Las comunidades autónomas podrían reducir su nivel de endeudamiento hasta situarlo por debajo del 90% de sus ingresos anuales si prosperan de forma simultánea la condonación parcial de la deuda y la reforma del sistema de financiación autonómica. Esa es la principal conclusión de un reciente análisis de S&P Global Ratings, que dibuja un escenario de notable mejora para las cuentas públicas regionales, pero advierte de que la actual fragmentación parlamentaria mantiene ambas iniciativas bloqueadas. Si ninguna de las dos medidas prospera, la agencia de calificación prevé que las comunidades apenas mejoren su capacidad para generar ahorro con sus presupuestos y que las más endeudadas continúen con un volumen de deuda superior al 140% de sus ingresos.
Las proyecciones de S&P muestran un fuerte contraste entre ambos escenarios. Sin reformas, el territorio con mayor nivel de endeudamiento seguiría rondando el 145% de sus ingresos anuales en 2028. En cambio, si el Estado asume parte de la deuda autonómica y se aprueba un nuevo sistema de financiación, esa proporción caería hasta un tercio, es decir, por debajo del 90% de sus ingresos operativos anuales (los fondos que reciben para financiar la Administración y costear los servicios públicos).
La Comunidad Valenciana y Murcia encabezan actualmente la clasificación de las autonomías más endeudadas. En los últimos cinco años, el volumen de su deuda ha aumentado un 26% y un 37%, respectivamente. El informe de la situación financiera también destaca que la Comunidad Valenciana y Cataluña concentran casi la mitad de las necesidades de financiación del conjunto de las autonomías —el 27% y el 21%, respectivamente—, por lo que serían las principales beneficiarias de un eventual saneamiento de sus cuentas, que facilitaría su acceso a los mercados financieros en mejores condiciones.
Pese a ese elevado endeudamiento, la situación presupuestaria de las comunidades se mantuvo relativamente estable en 2025. Sin embargo, el crecimiento de los recursos que reciben del sistema de financiación se moderó con respecto a los dos años anteriores. En este contexto, señala el informe, el Ministerio de Hacienda mantiene sobre la mesa dos iniciativas que podrían cambiar de forma la situación financiera de las autonomías, siempre que logren el respaldo suficiente en el Congreso. La primera consiste en que el Estado asuma más de 80.000 millones de euros de la deuda acumulada por las comunidades de régimen común, el equivalente a una cuarta parte del total. El reparto se ha diseñado tomando como referencia el sobrendeudamiento generado entre 2009 y 2013, cuando el desplome de la recaudación obligó a las autonomías a recurrir a mecanismos extraordinarios de financiación, como el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). La propuesta sigue en tramitación, sin fecha en el horizonte para su aprobación.
La segunda iniciativa pasa por renovar el sistema de financiación autonómica, pendiente de revisión desde 2014. La propuesta del Ministerio de Hacienda incorpora 21.000 millones de euros adicionales al año, lo que elevaría los recursos distribuidos entre las comunidades hasta 224.507 millones en 2027, frente a los 152.484 millones repartidos en 2023. El nuevo modelo también aumenta la capacidad de las autonomías para gestionar sus propios ingresos tributarios. Su participación en la recaudación del IRPF subiría del 50% al 55%; y la del IVA, del 50% al 56,5%. Además, pasarían a recibir la totalidad de la recaudación de impuestos como el de patrimonio, el gravamen sobre los depósitos bancarios, los tributos sobre el juego o el impuesto sobre los residuos. La propuesta incorpora también un fondo específico para hacer frente al cambio climático y un mecanismo para garantizar que ninguna comunidad reciba menos recursos que con el sistema actual.
Según S&P, si ambas iniciativas llegan a aplicarse, las comunidades tendrían un margen presupuestario mucho mayor. Ese colchón les permitiría reducir deuda, mejorar su solvencia y acceder a los mercados financieros en condiciones más favorables, siempre que no destinen íntegramente los nuevos recursos a aumentar el gasto.
Pero el principal obstáculo sigue siendo político. La modificación de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) exige una mayoría absoluta en el Congreso, un apoyo que el Gobierno no tiene garantizado. Las comunidades gobernadas por el Partido Popular rechazan la quita al considerar que beneficia especialmente a Cataluña como consecuencia de los acuerdos de investidura alcanzados por el Ejecutivo.
Al rechazo del PP se suma el final del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea, previsto para agosto de este año. Hasta marzo, algunas autonomías aún no habían ejecutado una quinta parte de los fondos asignados, lo que les obliga a acelerar el ritmo de inversión en los próximos meses. S&P prevé que, una vez concluido el programa europeo, la inversión pública comience a moderarse a partir de 2027. Esa desaceleración contribuirá a reducir los déficits autonómicos, aunque también limitará la capacidad de las comunidades para sostener el actual volumen inversor sin usar recursos propios, indica la agencia de calificación.
