La audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio en el caso Liga2 está a poco de concluir, una vez que las defensas técnicas de siete sospechosos del delito de asociación ilícita expusieron sus argumentos frente a la acusación de la Fiscalía General.
La jueza de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Daniella Camacho, reinstaló este martes la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio en este caso.
Hasta el cierre de esta publicación, las partes procesales exponían sus solicitudes de exclusión de prueba.
Liga2 investiga un delito de asociación ilícita a cargo de la Fiscalía General, que solicitó que sean llamados a juicio en calidad de autores directos a los exvocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y afines al movimiento político correísta Revolución Ciudadana (RC), Augusto Verduga, Yadira Saltos y Eduardo Franco Loor, conocidos como la liga azul; a los miembros de la RC, Andrés Arauz, excandidato presidencial y la exasambleísta, Esther Cuesta.
También, a Raúl González, que fue electo superintendente de Bancos en el 2022; y, a la actual consejera de Participación Ciudadana, Nicole Bonifaz.
El caso se abrió por una denuncia planteada por el actual titular de la Superintendencia de Bancos, Roberto Romero Von Buchwald, en medio de una pugna con González por presidir esa institución.
En la diligencia de este 24 de marzo de 2026, Camacho escuchó las líneas de defensa de los últimos dos procesados Raúl González y Esther Cuesta, quienes descartaron las acusaciones de Fiscalía de haber incurrido en delitos en contra de la administración pública y pidieron ser sobreseídos.
La teoría de la Fiscalía expuesta por el fiscal subrogante, Leonardo Alarcón, apunta a que los investigados participaron de la planificación de una estrategia para controlar las instituciones del Estado y beneficiar a la RC para que controle entidades como la Superintendencia de Bancos, el Consejo de la Judicatura (CJ) y otras más.
El Consejo de Participación Ciudadana también interviene como acusador particular y solicitó a la magistrada que los llame a juicio por ser sospechosos de los delitos de asociación ilícita, tráfico de influencias y oferta de tráfico de influencias.
En este caso, Camacho deberá resolver si dicta auto de llamamiento a juicio o, con base en los argumentos de las partes procesales, posibles sobreseimientos.
La Fiscalía abrió esta investigación en marzo de 2025 y la bautizó como Liga2, que entre otros indicios, contó con información recabada de los teléfonos celulares que se incautaron a Augusto Verduga, en la que se observó una aparente planificación y estrategias ilícitas para tomar del control de la institucionalidad del Estado.
Además, se los acusó de haber implementado una estrategia para dilatar decisiones de la justicia electoral en el marco de una denuncia que se sustanció en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) y que terminó con la destitución de Verduga, Saltos y Franco.
En el Código Orgánico Integral Penal (COIP), la asociación ilícita está tipificada en el artículo 370, que señala que cuando dos o más personas se asocien con el fin de cometer delitos, serán sancionados con pena privativa de libertad de menos de cinco años cada una de ellas será sancionada, por el solo hecho de la asociación, con pena privativa de libertad de tres a cinco años. (I)
