En el marco del concurso público para la elección del titular de la Fiscalía General del Estado, actores de la sociedad civil seguirán de cerca la etapa de oposición para hacer un llamado a las universidades y sus docentes a que participen en los tribunales de evaluación de los conocimientos y el desenvolvimiento de los postulantes que aspiran a ocupar ese cargo.
El concurso público de oposición, méritos e impugnación para elegir un fiscal general para un periodo de seis años lo organiza una comisión ciudadana, de diez personas, bajo la supervisión del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).
La convocatoria a postularse estará abierta hasta las 17:00 de este 3 de marzo (martes) en las oficinas del CPCCS en Quito y en sus direcciones provinciales.
El organismo informó, el jueves último, que reportaba tres ciudadanos inscritos y otros 31 “activaron” el formulario de postulación.
Este viernes se receptaron otras seis inscripciones, de estas, la de Samno Macías, exjuez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ).
Una vez que se cierren las inscripciones, la comisión ciudadana empezará con la fase de admisibilidad, que consiste en la validación de los documentos presentados por los postulantes para constatar que cumplan con los requisitos de ley y que no estén incursos en inhabilidades para ocupar un cargo público.
Para revisar las carpetas, los comisionados tienen un término de diez días; y, luego tendrán otros tres días para presentar el informe con el total de admitidos, es decir, de quienes completaron toda la información solicitada en la Constitución, el Código Orgánico de la Función Judicial y el reglamento respectivo.
Aquellos postulantes que se sientan afectados de llegar a ser inadmitidos tendrán tres días para pedir la reconsideración y la comisión lo resolverá en un término de cinco días, de acuerdo con la normativa.
Concluida esta fase empezará la calificación de méritos, en la que se puntúa sobre los 50 puntos, los cargos en el sector público y privado, títulos de tercer y cuarto nivel, reconocimientos, textos indexados y demás actividades en su carrera profesional.
La penúltima etapa es el examen de conocimientos y oral, en la que se evaluará la experticia y desenvolvimiento de los postulantes en la litigación.
Estas pruebas se valorarán sobre otros 50 puntos.
El presidente de la Federación Nacional de Abogados del Ecuador (Fenade), Paúl Ocaña, cree que en este momento del proceso se podrá conocer la solvencia de los concursantes.
No obstante, ello dependerá de la voluntad de las universidades y de los catedráticos especializados en el área del derecho de participar como tribunales de calificación de las exposiciones orales.
La etapa de oposición comprenderá una prueba escrita en la que los competidores responderán 60 preguntas de opción múltiple que se calificará sobre 30 puntos.
Seguirá el examen oral, que consiste en la simulación de una audiencia de juicio en la que se valorará la capacidad de argumentación, conocimiento de derecho aplicable, técnicas de litigación y manejo de audiencias. Esta prueba equivale a 20 puntos.
Para la elaboración del banco de preguntas y los casos prácticos para el examen oral, la comisión ciudadana conformará un equipo de expertos catedráticos de la academia de las áreas de derecho penal, procesal penal, derecho constitucional, derechos humanos, gestión pública y pedagogía.
En total, serán 30 docentes los que se seleccionarán, previo a la revisión de sus documentos que son los mismos que se exigen para ser fiscal general. Estos son: ser ecuatoriano y estar en goce de los derechos políticos; tener título de tercer nivel en derecho legalmente reconocido en el país y conocimientos en gestión administrativa.
Haber ejercido con idoneidad y probidad notorias la profesión de abogado, la judicatura o la docencia universitaria en materia penal por un lapso mínimo de diez años.
Los catedráticos que resulten escogidos, elaborarán 20 casos hipotéticos de distintos tipos penales para la simulación de un juicio.
La rendición de esta prueba práctica se hará en un solo día y se valorarán criterios como la presentación de la teoría del caso y alegatos de inicio; práctica de la prueba documental, pericial y testimonial, que se calificará sobre 10 puntos.
También, se observarán los alegatos de clausura, demostración del nexo causal, entre la conducta penalmente relevante, la materialidad y la responsabilidad del procesado, uso de la lógica jurídica y las técnicas de argumentación jurídica sobre otros 10 puntos.
Suman 20 puntos y cada integrante del tribunal de calificación asignará un puntaje explicando las razones, que deben ser claras y procurando evitar la subjetividad.
El jurista Paúl Ocaña precisó que la facultad de escoger a los catedráticos es exclusiva de la comisión y del Consejo de Participación Ciudadana, pero harán un llamado a las universidades para que participen enviando las carpetas de los maestros.
“Cuando llegue esta fase de oposición, nosotros sí vamos a incentivar a las universidades para que propongan nombres de docentes expertos en materia penal para que sean ellos quienes tomen las pruebas orales a los postulantes”, manifestó Ocaña.
A su criterio, esto podría “legitimar” el proceso.
Su observación se debe a las críticas que se hacen a la comisión ciudadana, que está a cago de evaluar a los candidatos a ser fiscal y que está presidida por Cynthia Jacho, abogada graduada hace dos años y que se ha desempeñado como asistente legal.
También está en la comisión, el fotógrafo de la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, Tayron Valarezo.
Ellos, juntos a otros ocho comisionados, tienen a su cargo elegir al titular de la Fiscalía, cuya función es la dirigir, de oficio o a petición de parte, la investigación preprocesal y procesal penal. (I)
