Un Chevrolet Cruze que, según los registros analizados por la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero (ARCH), habría tenido que llenar completamente su tanque 8,4 veces al día durante más de dos años. Y una camioneta Toyota Hilux con motor a gasolina que aparece abasteciéndose con más de 40.000 galones de diésel. Estos son dos de los casos que se consideran más llamativos dentro de la investigación del caso Triple A y que forman parte del expediente del proceso penal que se sigue contra 22 personas naturales y jurídicas, entre ellas el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez.
La audiencia de juzgamiento del caso se reinstala este sábado 18 de julio en el Complejo Judicial Norte de Quito, luego que la Fiscalía concluyera la presentación de su prueba. Ahora continuará la etapa correspondiente a la prueba de la ARCH, que actúa como acusadora particular dentro de la causa por el presunto delito de almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de derivados de hidrocarburos.
Según la teoría del caso presentada por la Fiscalía y la ARCH, una red de empresas vinculadas al sector hidrocarburífero habría desviado combustibles subsidiados entre los segmentos automotor, industrial y naviero, generando un perjuicio económico al Estado estimado en alrededor de $ 61,5 millones por la presunta comercialización irregular de 22,7 millones de galones de combustibles.
Dentro de ese conjunto de evidencias constan registros de abastecimiento que, de acuerdo con los informes periciales incorporados al proceso, presentan inconsistencias técnicas que la acusación considera incompatibles con un consumo normal de combustible.
El Chevrolet Cruze
Uno de los ejemplos citados por la ARCH corresponde a un Chevrolet Cruze modelo 2013.
De acuerdo con la investigación, entre agosto de 2022 y septiembre de 2024 este vehículo registró la compra de 145.115,45 galones de combustible en una estación de servicio ubicada en la provincia del Guayas, perteneciente a la operadora Fuelcorp, empresa procesada como persona jurídica dentro de esta causa.
Los análisis técnicos realizados durante la investigación concluyen que ese volumen de combustible resulta físicamente imposible para un vehículo de esas características.
Según los cálculos expuestos por la ARCH, para alcanzar esa cantidad el automóvil habría tenido que llenar completamente su tanque unas 8,4 veces al día, todos los días, durante más de dos años consecutivos.
Para la entidad, este tipo de registros constituye un indicio de que las transacciones no corresponderían al consumo real del vehículo, sino que habrían servido para justificar administrativamente la salida de combustible subsidiado que, presuntamente, habría tenido un destino distinto al declarado.
La Hilux que compró diésel
Otro de los registros analizados corresponde a una camioneta Toyota Hilux 2012 con motor a gasolina. Según la acusación, el vehículo figura con compras acumuladas de 40.458 galones de diésel entre agosto de 2022 y septiembre de 2024. Uno de los episodios citados por la Fiscalía ocurrió el 18 de septiembre de 2023, cuando la camioneta registró la compra de 3.428,57 galones de diésel prémium, por un valor cercano a $ 5.000, en la estación de servicio Espíndola, ubicada en la vía Amaluza, en la provincia de Loja.
La entidad sostiene que el registro presenta una inconsistencia técnica, debido a que un vehículo con motor a gasolina no debería abastecerse con diésel.
Para la acusación, este caso también respaldaría la hipótesis de que determinados vehículos fueron utilizados únicamente como soporte documental para registrar ventas de combustible que, en realidad, habrían tenido otro destino.
Qué dice la acusación
Estos dos casos forman parte del conjunto de elementos que la Fiscalía y la ARCH han expuesto para sustentar la existencia de un presunto esquema de comercialización irregular de combustibles subsidiados.
De acuerdo con la investigación, las irregularidades detectadas no se limitan a consumos considerados físicamente imposibles. La acusación también sostiene que se identificaron presuntos traslados de combustibles entre distintos segmentos de comercialización —automotriz, industrial y naviero—, así como ventas registradas a consumidores finales que, según los informes técnicos, presentarían inconsistencias.
La ARCH ha señalado que estos hallazgos surgieron luego de detectar comportamientos atípicos en estaciones de servicio durante los controles efectuados en 2023, lo que derivó en análisis técnicos, auditorías y posteriormente en la denuncia que dio origen al proceso penal.
El proceso continúa
El caso Triple A se encuentra en la etapa de juzgamiento y tiene como procesadas a 22 personas naturales y jurídicas, entre ellas el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, sus hermanos Xavier y Antonio Alvarez, su primo Fernando Viteri —quien mantiene una orden de prisión preventiva— y varias empresas vinculadas al sector hidrocarburífero.
El Tribunal de Garantías Penales de la Unidad Judicial para el Juzgamiento de Delitos relacionados con Corrupción y Crimen Organizado, integrado por los jueces Jorge Sánchez Pico (ponente), Clara Soria Carpio y Víctor Barahona Cunalata, fijó la continuación del juicio para este domingo 19 y luego para los días 24, 25 y 26 de julio.
La defensa de Aquiles Alvarez ha rechazado las acusaciones desde el inicio del proceso y sostiene que las comercializadoras actúan únicamente como intermediarias entre Petroecuador y las estaciones de servicio, por lo que no pueden ser responsabilizadas por actuaciones que eventualmente ocurran en gasolineras que no administran directamente.
La ARCH mantiene una posición distinta. La entidad sostiene que los contratos de comercialización suscritos con Petroecuador establecían obligaciones expresas para las comercializadoras, entre ellas abastecer únicamente a distribuidores autorizados, verificar que las estaciones de su red no desviaran el combustible entregado por la empresa estatal y velar porque los productos se comercializaran conforme a la normativa vigente.
Para la acusación, esas cláusulas implicaban un deber de control permanente sobre la red de distribuidores afiliados, por lo que registros como los atribuidos al Chevrolet Cruze y a la Toyota Hilux constituyen parte de los indicios que buscarían demostrar que ese control no se ejerció adecuadamente. Corresponderá al Tribunal de Garantías Penales valorar estas y el resto de las pruebas presentadas por las partes para determinar si existe o no responsabilidad penal dentro del caso Triple A.
La defensa de los procesados ha sostenido durante el juicio que las comercializadoras y operadores investigados actuaban únicamente como intermediarios dentro de la cadena de distribución de combustibles. Sin embargo, la Fiscalía y la ARCH sostienen una posición distinta. Según los contratos suscritos con Petroecuador y la normativa que regula la comercialización de derivados de hidrocarburos, los operadores autorizados tenían obligaciones específicas de custodiar el combustible, garantizar su trazabilidad, verificar el destino del producto y cumplir estrictamente con el segmento para el que fueron autorizados. Para la acusación, las diferencias detectadas entre los despachos, la facturación y las operaciones registradas constituyen presuntos incumplimientos de esas obligaciones contractuales. Será el Tribunal de Garantías Penales el que determine, con base en la prueba presentada durante el juicio, si esos incumplimientos configuran responsabilidades penales o si los argumentos de la defensa desvirtúan la teoría del caso.
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