A menudo, sale al mercado, autorizado por la Agencia Europea de Medicamentos, un nuevo compuesto con mayor eficacia terapéutica para tratar tu enfermedad y, sin embargo, el Sistema Nacional de Salud no te lo financia. O se financia en la comunidad autónoma vecina, pero no en la tuya. Esos agujeros normativos, en contra del derecho a tener acceso al mejor tratamiento sanitario disponible por parte de todos los ciudadanos, vivan donde vivan, solo tienen una explicación: las autoridades sanitarias contemplan los medicamentos, de forma principal, por su coste sobre el gasto sanitario presupuestario en una decisión más determinada por Hacienda que por Sanidad, anteponiendo la salud financiera del Estado a la salud de sus ciudadanos.
