La investigación de la Agencia Tributaria contra Shakira por no pagar sus impuestos en España ha transitado dos rutas distintas: una, la penal, donde la cantante colombiana asumió la culpa; y otra, la administrativa, donde ha peleado hasta el final y ha ganado. La Audiencia Nacional ha concluido que Shakira no debía ser considerada residente fiscal en el año 2011, que es justo lo contrario de lo que ella misma reconoció, ante la Audiencia de Barcelona, sobre los años posteriores (de 2012 a 2014). “Si esta sentencia llega a dictarse antes, podría haber tenido su incidencia en el proceso penal, porque nos hubiera dado mucha más fuerza”, reflexiona en conversación con EL PAÍS José Luis Prada, el abogado fiscalista que ha defendido a Shakira en este caso.
La Agencia Tributaria abrió inspección a Shakira y concluyó que, entre 2011 y 2014, era residente fiscal en España. El primero de esos años, sin embargo, quedó fuera de la querella de la Fiscalía (porque había prescrito) y se dirimió solamente en la vía administrativa. Concluyó con un expediente que impuso a la artista una liquidación de 27,3 millones por no pagar IRPF e impuesto de patrimonio, más una sanción de otros 27,4 millones: casi 55, en total. Fue un año excepcional en la carrera de Shakira, con los rendimientos de su gira mundial Sale el sol y tras el éxito alcanzado con la canción Waka-waka del Mundial de Sudáfrica 2010.
Esa es la decisión que ahora ha revertido la Audiencia Nacional, que ha acogido parte de los argumentos esgrimidos por la defensa: Shakira no era residente fiscal (Hacienda solo pudo probar su estancia 163 días del año, no los 183 necesarios), no tenía su centro de intereses en este país y tampoco había establecido su “núcleo familiar”, más allá de haber iniciado una relación sentimental con el exfutbolista Gerard Piqué. “Teníamos esperanzas porque teníamos razón. Pero ha sido un proceso lento y siempre genera tensión”, explica Prada, quien lamenta que la Audiencia Nacional haya tardado cinco años en decidir, desde que en 2021 se interpuso el recurso contencioso-administrativo.
El abogado, socio director de Prada Tax Advisors, denuncia que ese retraso ha impedido que el posicionamiento favorable de los jueces de lo contencioso-administrativo tuviera efectos sobre el proceso penal que, en paralelo, se estaba desarrollando: en noviembre de 2023, Shakira decidió aceptar una pena de tres años de cárcel (uno por cada ejercicio fiscal) y pagar 7,3 millones de euros de multa. Lo hizo para evitar someterse a un juicio de resultado incierto y con una enorme exposición mediática. ¿Habría ocurrido lo mismo de haber sabido que la Audiencia Nacional, en el ámbito administrativo, le daba la razón? “Es difícil especular, y es verdad que cada ejercicio fiscal es un compartimento estanco. Pero nos habría dado mucha fuerza, porque el argumento de fondo sobre las ausencias esporádicas y la acreditación de la residencia fiscal es el mismo”, opina.
Prada reprocha que la Agencia Tributaria se haya “extralimitado” con Shakira y señala la “paradoja” de que lo recaudado en la condena penal sea muy inferior si se tienen en cuenta “los intereses que ahora tendrá que pagar”, que cifra en más de nueve millones. “Es un revés para la hacienda pública y un sinsentido, pero hay prácticas de la Administración que son temerarias”, dice el abogado, quien denuncia una “desmedida desigualdad entre Administración y administrado que habría que repensar”.
Prada insiste en que Shakira tomó la decisión de aceptar la pena con cierta prisa , en un contexto de “presión moral y psicológica”, y en pleno proceso de separación. Y denuncia el “calvario de ocho años” que ha supuesto para su cliente “un desgaste inaceptable”. La cantante dispone de medios sobrados para llegar hasta el final, pero “otros muchos contribuyentes anónimos no disponen de los recursos para defenderse”, agrega.
La defensa de Shakira solicitará la ejecución inmediata de la sentencia, aunque da por hecho que la Abogacía del Estado, en nombre de Hacienda, presentará un recurso ante el Tribunal Supremo.
