Este lunes, 29 de junio, el Consejo Nacional Electoral (CNE) deberá publicar el listado de los 309 precandidatos que aspiran a ocupar las siete vocalías del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y empezará un proceso de ‘depuración’ para sacar a aquellos que incumplen requisitos para ocupar un cargo público o que carecen de probidad notoria.
Aunque no serán directamente los consejeros electorales quienes revisen cada carpeta y hoja foliada, sino un grupo de diez personas que elaborará los informes con sus recomendaciones.
Esto forma parte de la preparación de la contienda del 29 de noviembre de 2026, para lo que el Consejo Nacional Electoral prepara la elección de alcaldes, concejales, prefectos y vocales de juntas parroquiales, pero también de los siete vocales del Consejo de Participación Ciudadana.
Este último es un organismo que tiene en sus competencias designar a las autoridades de 17 instituciones de control del Estado.
Por ahora, los inscritos son precandidatos, ya que deben superar dos etapas antes de ser calificados por el pleno del CNE para que sus caras estén en las papeletas del próximo 29 de noviembre.
Con la difusión de sus nombres y sus hojas de vida prevista para este lunes, 29 de junio, la sociedad civil podrá presentar “denuncias” en caso de que conozca que hay incumplimiento de requisitos o que ellos están incursos en prohibiciones e inhabilidades.
El trámite de estas denuncias y la revisión de las carpetas estarán a cargo de una Comisión Verificadora, nombrada por el pleno del CNE el 15 de mayo anterior.
Se trata de colaboradores de confianza —abogados e ingenieros— de los consejeros José Cabrera, Esthela Acero, Diana Atamaint, Enrique Pita y Elena Nájera, a quienes se suman funcionarios de departamentos técnicos del nivel jerárquico superior, entre ellos:
Valeria Granda Montaleza, ingeniera en Gestión Empresarial, asesora de Diana Atamaint, expresidenta del CNE.
Érika Yépez Tapia, también ingeniera en Gestión Empresarial y coordinadora administrativa del despacho del consejero Enrique Pita, exvicepresidente del Consejo.
Tatiana Gaviria Montoya, abogada y especialista de asesoría jurídica del despacho del presidente actual del CNE, José Cabrera.
Lenín Ortiz Varela, abogado que se desempeña como coordinador jurídico del despacho de la vicepresidenta Esthela Acero.
Leslye Feijoo Colombo, abogada y coordinadora jurídica de la consejería de Elena Nájera.
Los otros cinco comisionados desempeñan funciones en los departamentos técnicos, como la abogada Gabriela Herrera Torres, que es coordinadora de la Secretaría General.
La ingeniera en Ciencias Geográficas y Desarrollo Sustentable, con mención en Ordenamiento Territorial, Andrea Valencia Andrade, que es analista de Geografía Electoral de la Dirección Nacional de Registro Electoral.
Asimismo, actuarán el abogado Jorge Quishpe Manzano, especialista de asesoría jurídica de la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica; el economista Miguel Antuash Tsenkush, especialista de seguimiento y gestión de la calidad, de la Dirección Nacional de Seguimiento y Gestión de la Calidad; y el abogado Galo Núñez Suárez, especialista de la Secretaría General.
Estos comisionados tendrán un plazo de 40 días para resolver las denuncias y verificar el cumplimiento de los requisitos de los precandidatos y de ellos dependerá la resolución final del Consejo Nacional Electoral.
Tienen ocho deberes, entre ellos asistir de manera ininterrumpida a las sesiones de trabajo para verificar las carpetas de los precandidatos, verificar la presentación de la declaración juramentada en el formato dispuesto por el CNE, analizar que las denuncias presentadas por la ciudadanía u organizaciones sociales cumplan requisitos y valorar únicamente las pruebas de cargo y descargo que aporten las partes.
De igual manera, harán el informe de verificación de requisitos, prohibiciones e inhabilidades y, si no lo presentan, se considerará incumplimiento de funciones.
El instructivo para la verificación de los expedientes de los participantes advierte que esta Comisión Verificadora no podrá “en ninguna circunstancia negar de oficio una postulación alegando inhabilidades” y, cuando se presenten denuncias ciudadanas, valorará “exclusivamente las pruebas de cargo y descargo aportadas por las partes durante su sustanciación”.
Se aclara que, si no hay una “denuncia legítima” en contra de los inscritos, la comisión “se abstendrá de actuar de oficio, garantizando la seguridad jurídica de los postulantes”.
De acuerdo con el calendario, luego de que este lunes, 29 de junio, se difunda el listado de inscritos, correrán tres días para que la ciudadanía u organizaciones sociales puedan denunciarlos. Es decir, entre el 1 y el 3 de julio.
Del 9 al 13 de julio, los precandidatos denunciados podrán ejercer su derecho a la defensa.
Luego, entre el 14 de julio y el 12 de agosto, la Comisión Verificadora tendrá 30 días de plazo para verificar los requisitos de cada uno de los postulantes.
Entre el 13 y el 14 de agosto, el CNE aprobará los informes de cumplimiento de requisitos.
Sus resoluciones podrán ser objeto de impugnación ante el CNE y el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), que se pronunciará en última y definitiva instancia.
CPCCS con baja aprobación, pero más interesados en presidirlo
Los siete consejeros principales y suplentes del CPCCS se eligen desde 2019 por voto popular y, en esta ocasión, la convocatoria a participar activó el interés de 309 personas que concretaron su inscripción hasta el 25 de junio, cuando cerró el plazo.
A diferencia de elecciones anteriores, en 2019 hubo 201 precandidatos; y en 2023, 182.
La postulación de más de 300 personas se da en un contexto en el que el CPCCS —después de 16 años de existencia— tiene una desaprobación ciudadana de más del 60 %.
Un muestreo difundido por la firma Click Report de enero pasado mostró que de entre ocho instituciones del Estado que fueron medidas, el Consejo de Participación está en séptimo puesto con el 68,75 % de desaprobación, el 20,59 % de aprobación y el 7,66 % que desconoce qué es.
De forma paralela, el primer mandatario Daniel Noboa podría plantear un referéndum para que el electorado decida si acepta transferir su atribución de elegir autoridades a la Asamblea Nacional.
La propuesta está calificada por la Corte Constitucional (CC), por lo que dependerá de Noboa que se incorpore como una papeleta más en los comicios de noviembre.
No obstante, de aprobarse en las urnas este cambio institucional, el CPCCS no dejará de existir, solo perderá una de entre una decena de competencias y tendrá siete autoridades que percibirán un salario mensual de más de $ 4.500.
Lo programado por el CNE es que el próximo 24 de septiembre se conozca el listado final de candidatos. (I)
