El clima político en el país vuelve a tensarse ante la consulta popular que podría darse en noviembre de 2026 para definir quién designa a las autoridades de control: la Asamblea Nacional o continúa esa atribución en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).
La propuesta del Ejecutivo es retirar al CPCCS la atribución de designar a las principales autoridades de control del Estado y trasladar esa competencia a la Asamblea Nacional, para ello se fijan los mecanismos, los mismos que están contemplados en los anexos del texto que fue avalado por la Corte Constitucional.
No se trata de un tema nuevo para el electorado. Con la consulta, que posiblemente se realizará en noviembre, será la tercera ocasión en la que los ciudadanos se pronuncien sobre el futuro del CPCCS y su papel dentro del sistema democrático. Sin embargo, lejos de mostrar signos de consenso, el escenario político se mantiene polarizado.
Las fuerzas de oposición han reiterado sus posturas críticas frente a la iniciativa del Ejecutivo, sosteniendo que la propuesta podría concentrar poder en el Legislativo y debilitar los mecanismos de participación ciudadana; por ello, plantean mecanismos de fortalecimiento de los concursos de méritos y oposición.
El analista político y exlegislador Héctor Muñoz sostiene que la consulta propuesta, por su relevancia para el país, estará inevitablemente condicionada por el nivel de aceptación del presidente Daniel Noboa, de cara a las elecciones seccionales. Es decir, el respaldo político del Ejecutivo podría influir directamente en la percepción ciudadana y en el resultado de este proceso.
Al revisar los anexos, se observa que para la designación de ciertas autoridades se repiten los mismos mecanismos cuestionados en la actualidad, como los concursos de méritos, la meritocracia y el escrutinio público. Según Muñoz, estos procedimientos han demostrado ser ineficaces e incluso susceptibles de manipulación, por lo que no garantizan transparencia ni legitimidad en la selección.
Frente a esto, plantea que el único mecanismo que ha mostrado resultados a nivel internacional es el sistema de ternas enviadas directamente por el Ejecutivo al Legislativo, donde además se pueden incorporar procesos de impugnación ciudadana. Este modelo, a su juicio, permitiría un mayor control político y social sobre las designaciones.
En cualquier escenario, Muñoz considera preferible que la elección de autoridades recaiga en la Asamblea Nacional, ya que resultaría más legítimo que esta responsabilidad esté en manos de 151 representantes electos, en lugar de siete miembros del Consejo de Participación Ciudadana, organismo que, según afirma, no ha cumplido adecuadamente su función. Finalmente, advierte que el éxito de la consulta dependerá también de una adecuada comunicación, tarea que no solo compete al Gobierno, sino también a los medios, la sociedad civil y los ciudadanos informados, con el fin de devolver al Parlamento una competencia que mantuvo hasta antes de la Constitución de 2008.
Andrés Castillo, de la bancada Acción Democrática Nacional (ADN), sostiene que la designación de autoridades de control debe ser oportuna y advierte que, desde la creación del Consejo de Participación Ciudadana, varias instituciones han permanecido por largos periodos con autoridades prorrogadas.
Como ejemplo, menciona que la Contraloría General del Estado estuvo durante años sin un titular, mientras que la Fiscalía General ya acumula un año sin una autoridad designada. A esto se suma el caso del Consejo Nacional Electoral y la Defensoría del Pueblo, organismos que operan con autoridades prorrogadas.
Castillo afirma que el problema radica en la falta de legitimidad del CPCCS, lo que, a su criterio, provoca que las designaciones se realicen tarde, de forma inadecuada o simplemente no se concreten. Además, critica que no existan consecuencias claras cuando el organismo incumple con los tiempos para nombrar a las autoridades de control.
Sostiene que, si esta atribución pasara a la Asamblea Nacional, los legisladores podrían enfrentar procesos por incumplimiento de funciones, a diferencia de lo que ocurre actualmente en el CPCCS, cuyos consejeros se amparan en la Comisión Ciudadana de Selección.
Finalmente, el legislador considera que trasladar esta competencia al Parlamento otorgaría mayor legitimidad democrática, al estar representadas todas las fuerzas políticas mediante el voto popular. Aunque reconoce que los consejeros del CPCCS también son electos, cuestiona su nivel de conocimiento ciudadano y la ausencia de propuestas claras.
Castillo advierte que no hay garantías de que una tercera consulta popular sobre este tema obtenga el respaldo necesario, pues el electorado suele pronunciarse más por afinidades políticas que por el fondo de las propuestas.
El legislador Luis Molina, de la bancada Revolución Ciudadana (RC), asegura que desde el 2018 el CPCCS se politizó y que los tres últimos gobiernos “metieron la mano”, lo que derivó, según dijo, en procesos fallidos de designación de autoridades. Sin embargo, considera que trasladar esta competencia a la Asamblea Nacional no soluciona el problema y lo compara con “poner a decidir al país quién debe designar al fiscal del Estado: Andrés Fantoni o Dominique Serrano”.
Molina plantea que el país debería enfocarse en fortalecer los concursos de méritos y oposición. A su criterio, esto implica reformar la ley o robustecer las veedurías ciudadanas, pero advierte que la designación de autoridades de control no puede depender de una mayoría legislativa. Además, recuerda que en el antiguo Congreso Nacional hubo largos periodos sin acuerdos para nombrar al contralor, precisamente por falta de consensos políticos.
El representante de la bancada RC en Pichincha señala que los riesgos existen tanto en la Asamblea como en el CPCCS, aunque considera a este último como “el mal menor”. En ese contexto, insiste en que la prioridad debe ser perfeccionar los mecanismos técnicos de selección y garantizar procesos transparentes basados en méritos.
Finalmente, Molina cuestiona la insistencia en una nueva consulta popular sobre este tema, recordando que en dos procesos anteriores los ciudadanos ya se pronunciaron por el no. Subraya que la postura de su organización política no ha cambiado en el último año y llama a respetar el mandato expresado en las urnas.
Mariana Yumbay, del sector de Pachakutik, señala que aunque se ha cuestionado el rol del CPCCS, por su deuda en la designación de autoridades de control como el fiscal del Estado y los consejeros del CNE, la salida no es trasladar estas atribuciones a la Asamblea Nacional, sino fortalecer la institucionalidad del organismo.
La legisladora advierte que el actual concurso para designar al fiscal presenta irregularidades, señaladas por la veeduría ciudadana, lo que —a su criterio— afecta la transparencia del proceso y profundiza las dudas sobre el funcionamiento del CPCCS.
Yumbay sostiene que, de aprobarse la consulta popular, se correría el riesgo de que la Asamblea Nacional, controlada por el Ejecutivo, concentre la designación de autoridades de control. En ese escenario, afirma, el oficialismo, representado por Acción Democrática Nacional (ADN), terminaría nombrando a todas las autoridades de control, lo que pondría en entredicho la independencia institucional y el Estado de derecho.
Finalmente, la asambleísta por Bolívar considera que el CPCCS aún puede fortalecerse y que la ciudadanía debe asumir con mayor responsabilidad la elección de sus consejeros. Expresa además dudas sobre que, en un tercer intento, el electorado respalde la propuesta de trasladar estas competencias al Legislativo, y anticipa que el movimiento Pachakutik mantendrá su postura por el no, tal como en consultas anteriores sobre el mismo tema. (I)
