Desde hace seis meses, la Asamblea Nacional debate un proyecto de ley orientado a prevenir, erradicar y sancionar el reclutamiento, uso o utilización de niñas, niños y adolescentes por parte de grupos de delincuencia organizada, estructuras criminales o grupos armados regulares o irregulares. Su trámite está en la fase final, se espera el informe para segundo y definitivo debate.
Se trata de un proyecto de ley presentado en enero de 2026, por la asambleísta Valentina Centeno (ADN), que apunta a establecer un marco jurídico integral, sistémico y transversal para prevenir y sancionar con el endurecimiento de penas a quienes recluten y usen a menores. Reforma diez leyes vigentes.
A este proyecto se unificará la iniciativa presentada por la asambleísta nacional Annabella Azín (ADN), madre del presidente Daniel Noboa, en diciembre de 2025.
El proyecto se llama Ley Orgánica para la Prevención, Desintoxicación y Reinserción Integral de Niños, Niñas y Adolescentes frente al Consumo de Drogas y el Reclutamiento Delictivo, que al momento tiene un informe para primer debate y se tramita en la Comisión de Salud, pero pasará a la mesa de Transparencia y Participación Ciudadana presidida por Diana Jácome (ADN).
La propuesta de la Azín establece un marco jurídico integral que garantice la prevención, atención temprana, desintoxicación, tratamiento especializado, rehabilitación y reinserción social de niños, niñas y adolescentes frente al consumo de drogas y al reclutamiento delictivo.
La norma busca articular la acción coordinada de las instituciones del Estado, la sociedad y la comunidad, bajo el principio de corresponsabilidad. Asimismo, priorizaría el interés superior del niño y la no criminalización de él, asegurando una protección integral con enfoque de derechos. Todo ello se orienta a restituir su dignidad, seguridad humana y desarrollo integral en condiciones de calidad, calidez e inclusión.
En tanto, el pasado 27 de mayo, la Asamblea Nacional tramitó el proyecto en primer debate el proyecto de Centeno y regresó el texto a la mesa de Transparencia para que se elabore el informe para segundo y definitivo debate.
Al reformar el Código Orgánico Integral Penal (COIP), la iniciativa refuerza la respuesta del Estado mediante la tipificación específica y agravada del delito de reclutamiento, uso o utilización de niñas, niños y adolescentes, el incremento significativo de las penas cuando estas conductas se vinculan a estructuras criminales u otros delitos, la inclusión de este delito en los mecanismos de denuncia con reserva de identidad, y la garantía de justicia especializada para adolescentes.
Se reforma el artículo 127 del COIP, relacionado con el reclutamiento, uso o utilización de niñas, niños y adolescentes, y se endurece la pena privativa de libertad de 22 a 26 años a quien reclute, use, utilice o enliste a menores en las fuerzas armadas regulares o irregulares o grupos armados o para participar en el conflicto armado.
Actualmente, este artículo habla sobre reclutamiento de niños, niñas y adolescentes y establece una pena de diez a trece años.
Además, se sustituye el artículo 369.1 del COIP, relacionado también con el reclutamiento, uso o utilización de niñas, niños y adolescentes con fines delictivos, y se endurece la pena de 19 a 22 años para quien siendo parte de una estructura delictiva reclute, use, utilice o enliste a niñas, niños o adolescentes. Y si el reclutamiento tiene relación con el cometimiento de infracciones penales, el incremento de las penas será 22 a 26 años de prisión. Actualmente, la pena va de 10 a 16 años.
El proyecto además establece el rol de los gobiernos autónomos descentralizados, para lo cual se propone la ampliación de competencias de los municipios en materia de consejos de seguridad, programas deportivos y espacios recreativos.
En los 37 artículos que contiene la propuesta se plantea también la prevención en entornos tecnológicos y protección frente a contenidos que promuevan su captación o utilización. Para ello, se dispone el bloqueo de material digital orientado a incentivar estas prácticas.
Además, la normativa incorpora herramientas para que las autoridades administrativas y judiciales puedan actuar de manera más efectiva y sancionar conductas relacionadas con el reclutamiento de menores.
El proyecto también fortalece el rol de las Juntas Cantonales de Protección de Derechos, a las que se les otorgará la facultad de generar registros y emitir alertas tempranas sobre posibles casos de captación de menores.
La normativa en debate prevé la creación de equipos especializados de seguridad en los Centros de Adolescentes Infractores.
Durante el primer debate se incluyeron observaciones para evitar la impunidad frente a los delitos cometidos, fortalecer el control del consumo de drogas y el microtráfico, mejorar las condiciones sociales, promover el acompañamiento familiar, reforzar la coordinación interinstitucional y fomentar la prevención desde el ámbito comunitario. (I)
