El reloj de Bruselas no se detiene y España dispone de un margen de apenas cinco meses para agotar los fondos europeos que quedan pendientes de adjudicar. Con el horizonte de agosto de 2026 cada vez más próximo, el país entra en el “esprint final” del plan, marcado por avances significativos, pero también por una brecha que amenaza con convertirse en el principal cuello de botella durante el periodo de desenlace. Así describe la situación el centro de análisis EsadeEcPol en su último informe, publicado este jueves. Con cifras cerradas a 12 de marzo, España ha puesto en marcha proyectos por valor de 90.718 millones de euros en transferencias ―cifra superior a la asignación teórica de subvenciones―. Sin embargo, de ellas solo se han adjudicado realmente 63.403 millones.
La diferencia efectiva, de unos 27.300 millones, equivale a casi un tercio del total de la movilización y constituye el gran reto inmediato en estos momentos. No se trata solo de una cuestión contable. El propio informe advierte de que “concedido” no equivale a “ejecutado”, lo que añade una capa adicional de incertidumbre sobre la capacidad real de absorber el maná comunitario en tiempo y forma. Fuentes del Ministerio de Economía, sin embargo, consideran que esta diferencia se debe a las limitaciones del método de medición, el cual genera retrasos temporales que redundan en una subestimación de la ejecución real.
Para acabar de contextualizar el significado de estas cifras, el Gobierno renunció el pasado diciembre a unos 60.300 millones en préstamos europeos ―el 73% de los créditos que permitía pedir Bruselas― al haberse equiparado su coste al de la financiación en los mercados. Como resultado, el volumen total del plan se redujo de los 163.000 millones inicialmente previstos a 103.000 millones (unos 80.000 millones en subvenciones a fondo perdido y otros 23.000 millones en préstamos).
El volumen convocado hasta la fecha, esos 90.700 millones, no es dinero efectivamente comprometido, sino el reflejo del esfuerzo administrativo por poner en marcha programas. Como apunta Manuel Alejandro Hidalgo, profesor de Economía Aplicada de la Universidad Pablo de Olavide, investigador en EsadeEcPol y autor principal del informe, es habitual que las Administraciones “sobreconvoquen”. Es decir, que lancen más licitaciones y ayudas de las que realmente pueden ejecutar, porque algunas quedan desiertas y otras sufren renuncias o modificaciones. Así, esa cantidad hay que leerla como “papeles publicados”, mientras que los 63.403 millones son el dinero que realmente ha encontrado destinatario, una cifra “considerable”, reconoce.
Sin embargo, incide el documento, “el dato que define el éxito o el fracaso final del plan no es lo ya gastado, sino lo que aún falta”. Con la fecha tope a la vuelta de la esquina, “cerrar esta brecha ya no es una cuestión de voluntad política, sino de capacidad de choque operativa”.
La razón de esta urgencia es que, a juicio del centro de estudios, el tramo final de los fondos europeos presenta más complejidad que las fases anteriores. Lo fácil ya está hecho, con grandes infraestructuras en marcha, programas masivos desplegados y fondos concentrados en grandes actores y comunidades con más capacidad. Ahora queda lo más difícil, que es hacer llegar el dinero a pequeñas y medianas empresas (pymes) y a pequeños proyectos y territorios con menos recursos, lo que exige más coordinación y capacidad técnica.
Para evitar el colapso, el informe propone acelerar al máximo la gestión y resolver convocatorias abiertas, simplificar trámites, desplegar equipos de apoyo para Administraciones y empresas con menos capacidad y eliminar duplicidades para dar más protagonismo a las comunidades autónomas. También plantea corregir desequilibrios territoriales, asegurar que las inversiones tengan un impacto transformador real y centrarse en evaluar resultados, no solo en cuánto dinero se adjudica.
Desde el Ministerio de Economía, sin embargo, rechazan que exista una “brecha” de 27.000 millones. Portavoces del departamento insisten en que esa diferencia responde, en buena medida, a limitaciones de la herramienta de medición, que produce desfases temporales y problemas de registro que tienden a infraestimar la ejecución real.
A ello se suma la propia lógica del ciclo presupuestario. Las cifras de convocatorias y adjudicaciones reflejan fases distintas del gasto público, pero no incluyen etapas posteriores como la obligación reconocida o el pago efectivo. Es decir, una parte relevante de la ejecución no aparece aún en esos datos, lo que explica que las magnitudes no coincidan plenamente.
El Gobierno defiende, además, que ya ha activado medidas para acelerar esa convergencia. La última adenda de simplificación, que modifica 160 medidas del plan, busca precisamente reducir cargas administrativas y agilizar la tramitación para cerrar el desfase antes de agosto. En este contexto, Economía sostiene que el sistema está evolucionando hacia una ejecución plena y que el foco debe ponerse en la culminación del proceso, más que en una diferencia que considera en parte estadística y no necesariamente real.
Brecha sectorial y territorial
Más allá del ritmo de ejecución, el informe de EsadeEcPol dibuja una radiografía de hacia dónde está yendo el dinero, con desequilibrios notables tanto por sectores como por territorios. En el plano sectorial, la construcción absorbe más de 13.000 millones de euros, triplicando al comercio (3.899 millones) y a las tecnologías de información y comunicación (3.332 millones) y superando ampliamente la suma de educación y sanidad. Bajo ese paraguas se incluyen desde grandes infraestructuras ferroviarias hasta rehabilitación energética de edificios o proyectos hidráulicos, lo que matiza parcialmente la imagen del ladrillo, pero da cuenta de la divergencia por tipo de actividades.
El mapa territorial añade otra capa de complejidad. En términos absolutos, las grandes economías lideran las convocatorias autonómicas. Cataluña (3.722 millones), Andalucía (3.090 millones) y Madrid (2.475 millones) encabezan la clasificación. Sin embargo, cuando se ajusta por población, el panorama cambia por completo y sitúa a País Vasco, Aragón y Baleares a la cabeza, con más de 700 euros por habitante. Los portavoces de Economía, no obstante, matizan esta interpretación y aseguran que el plan se caracteriza por una gran capilaridad en la distribución y recepción de los fondos, en todos los niveles administrativos, desde el punto de vista geográfico y de la naturaleza de sus beneficiarios. “Los datos desmienten la idea de concentración y ponen de relieve que el tejido productivo de nuestro país, especialmente el constituido por pequeñas y medianas empresas, está plenamente capacitado para competir con éxito en el acceso a los recursos públicos”, explican los portavoces.
