Ya ha pasado un año desde el apagón. Si nos preguntamos qué ha cambiado desde entonces, la respuesta es que muy poco. Las renovables, sobre todo la fotovoltaica, con casi 10.000 megavatios en 2025, siguen desarrollándose y acercándose a la quiebra porque los precios que sacan del mercado, en su franja de producción, son cada vez más bajos. El almacenamiento, a pesar de los avances regulatorios, sigue ralentizado y la posibilidad de la conexión a red de plantas hibridadas continúa pendiente del cumplimiento de los plazos que la ley marca para las distribuidoras. Los cambios en el Procedimiento de Operación (PO) 7.4 no se han habilitado, en lo que se refiere a los inversores grid forming, o discriminan retributivamente la participación de las centrales renovables en la operativa de control de tensión, y el Operador del Sistema se ha anclado en un modelo de operación reforzado que abre un doble interrogante. El primero, ¿por qué llevamos un año con un sistema reforzado si el mix era seguro previamente? El segundo, ¿hasta cuándo vamos a tener que pagar los sobrecostes de esta forma de operar que transfiere la renta de los consumidores a los propietarios de los ciclos combinados de gas?
