En las bancadas de Acción Democrática Nacional (ADN) y de la Revolución Ciudadana (RC) hay visiones opuestas sobre el proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) que se aprobó la semana anterior en la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional y que será debatido en el pleno este lunes, 8 de junio del 2026.
En dicho proyecto se plantean cambios en la definición de los tipos penales y sus sanciones para delitos como el secuestro, el secuestro extorsivo, la pertenencia a grupos subversivos armados, el peculado, el abigeato, el aborto y la coerción hacia electores, entre otros más.
El presidente de la Asamblea Nacional, el oficialista Niels Olsen, ha dicho que para su segundo año de mantado una de sus prioridades será la reforma de este cuerpo legal.
Esteban Torres y Francisco Cevallos, del oficialismo, destacan el proyecto aprobado.
Torres, actual jefe del boque de ADN y parte de la Comisión de Justicia, señala que en este proyecto se ha condensado la mayor cantidad de iniciativas y que esperan que en el debate se siga alimentando la norma para fortalecer la seguridad ciudadana.
Cevallos, en tanto, sostiene que la reforma al COIP es sumamente necesaria porque la delincuencia ha cambiado y la ley también tiene que actualizarse.
“Hoy vemos extorsiones que se realizan a través de medios digitales, delitos que se siguen coordinando desde las cárceles, tráfico ilegal de datos personales y nuevas formas de operar de las organizaciones criminales que hace algunos años ni siquiera estaban contempladas en la legislación. La ciudadanía está cansada de ver cómo los delincuentes encuentran vacíos legales o mecanismos para evadir la justicia. Por eso, considero importante avanzar en reformas como esta que fortalezcan la capacidad del Estado para investigar, juzgar y sancionar de manera más efectiva a quienes atentan contra la seguridad de los ecuatorianos”, dijo.
Agregó que esta propuesta incorpora cambios importantes en temas como la lucha contra la extorsión, el control del ingreso de armas, explosivos y drones a los centros penitenciarios, la protección de actividades productivas, como la pesca y la ganadería, y el fortalecimiento de la respuesta penal frente a conductas que afectan la seguridad pública. “Son problemas reales que hoy preocupan a la gente y que requieren respuestas concretas. No podemos permitir que quienes delinquen encuentren espacios de impunidad mientras miles de ecuatorianos trabajan todos los días para sacar adelante a sus familias”, mencionó.
En la RC, Gabriela Molina y Chistian Hernández cuestionan la real utilidad de las reformas penales.
Molina, que también es parte de la Comisión de Justicia, explicó por qué se introdujeron algunos apartados.
“En el caso de aborto por violación, la Corte Constitucional determinó que no puede condicionarse a casos de discapacidad mental”, dijo.
En el caso de peculado, agregó, el actual artículo 278 abarcaba sus varios tipos y lo que se hace ahora es desglosarlos para identificarlos de manera individual y ampliar sus presupuestos fácticos.
Y en la extorsión se incorporan circunstancias que agravan la pena.
Pero Molina lamentó, sin embargo, que se hayan dejado afuera temas importantes, como la violencia vicaria y el feminicidio.
La legisladora correísta opinó que tanto con el proyecto de reforma al Código Penal como en el Código Orgánico de la Función Judicial y la Ley de Extradición “se están generando demasiadas expectativas de lo que realmente se alcanzará con la reforma”.
Hernández expresó que el régimen “sigue con la mentira de que le preocupa la seguridad de la gente”.
“Hace dos años ‘ganaron’ una consulta para la seguridad y la Asamblea le aprobó el aumento de las penas y subió el IVA. Pero la inseguridad cada día crece más. La gente ya no les cree. ¿Cómo un Gobierno pretende que le creamos que le preocupa este tema con semejante atraco y desvío de fondos del caso Progen? Todo se lee bonito en el papel. Por ejemplo, la ley de ‘integridad’ solo sirvió para que los Noboa se perdonen 70 millones de dólares», recalcó el legislador de la RC. (I)
