pablo Dávila, comandante general de la Policía Nacional, quien dijo que, lastimosamente, todas estas cámaras fueron puestas a disposición de terceros y que eso se puede comprobar con los audios filtrados, donde había una conversación con el señor Cornejo (expresidente del directorio de Segura EP) y el señor Rengel, expolicía, y el señor Juan Andrés González, asambleísta de la Revolución Ciudadana.
Compareció Álex Anchundia, actual gerente general de Segura EP, que nos presentó un correo electrónico del 20 de noviembre de 2024, en el que el señor Fernando Cornejo envía una solicitud de tramitar una sala espejo en la Dirección de Aseo Cantonal de la ciudad de Guayaquil y la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) instala este espejo de monitoreo en la oficina en el tercer piso del Palacio Municipal.
También tuvimos a la Fiscalía General del Estado, que hoy tiene una investigación previa por asociación ilícita. Ellos no han descartado que se pueda cambiar el tipo penal o, a su vez, sumar otros tipos penales. Hubo la comparecencia del señor Fernando Cornejo, quien confirmó que los audios son reales y que fue parte de una reunión clandestina entre el expresidente prófugo de la justicia Rafael Correa y el expolicía Rengel. Hemos tenido también expertos en ciberseguridad que nos han informado cómo funcionan las salas espejo y cómo los administradores pueden tener acceso remoto a estas cámaras, sin importar en dónde se encuentren. Por último, compareció Juan Carlos Paladines, que es el director general del Servicio Integrado de Seguridad ECU911, de donde se desprende que esta sala no tenía la autorización del ECU y no contaba con una resolución de interoperabilidad. Entonces, ¿cuál es el resultado de esta sala espejo? Que actuaba completamente en la clandestinidad. La información que también se desprende de esta comparecencia es que no había registros, no había autorizaciones, no estaba bajo el control ni siquiera del Municipio; incluso, por supuesto, el Gobierno no sabía. Como resultado, dispusieron que estas cámaras sirvieran para espiar a sus objetivos políticos en ese momento.
¿A qué otros actores se llamará a comparecer sobre este caso?
Esperamos tener una nueva sesión la próxima semana y tener nuevos comparecientes, como a la Contraloría General del Estado, también al señor Gustavo Zúñiga, quien formó parte de Segura EP. Seguimos analizando otras comparecencias porque es un proceso en construcción.
¿Para cuándo se prevé que esté listo el informe de fiscalización que pasará al Pleno de la Asamblea Nacional?
Nosotros esperamos tenerlo hasta finales de mes. Veremos qué pruebas nuevas también se suman a este proceso de fiscalización. Recuerde que lo que sucedió en Segura EP es únicamente la punta del iceberg de un modus operandi completamente sistemático en las diferentes provincias, donde el correísmo tenía la facilidad de operar los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) y la facilidad de tener sistemas de videovigilancia. Algo similar puede haber pasado en diferentes provincias y es algo que hay que ir transparentando a la ciudadanía.
¿Qué busca determinar la Comisión de Seguridad con este proceso de fiscalización?
Primero, las responsabilidades. Segundo, el mal uso de las cámaras de videovigilancia que afectó a la seguridad de los guayaquileños. Hay que recordar que las cámaras, cuando estaban bajo el mando de Segura EP y del señor Cornejo, su funcionalidad era del 27 %. Hoy, que el Ministerio del Interior está a cargo, están sobre el 97 %, lo que sí corresponde a la seguridad ciudadana de los guayaquileños.
La oposición alerta de persecución en contra del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, ¿este proceso de fiscalización no se configura como un frente más en el Legislativo?
La seguridad ciudadana no puede ser tomada nunca como un intento de inmiscuirla con hechos de persecución. La seguridad ciudadana es un derecho constitucional y nos corresponde, en nuestro rol de legisladores, velar para que así sea. En este caso, hablar de las cámaras de videovigilancia puestas en manos de un prófugo de la justicia no tiene nada que ver con persecución. Es más bien transparentar qué pasó con esos fondos y recursos de los guayaquileños, con las cámaras de videovigilancia que estaban destinadas para fines políticos antes que para fines de seguridad ciudadana.
¿Esta fiscalización podría derivar en nuevas responsabilidades o sospechas de otros delitos además del de asociación ilícita?
Sí, la Fiscalía indicó que hay cinco posibles delitos que se podrían revisar además de la posible asociación ilícita, que es el tipo penal que actualmente investiga la Fiscalía; acceso no consentido a un sistema informático, por estos posibles accesos no autorizados e irregulares a las plataformas de videovigilancia; tráfico de influencias, como posible delito vinculado al objetivo de la asociación ilícita; delincuencia organizada, ya que la Fiscalía también señaló que podría analizarse dependiendo del objetivo final de la asociación; revelación ilegal de base de datos o afectación a la intimidad, por el posible uso de descarga de imágenes o videos de datos personales; y peculado, en este caso, debe verificarse si los recursos públicos fueron para fines ajenos a la seguridad ciudadana. (I)
