España arrastra desde hace más de una década una serie de conflictos internacionales complejos y costosos. El recorte de las primas a las energías renovables con la reforma del sector eléctrico en 2013 desencadenó una oleada de demandas que los inversores perjudicados presentaron ante distintas cortes de arbitraje para reclamar indemnizaciones millonarias. Hasta hace unos años, esta batalla ha sido silenciosa, limitada a grandes despachos de abogados internacionales y tribunales especializados. Ahora, con la mayoría de estos litigios resueltos, el conflicto ha escalado a la esfera pública debido a las medidas de presión que fondos oportunistas están desplegando para tratar de cobrar compensaciones que, a día de hoy, ascienden a unos 1.800 millones de euros en indemnizaciones (más de 2.300 millones si suman costas procesales e intereses legales y de demora): el embargo de bienes y activos de España fuera de sus fronteras.
Con esta estrategia, los fondos buitre ―encabezados por la firma estadounidense Blasket Renewable Investment, que ha adquirido los derechos de representación y cobro de buena parte de las demandas que decenas de empresas plantearon contra España― han solicitado como medida cautelar el bloqueo de activos públicos considerados comerciales o que pueden ser fácilmente liquidables, pero también especialmente llamativos para apremiar al Gobierno al pago de las indemnizaciones o, en su defecto, a forzar la negociación.
Uno de los episodios más emblemáticos fue a finales de abril, cuando se conoció que la justicia neerlandesa había dado luz verde a embargar la sede del Instituto Cervantes, institución pública para la promoción de la lengua y cultura española, cuya sede se encuentra en pleno centro histórico de Utrecht y está valorada en torno a 10 millones de euros. De hecho, el equipo jurídico que defiende los intereses de Blasket ha advertido de que, debido a la rápida tramitación que existe en Países Bajos para este tipo de procesos, el inmueble ya consta en el registro público bajo su propiedad, lo que ha propiciado que ya se esté estudiando su “próxima” subasta. De ocurrir esto, este caso se convertiría en el primer activo español ejecutado por este conflicto.
En paralelo, los inversores han aprovechado la celebración del Mundial de Fútbol, entre el 11 de junio y el 19 de julio, y han amenazado con congelar los movimientos financieros relacionados con la participación de la selección española en el Mundial de Estados Unidos, así como bienes simbólicos. El equipo jurídico de los demandantes advirtieron de que los aviones oficiales desplazados a EE UU para asistir a algún encuentro deportivo podrían sufrir el riesgo de inmovilización. Esto recordaría al precedente sentado por la expresidenta argentina Cristina Kirchner, que se vio obligada a no viajar en su avión presidencial Talgo One ante el riesgo de ser embargado por las deudas de arbitrajes internacionales. Por el momento, no se ha autorizado ninguna medida de este tipo en suelo norteamericano.
Instituto Cervantes, un colegio internacional o cuentas bancarias
En Reino Unido permanece embargado desde 2023 un antiguo convento de dominicos, titularidad del Ministerio de Educación, que alberga el colegio internacional Instituto Español Vicente Cañada Blanch, en el conocido barrio londinense de Notting Hill. El Instituto Cervantes también ha sido objeto de embargo en Londres, así como el edificio donde se encuentra la Agencia para la Competitividad de la Empresa de la Generalitat de Cataluña (Acció) en el corazón de la capital británica. A ello se suman 699.000 libras (unos 808.466 euros, al cambio actual) depositadas en cuatro cuentas bancarias de la institución en el Banco Santander.
El perímetro de esta ofensiva se amplió posteriormente a otros países como Bélgica, donde en junio de 2024 se autorizó el embargo de las transferencias mensuales que la Organización Europea para la Seguridad de la Navegación Aérea (Eurocontrol), con sede en Bruselas, realiza a la empresa pública Enaire por la recaudación de tasas de ruta y terminales. En la actualidad, la cantidad bloqueada supera los 800 millones de euros, debido a la acumulación de intereses, según indicó el equipo jurídico de los acreedores. Sin embargo, los servicios jurídicos españoles ha tratado de contener el crecimiento de la deuda y recientemente ha propuesto consignar ya 250 millones en los tribunales belgas a cambio de levantar la retención del resto.
