La práctica de la prueba con la presentación de los testigos anunciados por la Fiscalía General del Estado (FGE) en el caso Triple A no tuvo mucha celeridad este fin de semana del sábado 6 y domingo 7 de junio de 2026; mientras quedan pendientes doce personas más, cuyos testimonios se evacuarán esta semana.
En la reinstalación de la audiencia de juicio, en ambas jornadas, la fiscal del caso, Ruth Amoroso, presentó a cinco testigos, todos funcionarios de la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH), como Washington L., especialista técnico en control de combustibles; Gabriela I., instructora dentro de procesos administrativos; Carlos F., asistente de abogacía en la Dirección de Asesoría Jurídica de la ARCH; Martha T., coordinadora de coactivas; Gustavo F., inspector de combustibles, técnico de hidrocarburos y coordinador zonal de El Oro.
Los testigos participaron en la elaboración de informes o expedientes, que observaron que ciertas empresas, como Corpalubri S. A., Indudiesel S. A., Ternape S. A., Fuelcorp S. A., Bienpetrol S. A., algunas de propiedad de Alvarez y su familia, vendieron combustible a segmentos no autorizados.
En esta causa son procesadas dieciséis personas naturales y seis jurídicas (empresas) por el delito de almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de productos derivados de petróleo. De los dieciséis procesados, Fernando Viteri, primo de Aquiles Alvarez, fue declarado prófugo y en su contra se dictó una orden de prisión preventiva, pues se desconoce su paradero. Además, el tribunal dispuso a la Policía Nacional la localización y captura de Viteri, quien también es procesado y tiene orden de prisión preventiva en el caso Goleada, en el que se investiga el delito de lavado de activos.
El testimonio que más duró fue el de Gustavo F., que comenzó pasadas las 16:00 del sábado y se extendió hasta después de las 17:00 del domingo, debido a la cantidad de información técnica que tuvo para presentar, ante lo cual la Fiscalía tuvo que liberar documentos y CD de la cadena de custodia.
En la audiencia, la fiscal Amoroso anunció que prescindirá de siete testigos, quienes ya no se presentarán a rendir su testimonio, por lo que quedan pendientes doce testigos y cuatro peritos.
La audiencia de juzgamiento está a cargo del Tribunal Penal para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado, integrado por los jueces Jorge Sánchez (ponente), Clara Elizabeth Soria Carpio y Víctor Darío Barahona Cunalata.
Para las jornadas de este fin de semana, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, fue trasladado desde la cárcel del Encuentro, en Santa Elena, donde se encuentra con prisión preventiva, hasta la Unidad Judicial del cantón La Libertad, en la misma provincia.
La diligencia continuará este lunes, 8 de junio, a partir de las 08:30 y seguirá los días 9, 10, 13 y 14 de junio, en el Complejo Judicial Norte de Quito.
En el caso Triple A, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, su círculo familiar y el resto de personas naturales y jurídicas son investigados por el delito de almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de productos derivados de petróleo.
Con la presentación de estos testigos, la Fiscalía busca demostrar la participación de todos los imputados por la presunta comisión de este delito.
La investigación en Triple A se inició tras una denuncia presentada por la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables (Arconel).
En la denuncia se habría alertado sobre presuntas irregularidades en la distribución y comercialización de combustibles que habrían generado un perjuicio económico al Estado ecuatoriano debido a diferencias significativas entre el volumen de combustible despachado y el facturado por varias estaciones de servicio y empresas comercializadoras.
De acuerdo con los resultados de la investigación de la Fiscalía, el perjuicio económico al Estado ascendería a $ 61′502.658,39, correspondientes a 22′777.191,80 galones de combustibles entre diésel y gasolina. (I)
