Los comicios del 29 de noviembre tendrán un elemento sui generis que podría definir el interés de los ciudadanos que aspiren a ser vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS): el organismo podría perder la atribución de elegir autoridades de control del Estado, considerada la “cereza del pastel”, y dedicarse solo a promover la participación y la rendición de cuentas.
Los jueces de la Corte Constitucional (CC) suscribieron un dictamen favorable para que el electorado decida en las urnas, por segunda vez, si está de acuerdo en que el CPCCS tenga la atribución de elegir a decenas de autoridades de los principales organismos de control del Estado.
Aunque en la práctica, la mayoría de los organismos están funcionando con autoridades en regímenes prorrogados, porque no se han hecho los concursos públicos ordenados por la Constitución en los plazos previstos.
En todo caso, esta iniciativa provino del presidente de la República, Daniel Noboa, y podrá ser incorporada como una papeleta más en los comicios seccionales y de los siete vocales del CPCCS, que prepara el Consejo Nacional Electoral (CNE).
Del resultado de este referéndum, de llegar a concretarse, dependerá para qué serán electos los nuevos siete consejeros principales y sus suplentes. Es decir, si tendrán que dedicarse a promover la participación ciudadana o a elegir a las autoridades más importantes del Ecuador.
Sin embargo, esta propuesta no habría impactado en el interés por buscar estos cargos.
En números, en las elecciones del 2019, en las que se escogió por primera vez a los consejeros de Participación por voto popular, hubo 43 candidatos.
En las seccionales y del CPCCS del 2023 —en la que también hubo un referéndum con una iniciativa similar hecha por el exmandatario Guillermo Lasso, pero no tuvo respaldo popular— se calificó a 45 candidatos.
Daniel Noboa todavía no emite el decreto ejecutivo con el que dispone al CNE que convoque a elecciones para este referéndum. La Corte le devolvió el proyecto de enmienda una vez que ya constató que se realizaron los ajustes que solicitó, con lo que ya podría llamar a consulta.
La pregunta admitida dice:
- “El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) es una entidad pública que en la actualidad tiene el poder para designar autoridades. ¿Está usted de acuerdo con eliminar la facultad de designar autoridades que tiene el CPCCS e implementar procesos públicos que garanticen la participación ciudadana, meritocracia y escrutinio público, de modo que sea la Asamblea Nacional la que designe a través de estos procesos a las autoridades que actualmente elige el CPCCS enmendando la Constitución de acuerdo con el anexo de la pregunta?
El anexo que la acompaña describe los cambios constitucionales que se harían para viabilizarla. Así por ejemplo, se eliminarían los numerales 9, 10, 11, 12 del artículo 208 que permite al CPCCS “organizar y vigilar a las comisiones ciudadanas de selección de autoridades”.
Se eliminaría la disposición que les permite designar a los titulares de la Procuraduría General del Estado y de las superintendencias; además de las autoridades de las defensorías del Pueblo y Pública, de la Fiscalía General, de la Contraloría General; de los vocales del CNE y de los jueces del Tribunal Contencioso Electoral (TCE); y, de los vocales del Consejo de la Judicatura (CJ).
Se eliminarían los artículos 209 y 210 que disponen la organización de las comisiones ciudadanas; y, se eliminaría la competencia del pleno del CPCCS para escoger a quien obtenga la mejor puntuación.
En esencia, esta competencia la asumirá la Asamblea Nacional y con ello, el Consejo perderá la atribución que la ha convertido en la “cereza del pastel”, como lo llama el analista Alfredo Espinosa.
¿Qué competencia les quedaría a los que sean electos consejeros?
La Constitución, en el artículo 208, les confiere doce atribuciones y, al quitarles la esencial, se enfocarían en promover la participación ciudadana, la rendición de cuentas de las entidades públicas; e, investigar denuncias de posibles hechos de corrupción que lleguen a su sede y darles seguimiento en el sistema judicial.
“Si gana el sí a esta pregunta, no es que va a desaparecer el Consejo de Participación Ciudadana, sino que tendrán que posicionarse las otras funciones que están descuidadas… Porque la cereza del pastel ha sido la designación de autoridades. Entonces, desde ahora ¿cuál va a ser el tema de la promoción? Qué harán en materia de la lucha contra la corrupción, por ejemplo, elementos que no se han llegado a posicionar. Porque sus autoridades se han dedicado a defender su integridad pública por sobre las líneas de trabajo”, comentó Espinosa.
Si se aprueba esta iniciativa, el CPCCS “perderá su atractivo”, añadió Espinosa, pero no dejará de ser una “entidad que sigue generando gastos al Estado y que en adelante la sociedad tendrá una nueva pregunta: ¿qué hacen estos consejeros?”.
A su criterio, la posibilidad de que se incluya una papeleta de referéndum no reduciría las aspiraciones de los actores políticos por participar, el riesgo es que se convierta en una “validación de la gestión del presidente de Noboa”.
No obstante, el analista destaca algo positivo: si la Asamblea Nacional recupera dicha facultad, la “ciudadanía va a saber quiénes son los que están detrás de las autoridades que se van a elegir. Es decir, se transparentarán las posiciones”, añadió.
Para Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, la enmienda no desincentivaría la participación, sino que ocurriría lo contrario, la alentaría.
“Más bien, creo que esto podría incentivar a participar, porque podrían ir a un trabajo en el que van a ganar superbién por no hacer nada… conociendo la idiosincrasia ecuatoriana. No creo que este cambio de atribuciones disuelva las aspiraciones”, dijo.
Alarcón reflexiona que el fondo de la discusión radica en que en Ecuador, la Constitución del 2018 puso a funcionar un sistema de “falsa meritocracia”, porque se prometió que con los concursos públicos que haría la institución se “terminaría la influencia partidista, pero no fue así. No se están corrigiendo los errores de fondo”, precisó.
Ello en referencia a que esta enmienda traslada la selección de autoridades a comisiones técnicas que se integrarán en la legislatura y el CPCCS se encargará de conformar las veedurías ciudadanas. (I)
