Los atentados y amenazas contra los operadores de justicia continúan en Ecuador y golpean a la Función Judicial, mientras gremios de abogados y jueces mantienen su preocupación y exigen medidas urgentes para frenar estos ataques.
En los últimos seis años, desde 2020 hasta lo que va de este 2026, se han registrado al menos 43 incidentes contra los servidores judiciales, según recoge el Observatorio de Derechos y Justicia (ODJ).
La organización precisa que, de los incidentes registrados, 25 fueron asesinatos de operadores judiciales.
El último atentado en el país ocurrió el 11 de mayo de 2026, contra la jueza Lady Pachar Huanga, en Machala, provincia de El Oro, quien fue asesinada cuando se movilizaba en un vehículo.
Tras el hecho, el 15 de mayo, la nueva presidenta del Consejo de la Judicatura (CJ), Mercedes Caicedo, presentó una denuncia en la Fiscalía de El Oro.
Además, la presidenta de la Judicatura aseguró que se propondrá la creación de un departamento de coordinación con el Ministerio del Interior, para agilizar la atención y aprobación de los pedidos de seguridad presentados por los servidores judiciales.
Y dispuso a la Dirección General del CJ levantar información detallada sobre las condiciones de seguridad en las dependencias judiciales; el número de servidores que han reportado amenazas o han sido víctimas del crimen organizado en el ejercicio de sus funciones; así como cuántos cuentan con resguardo policial permanente y cuántos reciben monitoreo preventivo.
A esto se suma que el 13 de mayo las instalaciones de la Función Judicial de Santa Elena fueron baleadas, impactando varios proyectiles en los ventanales de la sala en la que se desarrollaba una audiencia penal de la Corte Provincial.
El 14 de mayo, en cambio, se conoció que un juez de la jurisdicción penal de Sucumbíos recibió, a través de su entorno familiar, un mensaje de carácter intimidatorio relacionado con una causa bajo su conocimiento, generando preocupación por su seguridad personal y la de sus seres cercanos.
Dos semanas después, el 21 de mayo, Mercedes Caicedo reveló que ha recibido amenazas de muerte.
“He recibido amenazas de muerte y no tengo miedo; es un riesgo de administrar justicia. Quien decide administrar justicia y ponerse al frente del Consejo de la Judicatura sabe que hay un riesgo y una responsabilidad intrínseca en eso”, dijo en entrevista con Teleamazonas.
A la par, el organismo alertó sobre amenazas de muerte e intentos de intimidación contra el subdirector de Control Disciplinario del CJ.
De acuerdo con las cifras del ODJ, del total de ataques contra operadores de justicia, desde 2020 hasta la actualidad:
- 4 asesinatos de jueces
- 12 asesinatos de fiscales
- 3 asesinatos de funcionarios judiciales
- 6 asesinatos de funcionarios fiscales
- 9 intentos de asesinato
- 9 ataques armados contra dependencias judiciales
El observatorio repasa que 2024 fue el año más violento, pues se registraron más del doble de incidentes que en 2023 y 2025.
En este marco, el Observatorio de Derechos y Justicia recopila tres ataques o intentos de asesinato de 2020 a 2021; diez ataques en 2022; siete en 2023; catorce atentados o intentos en 2024; seis en 2025; y dos en lo que va de 2026.
El gremio observa patrones de vulnerabilidad en todos estos casos, por ejemplo:
- Los operadores de justicia no tenían resguardo pese a las amenazas y el alto riesgo.
- La mayoría no contaba con protección policial.
- Los ataques ocurrieron principalmente en traslados trabajo-domicilio.
- Los perpetradores aprovechan espacios cotidianos como restaurantes o las escuelas de sus hijos.
Gremios exigen medidas urgentes y a largo plazo
Con estos registros, el ODJ sostuvo que se requieren soluciones reales y urgentes para esta problemática, ya que el Estado debe garantizar condiciones de seguridad efectivas que aseguren la independencia y la integridad de los operadores de justicia.
Para Alexander Barahona, vocero de la Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces (Aemaj), los atentados que se han visto en estas últimas semanas se circunscriben en una sistemática amenaza y ataques contra la integridad de la Función Judicial.
