La crisis energética mundial que ha provocado la guerra en Oriente Próximo se ceba principalmente con la cotización y el suministro de petróleo. Partiendo de esta lógica, la Comisión Europea ha reclamado a los Estados miembros que estudien “la promoción de medidas de ahorro” de combustibles y que eviten las que pueden impulsar su consumo, según una carta que el comisario de Energía, Dan Jorgensen, envió el lunes a los Estados miembros, a la que ha tenido acceso EL PAÍS. La misiva llegó justo un día antes de la reunión informal que el danés mantiene este martes con los ministros de Energía por videoconferencia para analizar la situación ante el bloqueo del estrecho de Ormuz y el conflicto en Irán.
Desde que comenzó la guerra el 28 de febrero, Bruselas y muchos Estados miembros han insistido en que esta crisis energética es diferente de la que provocó la invasión de Ucrania por Rusia. Hace cuatro años la UE afrontó un grave problema de falta de suministro de gas natural, puesto que su principal proveedor era el país agresor. No es esa materia prima la que supone ahora un mayor peligro, es el crudo. Y el trauma para Europa no llega, además, por la falta de suministro; lo provoca el encarecimiento de las cotizaciones: el barril de brent, la referencia en los mercados europeos, ha alcanzado esta semana los 115 dólares por barril, alrededor de un 60% por encima de lo que se pagaba antes de que empezaran a caer bombas en Irán.
La petición que hace Bruselas en su carta, pues, no está motivada por el temor a la escasez de combustibles. El objetivo es reducir el consumo para frenar la demanda y poder contener la presión en los mercados, tensionados por el cierre del estrecho de Ormuz, una vía por la que hasta el comienzo de la guerra circulaban el 20% del petróleo y el 20% del gas natural licuado que se consumían en el mundo. La reclamación es coherente, también, con otra que hizo Jorgensen hace menos de dos semanas: rebajar del 90% al 80% de la capacidad de almacenamiento la exigencia de reservas de gas que cada Estado miembro debe tener el próximo 1 de noviembre. Es otra reclamación que pretende reducir las compras y aliviar la tensión en los mercados, como lo fue la liberación del 20% de las reservas estratégicas de crudo, unos 400 millones de barriles, de los países de la Agencia Internacional de la Energía.
Exige Jorgensen a las capitales que no “tomen medidas que puedan aumentar el consumo”. En ese capítulo puede incluirse la rebaja de los impuestos que pagan los hidrocarburos, puesto que un menor precio puede incentivar al consumo. El comisario de Energía y la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, han subrayado en varias ocasiones desde que comenzó la guerra que los impuestos y las tasas que aplican los Estados a la energía pueden diseñarse de forma que incentiven la electrificación de las economías y disuadan de recurrir a los combustibles fósiles. Sin embargo, son varios los países, entre ellos España (también Portugal o Grecia) que han optado por rebajas genéricas de la fiscalidad de gasolinas y gasóleos.
Otro consejo que da Bruselas es la limitación de la “libre circulación de productos petrolíferos” y “desincentivar la producción de las refinerías de la UE”. Jorgensen añade en su misiva la petición de “tener en cuenta las posibles repercusiones transfronterizas de las medidas nacionales y consultar con los Estados miembros vecinos”. Esta frase burocrática se ilustra en las fronteras de España y Portugal estos días: la rebaja de impuestos que ha aplicado el Gobierno español desde el 22 de marzo implica un ahorro de hasta 20 euros al llenar el depósito en el lado español de la Raya.
Ya hace más de una semana que los líderes de la UE reclamaron a la Comisión en las conclusiones del Consejo Europeo que presentara un abanico de opciones que los Estados pudieran aplicar en esta crisis para coordinar la respuesta. No obstante, son varios los países que ya han aplicado planes de alivio por su cuenta y que no parecen seguir las líneas básicas que se han podido ver en las declaraciones de portavoces y responsables del Ejecutivo europeo. En ellas se ha hablado de evitar medidas que incentiven el consumo de carburantes y que sean focalizadas (algo que no se cumple con las rebajas impositivas). También se reclama que los gobiernos estén pendientes de la situación de las cuentas públicas antes de aplicar grandes planes de ayudas.
