La contratación pública representa cerca de $ 7.000 millones anuales, equivalentes al 20 % del Presupuesto General del Estado, y es uno de los principales frentes donde el Gobierno busca fortalecer los controles para prevenir irregularidades. En entrevista con EL UNIVERSO, la nueva directora del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), Nataly Patricia Avilés, sostiene que la institución trabaja en mecanismos de supervisión, interoperabilidad con otras entidades y el desarrollo de herramientas con inteligencia artificial para detectar alertas tempranas en los procesos de compra del Estado.
¿Qué mecanismos de control mantiene actualmente el Sercop?
El Sercop ejerce una competencia basada en la supervisión y monitoreo de los procedimientos de contratación pública. Buscamos identificar irregularidades u omisiones normativas y, producto de ese control, notificamos a las entidades contratantes para que presenten sus descargos frente a los hallazgos detectados. Este trabajo también se realiza con otras instituciones del Estado, principalmente el SRI y el IESS, porque los proveedores deben cumplir los requisitos establecidos por la normativa para vender bienes y servicios al Estado.
Usted acaba de asumir la dirección de una institución clave en el manejo de recursos públicos y donde la corrupción es una de las principales preocupaciones.
Sí, el desafío es importantísimo y todos los actores del Sistema Nacional de Contratación Pública debemos involucrarnos para cumplir sus fines. Las entidades contratantes deben elaborar términos de referencia estandarizados que promuevan una concurrencia masiva; los proveedores deben presentar propuestas sin falsear información; la academia y los gremios pueden aportar a las reformas; y nosotros, como rector del sistema, debemos velar porque todo se cumpla conforme a la ley. El mayor desafío es trabajar de manera articulada y coordinada.
¿Se conoce cuál es la cifra que mueve la contratación pública anualmente?
En 2025 la contratación pública representó el 5,8 % del producto interno bruto y alrededor del 20 % del Presupuesto General del Estado. Estamos hablando de cerca de $ 7.000 millones, que dinamizan la economía nacional. La ejecución presupuestaria se vio afectada por las transiciones normativas, pero creemos que esa cifra puede crecer conforme avance la adaptación y la gestión del cambio que promovemos desde el Sercop.
¿Cómo es el trabajo para detectar alertas de empresas de papel, testaferros o contratistas vinculados con actividades ilícitas?
Formamos parte de un sistema que busca blindar y proteger una economía lícita. La integridad ha sido parte de la agenda gubernamental y trabajamos de manera articulada con otras instituciones para gestionar, evaluar y garantizar que el Estado reciba bienes y servicios de calidad. Es una tarea que involucra a todos los actores del sistema.
Los gobiernos locales cuestionan que los controles y las constantes reformas retrasan las obras. ¿Qué opina?
Hacemos un llamado a que cada institución haga su parte. Si las entidades planifican correctamente sus contrataciones, los procedimientos no deberían verse comprometidos. No se puede iniciar un proceso pocos días antes de una festividad o esperar el último momento para contratar obras o abastecimiento de medicinas. También es fundamental observar la normativa. La transición ha sido incómoda para todos, pero las respuestas están en la ley y el reglamento. Si los servidores públicos estudian las reformas, cometerán menos errores. Por eso, durante el segundo semestre de 2025 y el primer semestre de 2026 fortalecimos la capacitación de funcionarios y proveedores para que conozcan los nuevos procesos y herramientas.
¿Esta transición, que ha resultado incómoda, cuándo se prevé que termine?
La contratación pública es un proceso dinámico; en ninguna parte del mundo es estático. La normativa debe evolucionar conforme cambian las necesidades del Estado. Lo importante es reducir la distancia entre el sector público y el privado mediante espacios de socialización y trabajo conjunto.
Desde el Sercop, ¿qué sectores son los más sensibles en materia de contratación?
Nuestro mayor comprador público por cuantía es la Corporación Eléctrica del Ecuador, por lo que el sector eléctrico es estratégico. También son prioritarios la salud, por la necesidad de garantizar el abastecimiento; la seguridad, y la educación. Creo que han sido cuatro frentes que desde que se asumieron funciones, en primer momento como subdirectora general bajo el liderazgo de José Julio Neira, se priorizaron, pero que hoy no ha cambiado ese orden de prelación.
¿Cómo garantizar que los controles no terminen afectando a la ciudadanía con retrasos en las obras?
Es importante hacer una precisión. Un procedimiento de contratación mal gestionado en lo económico, técnico o jurídico afecta mucho más a la población que un proceso observado. Tener un parque con sobreprecio, una carretera con irregularidades o un hospital a medio hacer genera un perjuicio mayor. El fin de la contratación pública es dinamizar la economía, pero con calidad y transparencia. Si un procedimiento cumple la norma, avanza. Si utiliza normativa derogada, tiene errores, no cuenta con un verdadero estudio de mercado, carece de una firma válida o de un análisis de mejor valor por dinero, incurre en incumplimientos normativos que deben corregirse.
¿Qué herramientas, incluso con inteligencia artificial, están utilizando?
Hemos realizado actualizaciones y reconfiguraciones del sistema. Aunque el componente tecnológico ya resulta obsoleto, implementamos Sercobot, un asistente virtual que facilita consultas a los usuarios. Además, trabajaremos en herramientas con inteligencia artificial para desarrollar sistemas de alertas tempranas, como parte de la operación de préstamo por $ 22,9 millones aprobada con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Luego de esta transición, ¿cómo está Ecuador respecto de otros países en materia de contratación pública?
Ecuador está en un punto medio. Es tierra fértil para el cambio y todavía hay mucho por mejorar. Sin embargo, hoy contamos con un Servicio Nacional de Contratación Pública como una agencia independiente, no adscrita a ningún ministerio, que puede ejercer el control de los procedimientos de compra. Debemos tomar como referencia experiencias exitosas de la región. Perú destaca en el abastecimiento de medicamentos; Colombia, en la incorporación de las mipymes; y nuestro principal referente sigue siendo Chile. Estamos avanzando, aunque todavía existe una brecha importante frente a ese modelo.
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