El representante observa que, actualmente, ingresar al despacho de un juez resulta muy fácil, ya que no cuentan con las seguridades adecuadas.
También evidencia que muchos jueces no tienen botón de pánico ni salida de emergencia, y eso, puntualiza, “hace que se trabaje en una institución que no cuenta con las condiciones mínimas de seguridad”.
“Es importante entender que, si bien los funcionarios públicos pueden recibir amenazas, cuando se trata de jueces hay particularidades: si un magistrado se apresta a emitir una resolución y recibe una amenaza, ¿con qué seguridad la emite? Es una cuestión de minutos, no de semanas. Lamentablemente, el sistema para pedir resguardo policial es bastante lento”, examina Barahona.
El vocero de la Aemaj lamenta que desde el Estado no se emitan cifras exactas de seguimiento de amenazas contra servidores judiciales, pues, precisa, son datos muy sensibles.
Aunque no existen datos públicos sobre los atentados contra operadores de justicia, la asociación indica que, según información proporcionada por el Consejo de la Judicatura, se han reportado amenazas en las siguientes provincias:
- El Oro: 12 magistrados
- Guayas: 68 magistrados
- Los Ríos: 11 magistrados
El representante precisa que la organización no levanta estos registros, pero sí da acompañamiento a los magistrados cuando alertan de este tipo de intimidaciones.
De hecho, Barahona comenta que este 22 de mayo se desarrolló una mesa técnica con la Judicatura para buscar soluciones a esta problemática, en la que se propuso la creación de una unidad de riesgos que sea menos burocrática para la petición de medidas de protección.
El vocero comenta que a las autoridades se les propuso algunas medidas urgentes que se deben adoptar para garantizar la integridad de los servidores judiciales y atender las amenazas recibidas. Entre estas alternativas están:
- Rutas y protocolos: Construir manuales y activar protocolos claros. Actualmente, si un juez es amenazado, le dicen que llene un formulario de la Policía Nacional y que espere. El vocero observa que dos semanas de espera son demasiado, por lo que se requiere atención temprana.
- Infraestructura: Es una medida a mediano y largo plazo que demanda recursos, pero hay que empezar ya con un diagnóstico. Implementar botones de pánico, salidas de emergencia y quizás una aplicación móvil para interactuar con la Judicatura.
- Protección familiar: En el trámite actual de la Policía, la protección es solo para el funcionario. La asociación propone ampliar a familiares y que se emitan pautas técnicas sobre cómo reaccionar ante una amenaza.
Por su parte, Paúl Ocaña, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha y presidente de la Federación Nacional de Abogados del Ecuador, recordó que ante esta realidad se ha exigido al Gobierno y al Ministerio del Interior que brinden mayor atención a todos los funcionarios judiciales, tomando en cuenta la ola delictiva en Ecuador y más aún, dice, contra ellos cuando toman resoluciones contra GDO (grupos de delincuencia organizada).
El abogado y representante de estos gremios comenta que incluso se pidió que las audiencias a cargo de jueces penales y jueces anticorrupción sean a través de Zoom, es decir, en formato telemático, para que no corran riesgo o se expongan a sufrir amenazas.
Otra de las medidas urgentes que demanda el jurista es que el Ejecutivo garantice la seguridad y la integridad de los jueces, a través de protección o resguardo policial.
Las intimidaciones, amenazas y atentados contra jueces, fiscales, funcionarios, así como ataques contra unidades judiciales, son un fenómeno que se arrastra desde hace algunos años y que ha estado en la agenda de los presidentes que han pasado por la Judicatura.
La recién posesionada Mercedes Caicedo no es la excepción y su quinto eje de trabajo al frente del organismo pretende mejorar la seguridad de los operadores judiciales.
En su discurso de posesión en la Asamblea Nacional, el 29 de abril, la presidenta del CJ recalcó que la seguridad de los jueces, servidores y usuarios es indispensable para garantizar el servicio de justicia en el país y añadió que “nada puede hablar de justicia cuando sus operadores trabajan sin protección ni condiciones adecuadas”. (I)
