Con 150 legisladores presentes se instaló la sesión del pleno número 72 de la Asamblea Nacional este viernes, 20 de febrero, pasadas las 12:00 en la Universidad Ecotec, campus Samborondón, para tratar dos proyectos de ley calificados como urgentes en materia económica.
El pleno empezó el conocimiento del informe para segundo debate del proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad) para la Sostenibilidad y Eficiencia del Gasto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD).
Este informe fue aprobado, días atrás, por la Comisión de Desarrollo Económico con seis votos a favor, mientras que la bancada de la Revolución Ciudadana (RC) presentó un informe de minoría y advirtió de posibles vicios de inconstitucionalidad.
La propuesta plantea que los GAD destinen al menos el 70 % de su presupuesto a inversión —obra pública, infraestructura, mantenimiento y servicios básicos— y el 30 % a gasto corriente. Desde el oficialismo se ha señalado que la iniciativa no reduce las asignaciones presupuestarias y busca garantizar eficiencia y transparencia en el uso de los recursos.
La ponente del proyecto, la legisladora Valentina Centeno, inició el debate destacó que con el proyecto se plantea una distribución eficiente y que lo que hace es fortalecer una norma que data de 2011.
Centeno cuestionó que en el país aún más de 4 millones de personas no tengan acceso a agua potable y que esto es preocupante y reiteró que estas son obras en las que deben invertir los gobiernos locales. Asimismo, manifestó que son 12 millones de ecuatorianos los que no reciben agua de calidad y limpia.
La legisladora dio cifras de Guayas y resaltó casos como el de Baquerizo Moreno, donde el 72% no tiene acesso a agua o Durán, donde el 52% de sus habitantes se encuentra en la misma situación. Centeno dijo que estos casos no son aislados y que se repiten alrededor de todo el territorio nacional.
Centeno recordó que además de las competencias específicas que tienen los GAD también existen competencias compartidas con el Gobierno Nacional. Además, habló de los cuestionamientos a supuestas prohibiciones que establece el proyecto por parte de figuras como la Prefecta de Pichincha, Paola Pabón, o del alcalde de Quito, Pabel Muñoz.
“Aquí no hemos venido a prohibir la inversión en educación o social a nadie, como ustedes lo hacían en el 2013″, apuntó Centeno al recordar que estps mismos funcionarios ocupaban la legislatura y la Secretaría de Planificación respectivamente, en esos años.
El legislador Sergio Peña se sumó al debate para exponer los casos de “despilfarro e irresponsabilidad” que considera existen en los gobiernos locales en cosas como autos blindados, presentaciones artísticas en fiestas, entre otras.
“Guayaquil $ 494.000 en fiestas ya adjudicados, los GAD confundieron los gatos eficientes y la autonomía con gasto alegre… Ahora Quito, donde solo $72.000 se gastó en un evento en alimentación. Luego, Machala, donde ya se sabe que traen artistas internacionales, solo en fiestas han gastado $480.000. Y Cuenca, donde el alcalde gastó $ 176.000 en la compra de un auto blindado… no sean descarados”, apuntó.
El asambleísta Diego Salas, de la Revolución Ciudadana, pidió la palabra luego de que Centeno presentara la moción para votar el proyecto urgente al finalizar la intervención de Peña.
Salas expresó su rechazo a la eventual normal y dijo que esta afecta a los gobiernos locales mayormente en el ámbito social y recordó que existe un informe de minoría que debería ser considerado.
Al debate se sumó la legisladora de Pachakutik Mariana Yumbay quien ratificó la oposición de su bloque al proyecto y recordó que en caso de aprobarse este estaría reformando de forma indirecta la Constitución vigente por afectar los criterios de autonomía establecidos.
Al igual que el asambleísta socialcristiano Alfredo Serrano, quien cuestionó que los últimos ocho meses los debates legislativos se hayan vuelto “una bronca entre ADN y la RC”, y que en este momento los gobiernos locales están fuera de las disputas políticas.
Se sumó también la asambleísta Lucía Pozo, legisladora de ADN, quien dijo que el proyecto ha sido socializado y que si el rechazo fuera como se menciona desde los sectores opositores no habrían alcanzado las calles de Guayaquil para recibir a las marchas de los 222 cantones del país.
La legisladora Liliana Durán, de la RC, expresó que han sido los gobiernos locales los que han implementado programas sociales para jóvenes y mujeres que han permitido el desarrollo de muchos de ellos y que ahora con la propuesta se ponen en riesgo.
En la misma sesión, una vez se realice la votación, los legisladores conocerán el informe para primer debate del proyecto de Ley Orgánica para el Fortalecimiento de los Sectores Estratégicos de Minería y Energía, también calificado como urgente en materia económica.
El Ejecutivo sostiene que la iniciativa busca reactivar la inversión minera legal, fortalecer el control estatal frente a la minería ilegal, diversificar la matriz energética y asegurar que los ingresos generados se traduzcan en inversión social, mientras que la oposición advierte de riesgos ambientales y conflictos sociales.
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