Los abogados, médicos, procuradores o ingenieros que cotizan para su pensión de jubilación a través de una mutualidad gremial privada tendrán que esperar un poco más para acceder a una pasarela que les permita cotizar en la Seguridad Social. La Comisión de Trabajo que debatía este miércoles en el Congreso una proposición de ley sobre el asunto se ha pospuesto hasta el martes 26. Estos colectivos reclaman el acceso a una pensión pública digna. Muchos de estos profesionales perciben de su mutualidad prestaciones de menos de 500 euros al mes. Fuentes parlamentarias de distintos grupos han explicado que el intento de incorporar enmiendas transaccionales ajenas a la cuestión de la pasarela es lo que ha hecho encallar las negociaciones, pese a que ya estaban muy avanzadas. Se calcula que el cambio normativo afectaría a más de 100.000 personas.
El texto que se iba a votar en comisión contemplaba que los mutualistas pudieran solicitar voluntariamente el paso a la Seguridad Social. A cambio, su mutualidad tendría que trasladar sus ahorros al Estado. Al calcular a cuántos años cotizados equivale el capital aportado, se aplicará un coeficiente corrector del 0,77. Para un mutualista que haya acumulado 50.000 euros, equivaldría a llevar 20 años cotizados a la Seguridad Social.
Nuria Cachafeiro, presidenta de la asociación de afectados Anama, explica que la solución que se está proponiendo no les satisface plenamente: “No llega a convencernos porque deja fuera a quienes ya están jubilados y el coeficiente nos parece insuficiente, pero lo que sí que pedimos a los políticos es que se pongan de acuerdo de una vez, porque son ya tres años agotadores de lucha”, asegura.
Abogados, médicos y procuradores llevan desde 2023 saliendo a la calle con regularidad para reclamar la aprobación de esa pasarela hacia el RETA (régimen especial de trabajadores autónomos). Este sábado, volverán a manifestarse para pedir una solución “sin exclusiones”. Desde el colectivo J2, otro de los que participan en las movilizaciones, se considera que la propuesta actual “no resuelve la situación de miles de profesionales afectados y mantiene elementos parciales, insuficientes y discriminatorios”.
El próximo martes 26 de mayo, la Comisión de Trabajo y Seguridad Social volverá a reunirse para tratar el texto del proyecto de ley y las enmiendas que han traído los grupos. Si hubiera acuerdo, el texto pasaría al Pleno del Congreso, de ahí al Senado y, tras la segunda lectura del Congreso, podría aprobarse. “Lo que queremos es que esto esté arreglado antes del verano”, apuntan desde el Grupo Socialista.
De acuerdo con varios parlamentarios presentes en la comisión, el Grupo Popular ha presentado unas enmiendas referidas a ayudas para los enfermos de talidomida. Por su parte, Junts per Catalunya ha tratado de incluir enmiendas referidas al IVA y al Impuesto de Sociedades. Las negociaciones al margen de la comisión se han demorado varias horas este miércoles, al considerar que estas propuestas tendrían un impacto presupuestario y deberían contar con un informe previo del Gobierno.
Las costuras del modelo
La Mutualidad de la Abogacía, la Mutualidad de los Procuradores, Mutual Médica o la Hermandad Nacional de Arquitectos son aseguradoras privadas que, durante años, han sido alternativa a la cotización al régimen especial de trabajadores autónomos de la Seguridad Social (RETA). Es decir, que esos profesionales podían elegir si cotizar para una pensión pública o hacerlo para una pensión privada a través de la cotización. La cotización a través de la mutualidad sí fue obligatoria hasta 1995, al ser requisito para estar colegiado, lo que cerraba la puerta de la Seguridad Social.
Pero cuando se abrió la posibilidad de cotizar a la Seguridad Social a partir de 1996, la mayoría de los abogados siguieron cotizando a través de su mutualidad. Hasta que empezaron a saltar las costuras del modelo. Cada vez había menos abogados autónomos —la mayoría de los licenciados se iban a empresas o a grandes despachos, como asalariados— y el colectivo se fue envejeciendo. Al entrar menos jóvenes en el sistema, con una pirámide demográfica invertida y el aumento de la esperanza de vida, las mutualidades experimentaron los mismos temores que en ocasiones se expresan sobre la sostenibilidad de las pensiones públicas. Pero con mucho menos soporte.
Hacia el año 2005, se obligó a las mutualidades a pasar del sistema de reparto a uno de capitalización individual. El cálculo de la pensión depende directamente de lo que se haya aportado. Y las bases de aportación a la mutualidad eran muy bajas: la mayoría lo hacía por lo mínimo que se exigía, era un 80% de la cotización al RETA. Eso equivale actualmente a entre 80 y 150 euros al mes. Al jubilarse, muchos se han encontrado con pensiones muy bajas, de 300 a 500 euros. En 12 pagas y sin revisión anual con la inflación. En la Seguridad Social, los autónomos cobran como mínimo 950 euros, en 14 pagas, y con actualización anual según el IPC.
Una de las disposiciones que recoge el proyecto de ley es acabar con el régimen de alternatividad. Es decir, que los nuevos abogados o médicos autónomos no puedan escoger si cotizan a la Seguridad Social o a la mutua. Eso afectaría a las nuevas incorporaciones desde el 1 de enero de 2028, aunque el sistema se mantendría para los mutualistas que no quisieran acogerse a la pasarela al RETA. Casi todas las mutuas implicadas han tratado de que se replantee esa fecha tope.
Otro de los caballos de batalla de la negociación es qué solución dar a los mutualistas que ya están jubilados y cobran pensiones muy bajas. Desde el grupo socialista se insiste en que este colectivo no puede estar incluido en la solución a través de la pasarela.
