El Instituto de Estudios Económicos (IEE), el servicio de estudios de CEOE, ha cargado este lunes contra la propuesta de la Comisión Europea de subir el IVA que grava al turismo desde el actual tipo reducido del 10% al general del 21%. En su último informe de recomendaciones fiscales a España, hecho público a principios de junio, Bruselas exigía a España eliminar el tipo reducido y aplicar el general para recaudar 7.000 millones de euros adicionales al año, tomando en cuentas las estimaciones previas realizadas por la Autoridad Fiscal (Airef). “Su eliminación desplazaría demanda hacia otros destinos y pondría en riesgo empleos y actividad”, apuntó Fernando Pinto, profesor de Economía Aplicada e investigador en la Facultad de Ciencias de la Economía y de la Empresa de la Universidad Rey Juan Carlos.
Pinto es el autor del capítulo sobre la subida del IVA al turismo, incluido dentro del informe Competitividad Fiscal 2025, elaborado por el IEE . En su opinión, el tipo reducido no es un privilegio fiscal injustificado, sino un instrumento coherente con la naturaleza exportadora, intensiva en empleo y muy sujeta a competencia exterior como es el turismo español. “Los dos principales competidores de España por atraer turistas extranjeros (Francia e Italia) también cuentan con un tipo reducido del 10% y los incrementos de impuestos a la hostelería aprobados en Portugal y Alemania tuvieron un efecto devastador en actividad y empleo”.
En el caso de Portugal, acuciada las condiciones del rescate europeo solicitado en 2011, subió del 13% al 23% el IVA a la hostelería en 2012, provocando el cierre de 20.000 establecimientos de restauración y bebidas y la pérdida de 100.000 puestos de trabajo. El Ejecutivo luso rectificó cuatro años después y volvió a dejarlo en el 13%. El ejemplo de Alemania es más reciente y va también en el sentido contrario de lo que aconseja Bruselas. Tras dos ejercicios (2024 y 2025) en los que la restauración tuvo un gravamen del 19%, el Ejecutivo alemán optó por bajarlo al tipo reducido del 7% desde el 1 de enero de 2026 para dar oxígeno a un sector afectado por el incremento de costes energéticos, de aprovisionamiento y salariales.
El informe elaborado por el IEE refleja que la presión fiscal que soportan las empresas españolas, medida como porcentaje de la recaudación total impositiva (aquí incluye las cotizaciones sociales que pagan por sus trabajadores, lo que incrementa el porcentaje), es la quinta más elevada de la Unión Europea, solo por detrás de la República Checa, Chipre, Estonia, Eslovaquia o España. “Las empresas aportan el 33,9% de la recaudación tributaria y superan en 7,9% puntos porcentuales la media de la aportación en la Unión Europea”, recalcó Íñigo Fernández de Mesa, presidente del IEE, durante la presentación. Una carga impositiva que ha aumentado 1,5 puntos entre 2018 y 2024, frente a los 0,3 puntos que creció en la Unión Europea, según esos datos. “Esto evidencia un endurecimiento de la carga sobre las empresas que puede lastrar la inversión, la confianza empresarial y la competitividad internacional”, considera.
El informe incluye un índice de competitividad fiscal internacional, elaborado por la organización Tax Foundation, en el que España ocupa el puesto 34 entre los 38 países de la OCDE, con una puntuación de 57,9 puntos sobre 100, situándose 11,5 puntos porcentuales por debajo de la media de la OCDE. “Nuestro país ha perdido cinco posiciones desde 2018, lo que refleja un deterioro continuado de su competitividad fiscal relativa. Los países que lideran la clasificación, como Estonia, Letonia, Nueva Zelanda, Suiza o Luxemburgo, destacan por la existencia de sistemas tributarios más simples, neutrales y orientados a favorecer la inversión y el crecimiento económico”, destacó Fernández de Mesa.
Para revertir esa situación, Gregorio Izquierdo, director general del IEE, instó al Ejecutivo a profundizar en las bajadas de impuestos o en el impulso de las bonificaciones fiscales a la inversión empresarial a través del impuesto sobre sociedades. “Nuestro sistema fiscal descansa sobre los impuestos al sector privado y es especialmente distorsionante por el protagonismo de las empresas. No se tienen que subir más impuestos, sino que la prioridad tienen que ser ver cuáles se pueden bajar, especialmente los ligados a la inversión empresarial”, defendió durante su intervención. Fernández de Mesa abundó en este asunto e instó al Ejecutivo a profundizar en combatir la economía sumergida y a impulsar la mejora del empleo. “El impulso de ambas estrategias proporcionaría un aumento de ingresos de 39.000 millones de euros, sin necesidad de tocar tipos impositivos ni elevar la presión fiscal a las empresas”.
