España ha propuesto al Eurogrupo lanzar nuevas emisiones de eurobonos. Roza con dos recelos: el hiperrigorismo, alérgico a aumentar deuda o compartir riesgo; la incomodidad de los grandes emisores de bonos nacionales, ante una competencia comunitaria atractiva.
Pero unos y otros —y los ya partidarios de mancomunar sus deudas—, han asumido la conveniencia de discutirlo. “Existe la voluntad de hablar, de entrar en el detalle técnico de nuestra propuesta, en algunos casos de sugerir modificaciones de aspectos prácticos, y todo eso es ya un éxito notable” evalúa a este diario Paula Conthe, la secretaria general del Tesoro.
¿Por qué sucede esto cuando otras han sido despachadas genéricamente, como mero trámite? Ocurre que el recelo de los grandes emisores ante una nueva competencia tiende ahora a cero. Pues la coyuntura financiera es óptima. Hay una gran demanda de activos europeos solventes, y por tanto sitio para todos; la volatilidad económica de EEUU acentúa esa tendencia; y la alerta del Informe Letta, que enfatizó la urgencia de un activo propio para dar salida al ahorro europeo de 300.000 millones de euros que emigran a EE UU cada año, ha sentado cátedra.
Además, las emisiones sectoriales de eurobonos (para el Next Generation; para Ucrania; para SAFE, la inversión europea en Defensa) van normalizando la propia idea de los eurobonos. Ya no son una excepción, sino otro mecanismo de financiación, junto a los impuestos o las contribuciones nacionales al presupuesto comunitario, y menos doloroso. Y encajan en la actual discusión global sobre el Marco Financiero Plurianual de la UE (el presupuesto para siete años), donde debe insertarse una autorización al Ejecutivo comunitario para emitirlos.
Pero sobre todo, esta propuesta es muy práctica, pragmática, a ras de suelo. El ingreso es voluntario, no se exige a todos, solo el acceso a quien lo desee. No aumenta la deuda agregada, la financia de modo más rentable para los Tesoros. Pone el acento en la eficiencia financiera —y su función de seguridad ante otra crisis como la Gran Recesión de 2008/2011— más que en los beneficios de la mutualización, que van implícitos y a largo plazo, al tiempo que se controlan férreamente los riesgos.
¿Cómo? Solo podrían entrar al mecanismo, bautizado como Facilidad Soberana Europea, los países cumplidores de las reglas fiscales (Pacto de Estabilidad). Este requisito deberá verificarlo antes la Comisión, justo la encargada de gestionar la emisión de eurobonos. Esta función es doble: gestora de la emisión ante los mercados, y prestadora/transmisora de la liquidez así obtenida a los Tesoros nacionales. Es la rótula institucional del sistema.
El pragmatismo supura en el enfoque y ritmo pausados para crear y completar el mecanismo. Bruselas emitiría bonos sustitutivos de los nacionales por solo un tercio de los mismos ya existentes (inspiración lejana en The blue bond proposal, de Jacques Delpla y Jakob von Weizsäcker, Bruegel, 2010). Los garantizaría en tercer grado el presupuesto común en caso de default: súper improbable, pues solo accederían los cumplidores. Cada socio sería su primer garante. Y el segundo, las propias transferencias —agrícolas, de cohesión…— a recibir por él del presupuesto de la UE. Se completaría progresivamente, durante cinco años.
En ese plazo, el volumen de esos eurobonos podría alcanzar un estoc de cinco billones de euros, tamaño útil para competir con EE UU (inspiración cercana en Now is the time for eurobonds, Olivier Blanchard y Ángel Ubide, PIIE, 2025). Con un ahorro en el pago global del servicio de la deuda de unos 25.000 millones de euros anuales, “por encima de la cuantía que la Comisión ha estimado para el pago anual” del plan Next Generation”, estima el vicepresidente Carlos Cuerpo (Europe can get stronger by pooling its debt, Bloomberg, 9/7/2026). Potente, pero por pasos.
