Fiel a sus ideas populistas de amigos contra enemigos y levantar muros, redistribuir la riqueza y repartir de manera equitativa los frutos del crecimiento nunca ha estado entre los objetivos de la política del Gobierno Sánchez y sus aliados, que los han diseñado siguiendo los consejos de los expertos en marketing político‑electoral y no según unos principios socialdemócratas o progresistas. Por ello, su desempeño en estas materias, comparado con el de otros países europeos gobernados por partidos de centroderecha, es tan parecido y, por ello, aquellos problemas estructurales que arrastramos desde hace décadas apenas si han experimentado mejoría en estos ocho años de Gobierno. Por ejemplo, seguimos con una tasa de paro estructural muy alta (a pesar de lo cual mantenemos una presión fiscal sobre la contratación muy superior a la media de la OCDE), tenemos una tasa de actividad 17 puntos por debajo de la media europea, encabezamos la tasa de pobreza infantil o de abandono escolar, no ha habido recortes significativos en el gap en renta per cápita y hemos tenido cero mejoras en la capacidad redistributiva del Estado después de ocho años.
Ello explica, por ejemplo, que nuestros jóvenes (5,6 millones) padezcan precariedad laboral (un 44% de contratos iniciales lo son a tiempo parcial), sueldos que no les sacan de pobres, les sea imposible acceder a una vivienda o concentren la mayor tasa de riesgo de pobreza, a diferencia de nuestros pensionistas (9,5 millones), colectivo mimado por el Gobierno, no por ser el que más lo necesita, sino porque es el que mayor fidelidad electoral demuestra. Y repito, frente al mantra “hemos subido el salario mínimo”, que es cierto, hay que señalar las consecuencias: cuando antes cobraban el SMI unos 500.000 trabajadores, hoy lo hacen 7 millones porque el abanico salarial se ha estrechado por abajo y, en segundo lugar, de ellos, 3 millones cobran menos que el SMI al tener jornadas parciales. Con los salarios reales congelados y la cesta básica de la compra subiendo un 37% en el último lustro, han sido estos dos factores (pensiones y SMI) los que han permitido mejorar los ingresos de los hogares más humildes, aunque, todavía hoy, el 26% está en riesgo de pobreza y un 37% declara no tener capacidad para hacer frente a un gasto imprevisto.
Del reciente informe sobre España del Fondo Monetario Internacional, casi todos los medios han destacado dos ideas que van en la misma dirección de mi tesis: pide al Gobierno eliminar las rebajas fiscales indiscriminadas a la energía puestas en marcha tras la crisis de Ormuz porque favorecen a los más ricos y sustituirlas por transferencias directas a los hogares con bajos ingresos; y, dos, que se olvide del control del alquiler, que restringe la oferta todavía más, y construya más viviendas accesibles, para lo que debe simplificar la burocracia urbanística. Un paso en este sentido, con ocho años de retraso, se acaba de dar con el reciente acuerdo entre Gobierno y todas las comunidades autónomas sobre el Plan Estatal de Vivienda 2026‑30. Pero hay más cosas en el informe.
Nuestro crecimiento económico se basa en la terciarización y, sobre todo, en la incorporación de inmigrantes al mercado laboral y solo en menor medida en mejoras de la productividad. Ambos factores coadyuvan a un escaso crecimiento de la renta per cápita, sobre todo en un escenario determinado por los riesgos asociados a la conflictividad mundial que se traduce en una desaceleración del PIB, estancado en el 1,7%, un repunte de la inflación y un paro cronificado entre el 9% y el 10% hasta 2031. Mejorar nuestra productividad debería ser el eje futuro de la política económica. Y ello requiere, al menos, cuatro reformas que ni están ni se las espera: un impulso a la inversión, empezando por la pública para el adecuado mantenimiento de la obra pública en su amplio espectro. La segunda, suprimir las barreras normativas internas entre comunidades, que dificultan la existencia de un verdadero mercado interno. La tercera, reducir y simplificar la burocracia administrativa, convertida hoy en un verdadero freno a la modernización, impidiendo que la digitalización divergente de las diferentes administraciones acabe siendo una nueva barrera. Por último, un impulso a la innovación, rediseñando la política de ayuda, fiscal y no fiscal, a la I+D+i empresarial.
A la vista de esa previsión económica, de las incertidumbres abiertas en el contexto internacional por Trump y de los problemas estructurales que arrastramos desde hace décadas, entre otros el creciente envejecimiento de la población, el FMI hace una llamada para procurarnos un espacio presupuestario que permita afrontar las nuevas y crecientes necesidades de gasto sin salirnos de la disciplina fiscal comunitaria. Cosa nada fácil de conseguir cuando ya podemos asegurar que vivimos la primera legislatura sin Presupuestos, lo que ha dado lugar a la no deflactación de la tarifa del IRPF (una de las medidas menos progresistas de este Gobierno), que ha llevado a que la carga impositiva real que soportan los ingresos de las familias sea hoy un punto por encima del registrado antes de la pandemia, así como a que el tipo medio efectivo tanto de los salarios como de las pensiones esté hoy en un máximo histórico; y, a la vez, a un cierto descontrol en el gasto, así como a la pésima ejecución de los Fondos Next Generation, usados más como si fueran fondos estructurales en vez de aquel objetivo de ser un instrumento de reconversión social y económica con que se diseñaron.
El informe del FMI muestra las vergüenzas de lo que no ha hecho un Gobierno que comparte los problemas de cierta izquierda mundial que, aunque repite eslóganes de hace 30 años, ha olvidado a quién representa y cuál es el núcleo central de su modelo de sociedad, basado en redistribuir renta y riqueza para asegurar la igualdad de oportunidades de los menos favorecidos y la defensa de las condiciones materiales de la verdadera libertad individual.
