La asambleísta Ana María Raffo, de la bancada Revolución Ciudadana (RC), afirmó que la suspensión de sus funciones por nueve días, sin remuneración, dispuesta por el Consejo de Administración Legislativa (CAL), constituye una represalia política por haber defendido a los agricultores del país.
La legisladora por Guayas sostuvo que la sanción responde también a sus denuncias sobre presuntas vulneraciones a las garantías constitucionales del debido proceso dentro del organismo legislativo. Según señaló, durante el trámite disciplinario el CAL habría excluido pruebas testimoniales de descargo e impedido que testigos presenciales rindieran su versión de los hechos.
Los acontecimientos que derivaron en la sanción ocurrieron el 10 de junio de 2026, cuando la Comisión de Soberanía Alimentaria suspendió su sesión a las 16:07. De acuerdo con Raffo, la decisión dejó sin ser atendidos a decenas de agricultores que habían viajado durante varias horas para exponer sus inquietudes ante la comisión.
Tras la suspensión de la sesión, la asambleísta pronunció la expresión “sinvergüenzas”, hecho que motivó una queja administrativa presentada por la legisladora Janina Rizzo, de ADN. Posteriormente, el CAL determinó que Raffo incurrió en una falta administrativa grave al emitir una expresión considerada “ofensiva, directa e individualizada” contra Rizzo.
No obstante, Raffo sostiene que utilizó el término en plural, como un reproche político frente al desalojo de los ciudadanos presentes, y no como una alusión personal. Además, aseguró que al momento de la expresión la asambleísta Rizzo ya se retiraba físicamente de la sala, por lo que, a su criterio, se descarta cualquier señalamiento directo.
La legisladora también cuestionó la actuación del CAL por una supuesta falta de aplicación del principio de igualdad. Como antecedente, citó el caso del asambleísta oficialista Álex Morán, en el que, según indicó, el organismo determinó que expresiones colectivas emitidas en plural, como “corruptos”, “diezmeros” y “mafia legislativa”, no configuraban una falta grave por agresión verbal.
Ante la resolución, Ana María Raffo anunció que presentará de manera inmediata las acciones constitucionales y jurisdiccionales que considere pertinentes ante los jueces competentes.
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