La contratación pública concentra una de las mayores porciones del gasto estatal y, por ello, enfrenta riesgos permanentes de corrupción, desvío de recursos y lavado de activos. Sin embargo, para la consultora colombiana en contratación pública Paca Zuleta, el principal desafío va más allá de esos delitos: lograr que el dinero público se invierta efectivamente en los bienes, obras y servicios que necesita la ciudadanía.
La especialista conversó con EL UNIVERSO en el marco de su participación, el pasado 14 de julio, en el II Encuentro de Contratación Pública con el sector privado y la sociedad civil, organizado por el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), donde analizó los retos que enfrentan los sistemas de compras públicas en la región.
Al referirse a Ecuador, Zuleta evitó ubicar al país dentro de un ranking regional, al considerar que cada nación avanza a ritmos distintos en la modernización de sus sistemas de contratación. No obstante, destacó la decisión del actual Gobierno de revisar el modelo e impulsar reformas.
“Ecuador resolvió revisar su sistema de contratación pública e iniciar una serie de reformas, entendiendo que las reformas son incrementales, que lo que tienen que hacer es construir las capacidades y construir los habilitadores para mejorar la calidad del gasto que se hace a través de las compras y los contratos”, señaló.
Añadió que ese proceso también implica fortalecer la gobernanza del sistema y comprender que en él participan múltiples actores, desde las entidades contratantes hasta un mercado diverso de proveedores de infraestructura, tecnología, consultoría y servicios.
Para Zuleta, la contratación pública ocupa un lugar central dentro del presupuesto estatal.
“Si nosotros miramos las seis áreas grandes del gasto del Estado, uno de los más grandes, sin lugar a dudas, es el sistema de contratación pública”, explicó.
Recordó que, luego de cubrir obligaciones como el pago de deuda, salarios, pensiones, subsidios y transferencias, una parte importante de los recursos públicos se ejecuta mediante contratos y compras para hacer realidad las políticas públicas.
“Cuando uno tiene una cantidad tan grande de plata, ahí hay un riesgo grande de corrupción, hay un riesgo de lavar activos o de desvío de dineros, sin lugar a dudas”, afirmó.
A su criterio, reducir esos riesgos requiere construir confianza entre el Estado, el sector privado y la ciudadanía mediante un sistema que funcione, tenga controles y garantice transparencia.
“Eso no se construye de un día para otro; eso se construye a partir de un sistema que la gente comprenda, que funcione, que tenga sus controles, donde haya transparencia y la prensa pueda revisar con juicio cómo se toman las decisiones, y lo mismo hagan la ciudadanía y las autoridades de control”, sostuvo.
Durante su intervención también se refirió a los desafíos que enfrentan los gobiernos cuando impulsan reformas para fortalecer la contratación pública. Según dijo, uno de los errores más comunes es esperar resultados inmediatos.
También defendió la importancia de los mecanismos de control, aunque reconoció que en ocasiones pueden ser percibidos como un obstáculo.
“El control, obviamente, a veces es incómodo porque nosotros queremos hacer las cosas rápido (…), pero el control nos permite mirar: ¿hicimos todo bien?, ¿logramos hacer el cheque de todas estas cosas? y, adicionalmente, ¿tomamos la mejor decisión posible?”, expresó.
Indicadores para detectar riesgos
Zuleta señaló que los sistemas de contratación pública deben contar con indicadores que permitan identificar señales de alerta antes de que se materialicen irregularidades.
Entre ellas mencionó la concentración de contratos en pocos proveedores, la baja participación de oferentes en determinados procesos, las modificaciones reiteradas de los contratos y los cambios frecuentes en los pliegos.
Añadió que también deben observarse “los contratos que tienen muchísimas modificaciones” o aquellos procesos en los que “los pliegos reciben y reciben modificaciones”.
La consultora consideró que esos indicadores no solo deben ser conocidos por las instituciones encargadas de las compras públicas, sino también por periodistas y ciudadanos para fortalecer el control social.
Otro de los puntos que destacó fue la necesidad de fortalecer los estudios de mercado antes de iniciar los procesos de contratación e insistió en la importancia de conocer adecuadamente el mercado, identificar a los posibles oferentes y establecer precios de referencia que permitan detectar ofertas con valores artificialmente bajos.
“Si el Sercop y las entidades que contratan hacen estudios de mercado sólidos, entienden cuál es la demanda que tiene el Estado de bienes, obras y servicios, cómo se comporta ese mercado y cómo asegurar que haya más participación del sector privado en los procesos de contratación. Yo creo que se mejora muchísimo el sistema”, concluyó.
Finalmente, como ejemplo de buenas prácticas mencionó a Chile y destacó las metodologías promovidas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para evaluar los sistemas nacionales de contratación pública.
(I)
