El Boletín Oficial del Estado ha hecho pública esta mañana la Orden Ministerial de Hacienda que actualiza la lista de países y territorios que tienen la consideración de jurisdicciones no cooperativas o paraísos fiscales.
La principal novedad del texto, que fue lanzado a audiencia pública el pasado 22 de mayo y así ha permanecido hasta el 1 de junio, es la exclusión de Gibraltar, despúes de 35 años, de esa lista tras comprobar el cumplimiento efectivo del intercambio de información fiscal con España. “Cumplir con un intercambio efectivo de información tributaria es uno de los requisitos recogidos en la ley para ser excluido de la lista”, recalca el Departamento que dirige Arcadi España en un comunicado. El texto señala además que Gibraltar firmó un acuerdo bilateral de cooperación tributaria con España, “cuyo cumplimiento ha sido constatado” y que ese territorio forma parte del Foro Global y ha firmado los acuerdos correspondientes de intercambio internacionales de información.
En línea con los parámetros exigidos por la OCDE, Hacienda apunta que otro de los criterios para ser excluido del listado es la no existencia de baja o nula tributación. La legislación en esta materia considera que existe baja tributación cuando en el país o territorio se aplica un nivel impositivo efectivo considerablemente inferior, incluido el tipo cero, al exigido en España en un impuesto idéntico o análogo al IRPF, al Impuesto sobre Sociedades o al Impuesto sobre la Renta de no Residentes. El Gobierno también recuerda que Gibraltar está en el marco inclusivo de la OCDE para evitar la erosión de las bases imponibles (BEPS por sus siglas en inglés) y ha firmado el acuerdo del Pilar II de la OCDE, en el que se compromete a seguir los estándares internacionales del citado organismo, en particular la existencia de un impuesto mínimo, exigencia que ya han cumplido.
El comunicado resalta que Gibraltar se comprometió a cumplir los estándares fiscales europeos y españoles, tal y como recoge el histórico acuerdo entre España, Reino Unido y la UE, que permitirá, entre otras cuestiones, derribar la verja fronteriza, algo que está previsto para el próximo 15 de julio. “Este acuerdo alcanzado con Gibraltar va a beneficiar a 300.000 andaluces del Campo de Gibraltar, impulsando oportunidades económicas, estabilidad institucional y perspectivas de futuro a la región”.
El ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, celebró la salida de la lista española de jurisdicciones no cooperativas y consideró que se acababa con una injusticia histórica. “Tras la firma del convenio fiscal, todas las excusas que España había esgrimido para mantenernos en la lista quedaron completamente sin fundamento. Nuestra exclusión de la lista era, por tanto, algo que se debería haber producido hace mucho tiempo. Por ello, este es un momento para celebrar. Por fin se ha corregido una injusticia histórica de más de 30 años. El resultado significará mucho para muchas personas con intereses transfronterizos, empresas, trabajadores y quienes tienen segundas residencias en España”, precisó en un comunicado.
También quedan excluidas de la lista de paraísos fiscales Barbados, Dominica, Samoa, Seychelles y Trinidad y Tobago. “En todos esos casos se ha constatado también el cumplimiento efectivo del intercambio de información fiscal y una mayor convergencia en sus regímenes fiscales”.
La principal novedad en el caso de las entradas en la lista es Rusia como consecuencia de un régimen fiscal perjudicial. “Rusia es un país que ya figura en la lista de paraísos fiscales de la UE por el mismo motivo. Aunque la lista de jurisdicciones no cooperativas española es autónoma y, por tanto, diferente a la lista de la UE, el trabajo de coordinación en el ámbito fiscal entre las autoridades comunitarias y españolas lleva a un mayor grado de coincidencia”, recalca el Ministerio de Hacienda, que minimiza el impacto económico para España de la entrada de Rusia en la lista de paraísos fiscales, toda vez que el comercio con Moscú está restringido “por las sanciones derivadas de la guerra ilegal de Ucrania”, en vigor desde marzo de 2022.
