La Fiscalía General concluyó con la evacuación de sus testigos y 116 documentos que forman parte de las pruebas en la acusación por la sospecha del delito de venta irregular de combustibles, en el que están procesadas 22 personas naturales y jurídicas. Se trata del caso Triple A.
La tarde de este 14 de junio de 2026, el Tribunal de Garantías Penales de la Unidad Judicial para el Juzgamiento de Delitos relacionados con Corrupción y Crimen Organizado —integrado por los jueces Clara Soria Carpio, Víctor Barahona Cunalata y Jorge Sánchez Pico (ponente)— suspendió la audiencia que se extendió por varios días y en largas jornadas que abarcaron horas de la madrugada.
En esta investigación, encabezada por la agente fiscal Ruth Amoroso, se procesa a quince personas naturales y seis jurídicas, entre los que está el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, y sus hermanos; además de empresas vinculadas a su familia que se dedican a la venta de combustible.
Se presume el cometimiento de un delito de almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de productos derivados de hidrocarburos, gas licuado de petróleo o biocombustible, tipificado en el Código Orgánico Integral Penal (Coip).
Este domingo, la fiscal Amoroso presentó como testigo a un capitán de la Policía Nacional que participó en un allanamiento a la estación de combustibles Buena Vista, ubicada en El Oro, y dio lectura a 116 documentos de prueba contenidos en siete cajas.
Esta última fase de la audiencia de juzgamiento tomó poco más de seis horas de la jornada y terminó con el contrainterrogatorio de las defensas de los acusados, entre las que está de Aquiles Alvarez, que participó de manera virtual, ya que está detenido en la cárcel de El Encuentro, ubicada en Santa Elena.
El sábado se presentaron dos testigos. Uno de ellos, una perito que evaluó una posible venta irregular de diésel que habría generado ingresos que no concordarían con el volumen del líquido.
Su informe se sostuvo en información tributaria, comercial e informática recabada entre el 2020 y 2024 en la que se revisaron registros de compra y venta de combustibles sospechosos e información del Servicio de Rentas Internas (SRI), informó la Fiscalía.
Según los datos obtenidos de esta indagación se habrían vendido 2’447.524 galones de combustible en “exceso”, que habrían generado ingresos por los $6’722.591, en el segmento automotriz.
Mientras que, para el segmento industrial se habrían vendido 15’830.167 galones por un monto que alcanzó los $43’949.223.
En cuanto al segmento naviero, se habría producido una venta irregular de 4’499.500 galones de diésel a una embarcación internacional llamada Txopituna por los $10’830.843.
Así también, se detalló que se vendieron 22’777.191 galones por $61’502.658, que —según la pericia— son recursos que se perdieron porque no ingresaron a la empresa pública Petroecuador.
Una vez que Fiscalía terminó con su acusación, las partes procesales hicieron un contrainterrogatorio y el Tribunal suspendió la audiencia.
La defensa de dos empresas jurídicas pidió que no admita pruebas de carácter digital que ingresó Fiscalía.
Aún se desconoce cuándo la convocará para su reinstalación para escuchar a los testigos de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero (ARCH) y de la empresa PetroEcuador, que actúan como acusadores particulares en este caso.
El caso se originó tras una denuncia que presentó Nicole Dixiana Bermúdez Peña, funcionaria de la ARCH, y que consta como una de las testigos llamadas por esta institución. (I)
