La audiencia de juicio del denominado caso Triple A se reinstalará este sábado 6 y domingo 7 de junio, en medio de una serie de incidentes procesales que marcaron las últimas jornadas de la causa y que tuvieron como principal hecho la declaratoria de prófugo de Fernando Viteri Henriques, primo del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, quien también figura entre los procesados dentro de este expediente.
El caso Triple A busca determinar la presunta responsabilidad de 16 personas naturales y seis personas jurídicas por el delito de almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de productos derivados de petróleo.
La antesala de la nueva jornada judicial estuvo marcada por la decisión del Tribunal de Juzgamiento de declarar prófugo a Fernando Viteri Henriques y ordenar su captura, luego de que no compareciera a la audiencia reinstalada el pasado 31 de mayo. Los jueces dispusieron además que el juzgamiento quede suspendido exclusivamente para él hasta que sea detenido o se presente voluntariamente ante las autoridades.
En paralelo, en los días previos a la reinstalación del juicio, el Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI) autorizó reuniones jurídicas entre Aquiles Alvarez y su abogado, Ramiro García, en la Cárcel del Encuentro, en Santa Elena. Los encuentros fueron programados entre el 2 y el 5 de junio con el objetivo de preparar la estrategia de defensa para las nuevas jornadas procesales.
La expectativa sobre la audiencia de este sábado surge después de una semana marcada por pedidos de suspensión, cuestionamientos entre las partes y decisiones adoptadas por el Tribunal para evitar nuevas dilaciones en el proceso.
El pasado 30 de mayo estaba prevista la reinstalación de la audiencia de juicio en el Complejo Judicial Norte de Quito. Sin embargo, la diligencia no pudo desarrollarse debido a la ausencia de Fernando Viteri Henriques.
Su abogado, Joseph Sánchez, informó al Tribunal que no había logrado comunicarse con su defendido y que un familiar le había comunicado que atravesaba una calamidad doméstica. Por ese motivo solicitó un plazo para justificar la situación.
Mientras se analizaba ese pedido, Aquiles Alvarez y su excolaborador César Bravo participaron de manera telemática desde la Unidad Judicial Multicompetente de La Libertad, en Santa Elena, debido a que ambos permanecen privados de libertad en la Cárcel del Encuentro. La llegada de Alvarez a esa dependencia judicial se produjo bajo un fuerte resguardo policial y en medio de la presencia de simpatizantes que exigían su liberación.
Durante la audiencia, la fiscal Ruth Amoroso cuestionó la ausencia de Viteri y planteó que podía tratarse de una nueva estrategia para retrasar el avance del proceso. Además, recordó que horas antes, dentro del denominado caso Goleada, se había dictado prisión preventiva contra él. “Son muchos días los que se han perdido para reinstalar la audiencia”, sostuvo la fiscal al solicitar que se suspendiera la contabilización de la prisión preventiva para Viteri y que la diligencia continuara con el resto de procesados. Los abogados acusadores respaldaron la posición de la Fiscalía.
En cambio, las defensas técnicas de los procesados pidieron que se permitiera justificar la calamidad doméstica aducida para evitar futuras alegaciones de nulidad por vulneración de derechos. Tras una deliberación, el Tribunal integrado por los jueces Jorge Sánchez, Clara Soria y Víctor Barahona resolvió otorgar 24 horas a la defensa de Viteri para presentar la documentación correspondiente.
Al anunciar la decisión, el juez Jorge Sánchez explicó que, debido a la complejidad de la causa, era indispensable garantizar la presencia de todos los procesados para una reinstalación válida de la audiencia.
Fernando Viteri fue declarado prófugo
El 31 de mayo, la defensa de Fernando Viteri informó al Tribunal que su cliente no comparecería debido a que existía una orden de prisión preventiva en su contra dentro del caso Goleada. Ante este escenario, el Tribunal de Juzgamiento resolvió declararlo prófugo de la justicia y dispuso su captura.
Los jueces también determinaron que la etapa de juicio quedara suspendida únicamente para Viteri hasta que sea detenido o se presente voluntariamente ante las autoridades, ya que el delito investigado no puede ser juzgado en ausencia del procesado.
Durante esa misma jornada surgió una nueva controversia. La defensa de Viteri solicitó diez días de plazo para resolver la representación legal de tres compañías procesadas: Ternape Petroleum, Corpalubri e Indudiésel, argumentando que había renunciado a dicha representación meses atrás.
Posteriormente, la defensa de Aquiles Alvarez pidió suspender nuevamente la audiencia al considerar que esa situación podría afectar el derecho a la defensa de las empresas involucradas y convertirse en un eventual motivo de nulidad procesal.
La Fiscalía rechazó el planteamiento y sostuvo que se trataba de un nuevo intento de dilatar el proceso. Después de analizar los argumentos de ambas partes, el Tribunal negó la petición y concluyó que la continuidad de la diligencia no vulneraba derechos, debido a que los representantes legales de las compañías procesadas se encontraban presentes.
Continúan los testimonios
Una vez superados los incidentes procesales, el juicio avanzó con la presentación de los primeros testigos anunciados por la Fiscalía. Entre ellos compareció Germán Huayamave, técnico de la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH), cuya declaración fue incorporada a la causa.
Posteriormente rindió testimonio Emmanuel Salazar, integrante de la Unidad Nacional para Delitos Hidrocarburíferos de la Policía Nacional y uno de los investigadores que participaron en la elaboración de informes utilizados por la Fiscalía para sustentar su acusación.
Fiscalía ha anunciado además la comparecencia de al menos 23 testigos adicionales, cuyos testimonios forman parte de la estrategia para intentar demostrar la presunta participación de los procesados en los hechos investigados.
La situación de Aquiles Alvarez
Aquiles Alvarez permanece en prisión preventiva desde marzo pasado. Inicialmente se le impusieron medidas cautelares de presentación periódica, prohibición de salida del país y uso de grillete electrónico. Sin embargo, posteriormente un juez dispuso su encarcelamiento preventivo luego de que fuera encontrado sin el dispositivo de vigilancia electrónica durante actuaciones relacionadas con el caso Goleada.
Con la declaratoria de prófugo de Fernando Viteri ya resuelta, la expectativa está puesta en las audiencias convocadas para este 6, 7, 8, 9, 10, 13 y 14 de junio. Durante esas jornadas, la Fiscalía continuará presentando testimonios, informes técnicos y otros elementos de convicción con los que busca demostrar la presunta existencia de una estructura dedicada a la comercialización irregular de combustible.
La teoría del caso de la Fiscalía sostiene que varias estaciones de servicio y empresas comercializadoras habrían participado en un esquema irregular de distribución de combustibles. Según las investigaciones, existirían diferencias significativas entre los volúmenes de combustible despachados y los efectivamente facturados, así como inconsistencias relacionadas con la capacidad de almacenamiento reportada por varias compañías involucradas.
De acuerdo con la acusación fiscal, parte del diésel subsidiado habría sido desviado hacia segmentos para los cuales no estaba destinado dicho beneficio estatal. Las estaciones de servicio investigadas se encontrarían principalmente en zonas fronterizas y mineras, mientras que las empresas comercializadoras bajo análisis operaban en sectores como el automotor, industrial y naviero. (I)
