Este 8 de junio de 2026, la Comisión de Seguridad Integral de la Asamblea Nacional avocó conocimiento del proyecto de ley que reforma varios cuerpos legales para el fortalecimiento de las capacidades institucionales del Estado frente al crimem organizado, conocido como Ley Antimafias.
El asambleísta Andrés Castillo (ADN), vicepresidente de la comisión, fue el encargado de mocionar el inicio del trámite del proyecto de ley Antimafias, presentado por la asambleísta Mishel Mancheno Dávila (ADN), que aplica reformas al Código Integral Penal (COIP), Ley Orgánica de Extinción de Dominio y al Código Orgánico de la Función Judicial.
En la propuesta se incorpora el delito autónomo de pertenencia a una organización de delincuencia organizada con escalas de penas según el nivel funcional: de 10 a 13 años para pertenencia básica; de 13 a 16 años para funciones operativas; y, de 16 a 22 años para quienes organicen, financien o ejerzan mando o control territorial.
Además se tipifica el reclutamiento de personas para organizaciones criminales y el uso o puesta a disposición de infraestructura para fines delictivos.
La reforma también sustituye los tipos penales relativos al almacenamiento, transporte y comercialización ilegal de hidrocarburos, incorporando escala proporcional y agravantes por vinculación con estructuras criminales.
El proyecto de ley igualmente incorpora reglas de valoración forzada del riesgo procesal para delitos en contexto de crimen organizado, con exigencia de motivación reforzada para negar la prisión preventiva.
Se incorpora una disposición de protección procesal para miembros de las fuerzas del orden procesados por actos cometidos en el contexto del conflicto armado interno.
Se establece la inhabilitación permanente para ejercer la abogacía de quienes hayan sido condenados por crimen organizado o lavado de activos.
El asambleísta Castillo destacó que cuando se habla de crimen organizado se habla también de tráfico de drogas, secuestro y extorsión. Que con la mafia no se chatea, ni se ñañea, a la mafia se la enfrenta.
Este tema, dijo es tan agrio que es una papa caliente que nadie va a querer coger. Motivó que se avoque conocimiento de este proyecto con valentía y patriotismo, que sea un espacio de discusión, donde vengan los profesionales del derecho a presentar sus observaciones.
Gerardo Machado (RC) planteó la necesidad de que para el trámite de este proyecto de ley se asegure la presencia de los titulares de los ministerios correspondientes para conocer a detalle los objetivos de este proyecto.
La asambleísta Inés Alarcón, presidenta de la Comisión, hizo un llamado a la oposición de que se sumen a discutir este proyecto, pues dijo que es un momento histórico para entregar una normativa indispensable que proteja a los ecuatorianos.
La seguridad no tiene ideología política, es un derecho constitucional que nos corresponde a los legisladores normar. Dejemos a una lado las banderas políticas, anotó.
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