El Pleno de la Asamblea Nacional conoció en primer debate el proyecto de Ley para la Atención Integral de las Personas con Obesidad, una propuesta que reconoce a la obesidad como una enfermedad crónica no transmisible, sistémica y progresiva, y establece un modelo de atención basado en la prevención, el diagnóstico oportuno, el tratamiento y el seguimiento integral de los pacientes.
La iniciativa, compuesta por 23 artículos y 6 disposiciones generales y transitorias, declara a la obesidad como un problema prioritario de salud pública y plantea una respuesta coordinada entre los sectores de salud, educación, deporte, producción, los gobiernos autónomos descentralizados y otros actores, con el objetivo de fortalecer la prevención y promover hábitos de vida saludables desde edades tempranas.
Entre las principales acciones contempladas constan programas de educación alimentaria y nutricional, promoción de la actividad física, prevención del sedentarismo, detección temprana de factores de riesgo metabólico en el ámbito educativo y el fortalecimiento de estilos de vida saludables en niñas, niños y adolescentes.
El presidente de la mesa de Salud de la Asamblea, Juan José Reyes, destacó que la propuesta no crea nueva burocracia, nuevas estructuras administrativas y no se limita a tratar las consecuencias, sino que fortalece la respuesta del Estado mediante una política pública integral liderada por el Ministerio de Salud Pública, con énfasis en la prevención, la promoción de hábitos saludables, la detección temprana y la coordinación interinstitucional.
Eliana Correa (RC) señaló que Ecuador durante mucho tiempo ha cometido el error de tratar a la obesidad como si fuera exclusivamente un problema estético o, peor aún, un fallo de la voluntad personal.
La legisladora señaló que la Organización Mundial de la Salud muestra las cifras del Ecuador y son alarmantes, dijo, pues en la última encuesta de 2018 revela que casi el 65 % de los ecuatorianos en edad adulta padece de sobrepeso y obesidad. Y lo que aún es más doloroso, 35 de cada 100 niños ya sufren de esta condición.
La asambleísta Correa, quien es médica de procesión, advirtió que si no se actúa de manera oportuna y pertinente, las proyecciones indican que para el año 2030 al menos 9,8 millones de ecuatorianos van a tener un índice de masa corporal elevado y esto condicionará mayor riesgo de patologías.
Definición y propuesta
De acuerdo con la OMS, la obesidad se define como una acumulación anormal o excesiva de grasa corporal que puede resultar perjudicial para la salud. Su desarrollo responde a la interacción de múltiples factores genéticos, fisiológicos, ambientales y conductuales, entre ellos una alimentación hipercalórica y la falta de actividad física.
La magnitud del problema queda reflejada en las cifras internacionales. En 2022, alrededor de 2.500 millones de adultos en el mundo presentaban sobrepeso y, de ellos, aproximadamente 890 millones vivían con obesidad. En la población infantil y adolescente, más de 390 millones de niños y jóvenes entre 5 y 19 años tenían sobrepeso, de los cuales 160 millones padecían obesidad. Además, estudios epidemiológicos advierten que el incremento sostenido de esta enfermedad en América Latina y el Caribe ha contribuido al aumento de enfermedades cardiovasculares, diabetes y mortalidad prematura asociada a factores metabólicos.
El proyecto de ley busca regular la prestación de servicios integrales para las personas con obesidad dentro del Sistema Nacional de Salud, mediante equipos interdisciplinarios y bajo criterios de evidencia científica. La atención contempla acciones de promoción de la salud, intervenciones preventivas, apoyo psicológico, tratamiento farmacológico cuando exista indicación clínica y, en los casos que correspondan, procedimientos metabólicos o bariátricos.
No obstante, la propuesta deja claro que las intervenciones quirúrgicas no constituyen la primera alternativa terapéutica. La normativa establece que las medidas no farmacológicas serán la primera línea de intervención, priorizando la alimentación saludable, la actividad física, el acompañamiento psicológico y el manejo integral del paciente.
Solo cuando estas estrategias resulten insuficientes para controlar la enfermedad o exista una indicación médica debidamente justificada podrán aplicarse tratamientos farmacológicos o procedimientos quirúrgicos bariátricos o metabólicos, siempre bajo criterios de pertinencia clínica, necesidad terapéutica, evidencia científica, evaluación individualizada y conforme a los protocolos y guías de práctica clínica emitidos por la autoridad sanitaria nacional.
Asimismo, el proyecto dispone que la futura ley será de aplicación obligatoria en todo el territorio nacional para las instituciones del Sistema Nacional de Salud, compañías de seguros de asistencia médica y medicina prepagada, así como para entidades públicas, privadas y comunitarias vinculadas con la salud, la educación, el deporte, la alimentación, la recreación y la promoción de entornos saludables.
Con este marco legal, la propuesta busca consolidar un modelo de atención integral que priorice la prevención y el tratamiento oportuno de la obesidad, reservando la intervención bariátrica como una herramienta terapéutica especializada para aquellos pacientes que, tras agotar las medidas preventivas y el manejo integral no farmacológico, requieran una alternativa efectiva para controlar una enfermedad que continúa en aumento y representa uno de los principales desafíos para la salud pública.
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