El Gobierno y los agentes sociales han abierto este lunes la puerta a prorrogar las medidas anticrisis más allá del 30 de junio ante el escenario de fuerte incertidumbre global y los efectos que el conflicto abierto en Oriente Próximo está provocando sobre los mercados energéticos internacionales. El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha presidido al mediodía una reunión de alto nivel junto a patronal y sindicatos para analizar la evolución de la situación, el efecto de las ayudas aprobadas en marzo y la posibilidad de mantener o adaptar parte del escudo económico durante los próximos meses si persiste la presión inflacionista.
En el encuentro, celebrado en la sede del Ministerio de Economía, han participado también la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz; la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen; el ministro de Hacienda, Arcadi España; y la ministra de Inclusión y Seguridad Social, Elma Saiz, además del presidente de la CEOE, Antonio Garamendi; la presidenta de Cepyme, Ángela de Miguel; y los secretarios generales de UGT y CC OO, Pepe Álvarez y Unai Sordo.
La intención que maneja el Ejecutivo, según explican fuentes conocedoras de la reunión, pasa por mantener un esquema similar al aprobado hace tres meses, con medidas temporales y revisables trimestre a trimestre para adaptarse a la evolución del conflicto y de la inflación. No obstante, todavía no hay nada decidido y el Gobierno se da varias semanas de margen para monitorizar la situación y tomar decisiones.
El plan de respuesta, en vigor desde el 20 de marzo, incluía rebajas fiscales generales sobre la electricidad, el gas y los carburantes, además de ayudas directas para sectores especialmente expuestos al encarecimiento energético. Parte de esas medidas comenzaron a retirarse tras el dato definitivo del IPC de abril, que situó la inflación en el 3,2%, aunque el Gobierno sigue monitorizando la evolución de los precios para decidir si es necesario recuperar descuentos una vez que el paquete inicial caduque el 30 de junio.
La reunión se produce en un contexto de elevada incertidumbre geopolítica tras los ataques de Estados Unidos e Israel sobre Irán a finales de febrero y la posterior respuesta de Teherán. Aunque frágil, desde hace varias semanas hay instalada una suerte de tregua que, sin embargo, mantiene bloqueada la arteria del estrecho de Ormuz, clave para el tráfico mundial de crudo y gas. El Ejecutivo y los agentes sociales temen que un agravamiento del conflicto termine trasladándose con más intensidad a los costes energéticos de hogares y empresas y provoque un nuevo repunte inflacionario parecido al que sacudió la economía global en 2022.
Según defendió Carlos Cuerpo durante el encuentro, tal y como explican fuentes del ministerio, las medidas adoptadas hasta ahora han permitido amortiguar buena parte del impacto del shock energético. El departamento económico sostiene que, sin el plan de respuesta, la inflación de los carburantes habría alcanzado el 28,9% en abril y que las ayudas han conseguido moderar esa cifra en más de 16 puntos porcentuales, reduciendo además cerca de un punto la inflación general.
El análisis compartido entre los asistentes, prosiguen las fuentes ministeriales, es que “España está respondiendo bien al shock del conflicto de Irán” y que el escudo del Gobierno está cumpliendo la función de “proteger el poder adquisitivo de las familias y la competitividad de las empresas”. “Nuestra posición industrial en refino, la rapidez y efectividad de la respuesta de política económica y la cooperación con Europa nos sitúan en mejores condiciones que la mayoría de socios europeos para afrontar el verano con garantías”, en palabras del vicepresidente primero.
