El Ministerio de Igualdad ha propuesto la adjudicación del nuevo contrato para la gestión del sistema de seguimiento telemático de maltratadores a la unión temporal de empresas (UTE) integrada por Vodafone España y Securitas Seguridad España. La decisión, adoptada por la Mesa de Contratación el pasado 7 de mayo, otorga la continuidad al actual prestador del sistema de pulseras de control telemático para casos de violencia de género y sexual, que operará bajo un presupuesto base de 71,3 millones de euros, con posibilidad de alcanzar los 111 millones de euros mediante dos prórrogas anuales adicionales. La operadora renueva la gestión del sistema de seguridad a pesar de los fallos técnicos registrados en 2025 que le llevaron a ser sancionada por el departamento que dirige Ana Redondo.
En la comparativa técnica, la UTE de Vodafone y Securitas obtuvo 41,30 puntos sobre los 46 posibles en los criterios sujetos a juicio de valor. Por su parte, la oferta competidora, formada por Orange y Verisure (antigua Securitas Direct), alcanzó los 26,66 puntos. La diferencia fue especialmente marcada en el apartado del plan de transición, donde el consorcio ganador obtuvo 9 puntos frente a los 5 de su rival, y en el servicio de telecomunicaciones, con una ventaja de 4 puntos frente a 2, según adelantó Ok diario y ha confirmado EL PAÍS.
El análisis de los criterios evaluables automáticamente también favoreció a la propuesta de Vodafone. La operadora respondió afirmativamente a todos los requisitos de conectividad, incluyendo el uso de tarjetas eSIM multioperador, actualización remota de firmware vía OTA (Over the Air), capacidad de envío de comandos directos y disponibilidad de acelerómetros en los terminales. Según el acta de la mesa, la oferta de Orange marcó negativamente la totalidad de estos parámetros técnicos.
En términos financieros, la propuesta de Vodafone-Securitas resultó la más económica para la administración. La oferta con IVA incluido asciende a 67,54 millones de euros por el periodo inicial de tres años, mientras que la oferta de Orange-Verisure se situó en los 70,31 millones de euros. Esta combinación de superioridad técnica y menor precio convirtió a la actual adjudicataria en la virtual ganadora del concurso, superando los parámetros mínimos exigidos por el departamento que dirige la ministra Ana Redondo. Con la firma definitiva del contrato de las pulseras, Vodafone consolidará su posición como el principal proveedor tecnológico de Igualdad en materia de seguridad telemática hasta, al menos, el año 2029
La propuesta se produce en un contexto de escrutinio sobre la fiabilidad del sistema. El propio Ministerio multó a esta misma UTE hace dos meses con 25.285 euros debido a fallos técnicos que paralizaron el seguimiento de los dispositivos el 11 de noviembre de 2025. Según el expediente sancionador, la avería se inició a las 4.30 horas y no se recuperó la operatividad plena hasta las 17.25 horas, lo que obligó a activar protocolos de protección de emergencia para las víctimas. A pesar de este antecedente, el informe técnico de la Mesa de Contratación ha otorgado la máxima puntuación a la oferta de Vodafone frente a su único competidor.
Nuevos requisitos técnicos
El nuevo contrato introduce dispositivos de quinta generación que buscan subsanar las deficiencias reportadas por las usuarias como adelantó EL PAÍS. Las especificaciones técnicas establecen que los equipos se colocarán preferentemente en el tobillo en lugar de la muñeca para dificultar su manipulación. Estarán fabricados con materiales antivandálicos, contarán con pantallas de cristal reforzado y una batería de mayor autonomía. Además, tanto la tobillera como el teléfono móvil vinculado deberán integrar una tarjeta electrónica eSIM no extraíble para asegurar la conexión permanente con el centro de control.
Una de las innovaciones tecnológicas del pliego es la implementación de un sistema de alerta por Bluetooth. Este mecanismo permitirá la detección directa entre el dispositivo del agresor y el de la víctima, generando una señal de proximidad adicional a la ya existente mediante GPS. Las tobilleras contarán además con geoposicionamiento autónomo, lo que permitirá localizar al portador incluso si este se separa intencionadamente de su teléfono móvil, una de las brechas de seguridad identificadas en el sistema anterior.
El pliego contractual también endurece las condiciones de logística y mantenimiento. La adjudicataria deberá garantizar un stock mínimo de 2.000 dispositivos disponibles para su instalación inmediata en cualquier punto del territorio nacional en un plazo inferior a 24 horas. Del mismo modo, se exige la reparación de cualquier unidad manipulada o averiada en un máximo de tres meses y la sustitución de equipos defectuosos en menos de un día. El volumen total de dispositivos a adquirir a lo largo del contrato se incrementa hasta las 17.660 unidades.
La adjudicación se formaliza en medio de advertencias por parte de organismos judiciales. La Fiscalía de Madrid, en su memoria de 2024, ya alertó sobre “múltiples fallos” en los dispositivos de seguimiento, señalando incluso que estas disfunciones han provocado sentencias absolutorias en procesos por quebrantamiento de condena. Magistrados especializados en violencia de género han reportado incidencias recurrentes desde mediados de 2024, coincidiendo con cambios previos en la gestión del servicio.
La gestión del contrato también ha generado debate político debido a la exclusión de la conexión satelital en los nuevos pliegos. El Gobierno descartó la tecnología Direct to Cell argumentando que se encuentra en fase de pruebas y presenta limitaciones técnicas de visibilidad directa y consumo energético. Esta decisión ha sido criticada por el Partido Popular, que sostiene que la falta de cobertura satelital deja desprotegidas a las víctimas en zonas rurales o de alta montaña, donde la red móvil es inestable o inexistente.
Para asegurar la continuidad del servicio mientras se completa el proceso administrativo de este nuevo contrato, el Ministerio de Igualdad aprobó una prórroga de cuatro meses del servicio vigente, que debía expirar este mes de mayo. Este retraso en la licitación se debió a una rectificación de los pliegos originales realizada en enero para incorporar mejoras técnicas derivadas de auditorías internas que, según fuentes del departamento, buscaban optimizar la seguridad del sistema Cometa.
Además de este contrato, la Mesa de Contratación del 7 de mayo resolvió la adjudicación del servicio de asistencia a víctimas de discriminación racial a la Fundación Secretariado Gitano por 1,5 millones de euros, y el mantenimiento de los edificios del Ministerio a la empresa Acciona por un importe de 215.501 euros.
