La noche del 15 de julio de 2008, la promotora de viviendas Martinsa-Fadesa, arrastrada por la crisis y el reventón de la burbuja inmobiliaria, se declaró insolvente y se acogió al concurso de acreedores, incapaz de hacer frente a sus pagos. Debía 5.200 millones de euros: el mayor concurso de acreedores de la historia de España hasta ese momento. Al día siguiente, en cuanto supo la noticia, un fontanero que trabajaba como autónomo, subcontratado de Martinsa-Fadesa, convencido de que no iba a ver un euro por su obra, desgajó los radiadores que había colocado en algunas casas de una urbanización que la inmobiliaria desarrollaba en Buniel, una localidad de 600 habitantes cercana a Burgos. No cobraría nada, pero por lo menos salvaba los materiales. El carpintero que había colocado los marcos de las ventanas y las puertas pensó lo mismo, igual que el albañil que había retechado algunas de las casas. Buena parte de esta urbanización estaba a punto de terminarse, pero aquel día su destino giró y empezó a sufrir una regresión rumbo al caos: a los profesionales subcontratados siguieron los expoliadores, que se hicieron con el cobre de las tuberías, los azulejos de las cocinas o las tapas de las alcantarillas. En la última etapa de la degradación hay quien se acerca desde hace años para dejar ahí un sofá viejo, los montones de cascotes de una obra, una nevera que no funciona o ruedas de coche y de tractor que ya no quiere nadie.