Esta intensa batalla es una herencia derivada de modificaciones legislativas de hace más de una década. La aprobación en 2007 de un sistema de primas a las energías renovables atrajo a numerosos inversores extranjeros, que confiaron en una estabilidad regulatoria. Sin embargo, la crisis económica y el aumento del déficit tarifario con las eléctricas llevó al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero a tomar una primera medida e introducir en 2010 un primer recorte a estos incentivos, especialmente en el ámbito de la fotovoltaicas. Sobre esa base se presentó en 2011 la primera demanda contra España ante la cámara de arbitraje de la ONU, haciendo que el conflicto saltara a nivel internacional. El golpe definitivo llegó en 2013, con Mariano Rajoy al frente del Ejecutivo, cuando la reforma eléctrica rediseñó por completo el sistema retributivo y afectó de lleno a proyectos renovables ya construidos y financiados bajo el esquema anterior.
Muchos de los inversores consideraron entonces que las reglas de juego fueron alteradas por completo y reclamaron en avalancha en distintos foros internacionales: desde la corte vinculada a la ONU hasta la corte de arbitraje de la Cámara de Comercio de Estocolmo (SCC) o el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), dependiente del Banco Mundial. En conjunto, las reclamaciones llegaron a superar los 10.000 millones de euros. En total se presentaron 51 demandas, de las cuales 27 se han resuelto a favor de los inversores y 18 han sido favorables a España.
Jurisprudencia europea y rechazo de Bruselas
Los servicios jurídicos del Estado, que se han visto obligados a reforzar su equipo con despachos especializados en cada una de las jurisdicciones donde se ha traslado el conflicto, han impugnado todos estos laudos y ha tratado de frenar todos los procedimientos de ejecución de los mismos. El Gobierno se niega a que salga dinero de las arcas públicas para abonar estas indemnizaciones en base a dos argumentos: la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), máximo órgano judicial europeo, que ha vetado la validez de los arbitrajes entre empresas comunitarias y Estados miembros; y la posición de la Comisión Europea, que tiene que autorizar las compensaciones para que no sean declaradas ayudas de Estado ilegales, además de que ha mostrado su rechazo frontal a estos procedimientos al entender que son contrarios al derecho de la UE. Así, España solo acepta pagar la compensación a tres demandantes extracomunitarios y ya lo ha hecho con la japonesa JGC.
La negativa es la que ha motivado que los inversores y los fondos que los representan pongan en marcha una estrategia agresiva en varios tribunales extranjeros al mismo tiempo. La Convención de Nueva York de 1958 obliga a los países firmantes a reconocer los laudos y permitir su ejecución. Esto se refuerza con el Convenio de Washington de 1965, tratado internacional que dio origen el Ciadi y en cuyo marco se han resuelto la mayoría de los pleitos por las renovables.
Además, los fondos oportunistas apoyan su ofensiva en que altas instancias judiciales de Reino Unido, Estados Unidos, Singapur y Australia han rechazado que España tenga inmunidad soberana para eludir las condenas y han respaldado, en base a los convenios internacionales, que los laudos sean considerados como sentencias firmes.
Con este aval judicial, los equipos jurídicos de los demandantes activaron el rastreo de bienes con el objetivo de apretar al Gobierno. Uno de los primeros activos en el que los fondos pusieron interés fue una parte de la indemnización de 850 millones de euros que España tiene pendiente de cobrar por la catástrofe del Prestige. Esta medida cautelar fue autorizada por el Tribunal Superior de Inglaterra y Gales en 2023, si bien quedó en suspenso en otoño de ese año porque el mismo tribunal impidió que España pudiera reclamar a la asegurada del petrolero por una cuestión procesal. Asimismo, los fondos han amagado en varias ocasiones con iniciar ante la justicia británica de un procedimiento de default técnico (incumplimiento de contrato) sobre unos bonos de deuda pública en mercados internacionales.
Ahora el interés está puesto en Estados Unidos, donde se ha requerido judicialmente información de los contratos que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha firmado con distintos proveedores, como Adidas o la cadena hotelera Hilton, así como numerosa información financiera y bancaria del Estado al otro lado del Atlántico en busca de cualquier fuente de financiación que puedan intervenir.
Pero también han puesto en el punto de mira uno de los mayores contratos de defensa firmado por el Ministerio de Defensa con la estadounidense Raytheon (filial de RTX), que comprometería la adquisición de cuatro sistemas antiaéreos Patriot, valorado en 1.440 millones de euros (1.700 millones de dólares, al cambio). España ha recurrido al Tribunal Supremo de EE UU la tramitación de los laudos, pero mientras el caso se resuelve, el rastreo sigue adelante.
Al mismo tiempo, los fondos oportunistas analizan si intensificar la ofensiva en otros países donde la vía judicial ya está abierta, como Reino Unido, donde los intereses de demora se calculan con una elevada tasa del 8%, lo que provocaría un exponencial aumento de la deuda.
